Las labores de remoción de cadáveres en la Comuna 13 de Medellín constituyen un acto de justicia con las víctimas después de una década de impunidad. Las desapariciones en esta zona ocurrieron en la ‘Operación Orión’, con la que Álvaro Uribe puso en marcha su proyecto de “seguridad democrática”.
Alberto Acevedo
El nombre de La Escombrera, cada vez se hace más familiar en el léxico de defensores de derechos humanos, de la comunidad de víctimas del conflicto interno colombiano, de observadores internacionales y de la opinión pública en general. Es un célebre botadero de basuras ubicado en el extremo nororiental de la Comuna 13 de Medellín, que en su momento se convirtió en laboratorio de operaciones contrainsurgentes durante los dos cuatrienios de mandato del señor Álvaro Uribe Vélez, y cuyo experimento dejó centenares de muertos, desaparecidos y lisiados.
El mayor número de víctimas en el sector lo dejó la denominada ‘Operación Orión’, realizada por fuerzas combinadas del ejército, la policía, el DAS, el CTI y la Fuerza Aérea. Fue un operativo sin precedentes en el que se utilizaron más de mil efectivos armados, organismos de inteligencia apoyados por tanquetas, helicópteros y tropas de asalto contra una comunidad urbana, en el corazón de la capital antioqueña, una movilización militar sin precedentes en lo que se denominaba la lucha contrainsurgente en las ciudades.
El pretexto del operativo, según el jefe de Estado de entonces, que aprobó los detalles de la incursión militar, era desalojar a las denominadas milicias urbanas de las dos principales formaciones guerrilleras del país, las FARC y el ELN.
El discurso oficial indicaba que en Medellín existía un fenómeno de desplazamiento del poder del Estado, que ante la falta de presencia con obras sociales y de desarrollo, habría sido suplantado por grupos insurgentes, integrados en su mayoría por muchachos de barrio. Además, para el presidente Uribe, una de sus obsesiones era el exterminio físico de cualquier cosa que se le pareciera a grupos revolucionarios alzados en armas.
Confesiones que matan
El corazón del operativo se llevó a cabo entre los días 16 al 20 de octubre de 2002. Un informe oficial de entonces, daba cuenta de la muerte de cuatro militares, seis civiles y seis milicianos y alrededor de 200 personas detenidas. Organizaciones defensoras de derechos humanos presentan otras cifras de muertes, que van de entre 50 y 200. Pero uno de los hombres que tuvo mucho que ver con el operativo, Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, entonces jefe del bloque ‘Cacique Nutibara’ de las Autodefensas, dijo que en La Escombrera se arrojaron en ese momento unos 300 cadáveres.
La versión de Don Berna es más confiable. Porque tras la matanza, se pudo establecer que las fuerzas militares anduvieron de brazo con los grupos paramilitares en la lucha contrainsurgente, no solo en Antioquia sino en el resto del país.
En junio de 2012, en entrevista para un diario capitalino, el mayor retirado del ejército Juan Carlos Rodríguez, que salió con honores de la institución e ingresó a las filas de las autodefensas, donde se le conoció con el alias de ‘Zeus’, ante la pregunta de si la alianza de las tropas oficiales con las autodefensas era un caso aislado o una orientación general, Rodríguez dijo: “Claro que era una orden de comando; patrullaba un ‘paraco’, un soldado, un ‘paraco’ un soldado. Si no hubiera sido así, las FARC tendrían el poder en este momento. Se asesinó a mucha gente inocente”.
No eran conductas individuales, asegura Zeus. La tropa recibía guías de autodefensas para operaciones conjuntas, que se realizaban en Antioquia, Meta, Caquetá y otras regiones. “El general Mario Montoya (entonces comandante de la IV Brigada del ejército en Medellín) era uno de los que promulgaban eso. Y él sabe que le conozco muchos pecados, pero yo tengo que asegurar mi vida. Y así como él, hay muchos”, puntualizó el jefe paramilitar caído en desgracia.
País de cadáveres
La cita viene al caso, porque a raíz del inicio de la remoción de tierras en La Escombrera, para encontrar los cadáveres de cientos de desaparecidos, la prensa oficiosa del Estado hace esfuerzos supremos por presentar esta tragedia humanitaria como obra del paramilitarismo. Desde luego, el proyecto paramilitar es criatura de un Estado de perfil mafioso, como el que hemos tenido en los últimos años. Pero la sindicación exclusiva a los paramilitares buscar aliviar de culpabilidad a sectores estatales y empresariales, y esto no es así.
Los muertos de la Comuna 13 de Medellín, son apenas un botón de muestra del fenómeno paramilitar y estatal de lucha contrainsurgente. La pregunta es: ¿Cuántos cementerios clandestinos hay en el país? ¿Cuántos colombianos permanecen aún sepultados sin identificar, sin que las víctimas hayan podido hacerles el duelo?
Frente a la primera pregunta, nadie sabe todavía cuántas fosas comunes hay. Frente a la segunda, las respuestas son variadas: Medicina Legal reporta 8.000 víctimas. La Unidad de Víctimas habla de 20 mil. La Dirección de Justicia Transicional asegura que son 150 mil. El Eje Temático de Desaparición Forzada de la Fiscalía certifica que son 15 mil.
Hay sangres que queman
El “Plan Cóndor”, que abrigó a las más sanguinarias dictaduras militares en el cono sur del continente en décadas pasadas, resulta un cuadro de ángeles frente a este panorama dantesco. Hablar de la remoción en La Escombrera es decir que se trata de 190 mil hectáreas de terreno, en las que se harán excavaciones hasta de 70 metros de profundidad. Nadie tiene reportes de una fosa común igual en el mundo.
Las autoridades aseguran que no todos los casos fueron reportados y el número de fosas comunes es incierto. Aun así, tampoco hay certeza de que los cuerpos buscados se encuentren enteros. Testimonios de paramilitares hablan de cuerpos desmembrados, de jóvenes decapitados. “Las víctimas eran sacadas violentamente de sus casas, amarradas, torturadas, asfixiadas mecánicamente, desmembradas o decapitadas”, asegura el Tribunal de Justicia y Paz de Antioquia.
En el cementerio del municipio de La Macarena, en el Meta; en los de Granada y Vista Hermosa, en el mismo departamento; en Villavicencio y San José del Guaviare. En La Uribe, Puerto Concordia, La Julia, Puerto Rico y San Vicente del Caguán, entre otros lugares, los pobladores hablan de la existencia de fosas comunes, mientras el Fiscal General de la nación admite la existencia de 20.453 personas sin identificar en el mar de sangre del conflicto interno.
“La situación de La Escombrera constituye una afrenta a las víctimas y una grave violación de los compromisos y deberes del Estado”, advirtió en 2013 el Tribunal de Justicia y Paz de Antioquia. Para el organismo de justicia, no basta con actos de perdón y monumentos. Los cadáveres deben aparecer, por respeto a las víctimas. Pero nadie garantiza hoy que habrá justicia y que los responsables pagarán por sus crímenes. Pero si las excavaciones de la Comuna 13 de Medellín prosperan, al menos las víctimas no seguirán durmiendo en un basurero. “Hay sangres que hasta cuando están frías queman. Esas sangres son eternas como la esperanza”, decía José Saramago.
