Crisis humanitaria
La grave situación social en el puerto de Buenaventura, desbordada en las últimas semanas, encendió las alarmas sobre la crisis humanitaria en el país, en particular en las regiones más apartadas e ignoradas por el poder central. Ahora los ojos están puestos en el Chocó, también de población negra como en el puerto vallecaucano. La realidad contradice las cifras divulgadas por el DANE, que en plena campaña reeleccionista quiere convencer al país de que en los cuatro años de la administración Santos 2,5 millones de personas salieron de la pobreza.
El enojo de Petro
Gustavo Petro, alcalde legítimo de Bogotá, destituido por el presidente Juan Manuel Santos a instancias del procurador Alejandro Ordóñez, está bastante disgustado con el mandatario colombiano. En la primera reunión que sostuvieron Petro y Santos, después de la decisión del procurador, el presidente le manifestó que acataría una eventual decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de concederle medidas cautelares. La promesa no la cumplió y es parte del enojo del alcalde, hasta el punto que ha dicho en reiteradas declaraciones que Santos mintió.
Más condenas a militares (I)
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra ocho militares por los delitos de desaparición forzada de personas, homicidio agravado, falsedad en documentos públicos, peculado por apropiación, concierto para delinquir entre otros, cometidos en el año 2008 contra Daniel Andrés Pesca Olaya y Eduardo Garzón Páez, humildes jóvenes trabajadores, de Bogotá y Soacha, respectivamente, quienes fueron asesinados y enterrados como N.N. el 4 de marzo de 2008.
Los militares condenados por este caso son el comandante del Batallón Rafael Reyes, teniente coronel Wilson Javier Castro Pinto; el jefe del B-2 del Batallón Rafael Reyes, teniente Eduardo Antonio Villani Realpe; el sargento del B-2 Jesús Eduardo Niampira Benadidez, todos ellos condenados a 56 años de prisión.
Más condenas a militares (2)
De igual forma, la Corte Suprema de Justicia, sala penal, en el mismo proceso, decidió condenar a 54 años de prisión a los soldados profesionales integrantes del B-2 Juan Carlos Álvarez, Nelson Ospina Tabares, Belancio Puentes Guapacha y Germán Augusto Oliveros Tabares. El también soldado profesional del B-2 Guillermo Pacheco Anzola fue condenado a seis años de prisión por falsedad y peculado por apropiación. Todos responsables de “falsos positivos” en la investigación de la desaparición de numerosos jóvenes en Soacha.
