Cataluña: Elecciones con sabor a independencia

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Aspecto de una de las movilizaciones del pueblo catalán por su independencia y soberanía.

Las dos formaciones políticas que obtuvieron la más alta votación, están comprometidas con un proceso independentista que el gobierno de Rajoy se empecina en desconocer

Aspecto de una de las movilizaciones del pueblo catalán por su independencia y soberanía.
Aspecto de una de las movilizaciones del pueblo catalán por su independencia y soberanía.

Alberto Acevedo

Dos partidos políticos catalanes, Junts pel Sí y Candidatura d’Unitat Popular, CUP, se alzaron con el 47 por ciento de la votación en las elecciones parlamentarias del pasado 27 de septiembre, y consiguieron 72 escaños parlamentarios, en una corporación que requiere 68 curules para tener la mayoría absoluta y tomar con holgura las decisiones legislativas que considere pertinentes.

Las dos agrupaciones tienen plataformas independentistas que abogan por un estatuto autónomo y soberano del gobierno central de Madrid y rechazan la gestión del presidente Mariano Rajoy, del Partido Popular, caracterizado por su programa neoliberal de derecha.

La primera conclusión que se desprende del comportamiento de los electores, que se volcaron masivamente a las urnas, es el formidable respaldo al proceso independentista catalán, que gana cada día más adeptos. Y si bien es cierto no obtuvieron la mayoría en las elecciones, también lo es que las posiciones independentistas han obtenido la más alta votación en los años recientes, con una marcada tendencia a fortalecerse.

El significativo avance de posiciones separatistas en Cataluña alienta procesos similares que se han venido dando en el país vasco y en Galicia, que deberían provocar una reflexión del gobierno de Rajoy, sobre la necesidad de tomar en cuenta este sentimiento de soberanía, independencia y dignidad nacional de los habitantes de estas nacionalidades.

De momento, la reacción del gobernante español, caracterizado por su soberbia y autoritarismo, es manifestar su disposición “para hablar y escuchar” a los ganadores en las urnas, sin “discutir la unidad de España ni la soberanía nacional”. Dicho de otra manera, es como decirles, ‘estoy dispuesto a dialogar, pero sobre lo que yo quiera’.

El gobierno central en Madrid no le reconoce valor de plebiscito a estas elecciones. Dice además que fueron un fracaso, porque los separatistas no alcanzaron una mayoría absoluta. Lo que no dice Madrid es que el avance de los independentistas es el fracaso de la gestión del gobierno del Partido Popular, que en Cataluña se quedó en el quinto lugar por los resultados electorales, en favor de otras formaciones políticas nacionalistas.

Para Mariano Rajoy resulta cada día más insostenible seguir negando el derecho a la autodeterminación al pueblo catalán. Por esta opción votaron casi dos millones de ciudadanos, y obtuvieron 300 mil votos más que los depositados por las agrupaciones políticas de derecha, todas juntas.

La gran mayoría del pueblo de Cataluña se siente una nación, con una lengua y una cultura propias. Pero al mismo tiempo, una larga historia de represión de sus derechos por parte del Estado español. Por esta razón desea administrarse a sí mismo y es un derecho que le asiste. Tan legítimo es sentirse español, como sentirse catalán.

La posición mayoritaria de las numerosas organizaciones políticas y sociales que tienen asiento en esta región abogan por el derecho a hacer parte de un Estado común, pero con autonomía y soberanía propias. Agrupaciones como Podemos, que marca un cierto liderazgo en las expectativas de cambio, dice formalmente que el pueblo catalán tiene derecho a su independencia, pero que jurídicamente es imposible.

En esto coincide con organizaciones de derecha que dicen que la única salida es por la vía de una reforma constitucional, a la que, desde luego, el gobierno de Rajoy no le va a marchar.

En estas condiciones se impone un referendo con garantías democráticas, en el que el pueblo catalán, sin presiones, decida en forma soberana si quiere seguir haciendo parte del Estado español o no. Si Madrid no se abre a esta posibilidad, corresponderá al parlamento catalán tomar una decisión unilateral. El derecho a la autodeterminación no tiene aplazamientos, no está sujeto a una reforma constitucional, al igual que la libertad de expresión y otros derechos sociales no necesitan de reformas constitucionales. Pero esta decisión va a requerir de una formidable presencia de las masas en las calles.