Comunidad del barrio Compartir se mantiene en pie de lucha en defensa de la educación, el tejido social y la apertura del colegio Santa Bárbara
Daisy Alejandra Rodríguez Prieto
Ciudad Bolívar es una localidad que ha crecido gracias a procesos de autoconstrucción y organización comunitaria, resultado de la urbanización impulsada por entes institucionales tanto distritales como nacionales.
En 1980, el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Inurbe, construyó el barrio Compartir para dar acogida a las personas damnificadas por el desbordamiento del río Bogotá en el barrio Patio Bonito. Esta obra se llevó a cabo también por la organización popular, liderada por la asociación de damnificados, quienes, tras la toma de lotes y la movilización, lograron que, hacia 1981, se entregara la primera etapa del barrio.
Mujeres constructoras
Los y las habitantes del territorio, además de la vivienda, lucharon por espacios y bienes comunitarios como el salón comunal y el colegio Santa Bárbara. Particularmente, este último fue construido por mujeres organizadas en un comité, iniciando con tejas y latas de zinc para delimitar los salones para que los niños y niñas pudieran comenzar su escolarización.
Después, se hizo la entrega a la Secretaría de Educación para que asignaran profesores a la escuela. Según la profesora Fanny, quien lleva más de 20 años en la institución, “para que los profesores tomaran las plazas en el colegio, les contaban dos años de servicio por cada año, lo que disminuía su tiempo para pensión”. Ella aún continúa enseñando en la sede de primaria del colegio. “Miro con tristeza que hoy la alcaldía de Carlos Fernando Galán haya decidido, de manera arbitraria e inconsulta cerrar esta sede”, comenta la profesora.
La montaña vecina
La sede B del colegio Santa Bárbara acoge actualmente a 380 niños y niñas. Funciona desde hace más de 40 años y sus instalaciones se encuentran en óptimas condiciones. Sin embargo, tiene como vecina una pequeña montaña que mantiene un movimiento constante de tierra. Debido a esto, se realiza un monitoreo permanente para que no se vea en riesgo la vida de la comunidad educativa.
La profesora Fanny cuenta que “en la larga historia del colegio, se han presentado dos derrumbes de la montaña. Esta situación condujo a que la comunidad se organizara y ubicara en casas vecinas los salones para continuar con las clases, mientras se establecían los arreglos necesarios para retornar a la institución”.
En el 2006, la Secretaría de Educación Distrital, SED, realizó una obra de mitigación con la construcción de un enmallado y unos gaviones, lo que, de acuerdo con las palabras del arquitecto delegado por la Secretaría, “después de 20 años de construido, no ha presentado fallas y sigue conteniendo la montaña”. No obstante, la comunidad educativa no entiende por qué se define el cierre de la sede sin llevar a cabo el seguimiento y mantenimiento de esta obra.
Desde noviembre del año pasado, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, Idiger, realizó una visita a las instalaciones de la sede B para hacerle el monitoreo a la montaña. El concepto técnico de Idiger fue: “el riesgo es mitigable y se le recomienda a la Secretaría de Educación, en cabeza de Isabel Segovia, que realicen el monitoreo y seguimiento a la obra y que se limite la circulación por un espacio de 3 metros”.
Cierre y fractura social
En respuesta a estas recomendaciones, la SED decidió cerrar la matrícula nueva de esta sede, sostener la que tenía y finalizar el año sin novedad. Iniciando el 2025, y a tan solo unos días de dar inicio al año escolar, se informó a las familias que la sede quedaría cerrada de manera indefinida por un riesgo inminente de deslizamiento de la montaña vecina. Como resultado, se tomó la determinación de trasladar los 380 niños y niñas matriculados a los colegios vecinos, sin tener en cuenta el tejido social que se fractura, la historia de lucha del colegio y la importancia de esta institución para la construcción del territorio.
La actitud de frialdad, soberbia, arrogancia y prepotencia con que el director Local de Educación John Páez, el director de colegios y demás directivos enviados por la Secretaría de Educación, contrasta con la indignación de las familias y profesores, quienes se sienten vulnerados, engañados y maltratados. La comunidad educativa ha mostrado su resistencia, organizando diversas mesas de trabajo para que la sede B continúe aportando en la formación de los niños y niñas.
Se propuso el arrendamiento de una institución cercana y se han hecho varias propuestas mientras se realizan los estudios, adecuaciones y obras necesarias para garantizar el óptimo funcionamiento de la institución. Cabe señalar que, tras una mesa técnica, se concluye que sí es posible hacer algo por la sede, pero lo que falta es voluntad para llevarlo a cabo.
Comunidad en pie de lucha
La comunidad continúa firme en su lucha, a pesar de las amenazas de la Secretaría de Educación, la presión para trasladar a los niños y niñas a otros colegios, y la negligencia y actitud desobligante de esta entidad y sus directivos.
Una institución educativa no obtiene su valía por los números, sino por el tejido social que construye a su alrededor. La escuela sigue siendo un espacio relevante para la comunidad, pues a través de ella se fortalecen los lazos comunitarios y las capacidades de los niños, niñas y jóvenes. Por ello, es vital que las instituciones se defiendan y se garanticen su funcionamiento en condiciones de calidad, no con hacinamiento, inseguridad, abandono, deterioro y desidia, como parece ser la política del alcalde Carlos F. Galán hacia las instituciones educativas públicas de Bogotá, especialmente aquellas ubicadas en la periferia.
* Edilesa de la UP en la localidad de Ciudad Bolívar y militante de la Juventud Comunista
