viernes, abril 19, 2024
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Carestía y corrupción en los servicios públicos domiciliarios de Ibagué (Tolima)

Nelson Lombana Silva

Los servicios públicos domiciliarios de la ciudad de Ibagué (Tolima) son los más caros del país. La corrupción al parecer es galopante a la vista de todos los denominados entes de control, los cuales son, como la canción de la barranquillera Shakira, sordos, ciegos y mudos.

Hay en estas empresas una verdadera anarquía. Lo curioso es que siempre se equivocan en contra del usuario y a favor de la empresa. Para la muestra un botón: La factura número 6507390 de octubre 2013 llega por la suma de $24.090 pesos; la factura 6636167 de noviembre 2013 del mismo usuario llega por $228.151 pesos, todo por cuenta de la flamante empresa ibaguereña de acueducto y alcantarillado, Ibal.

Casos como este son la constante en esta empresa ya prácticamente privatizada por obra y gracia de una clase dirigente intrascendente y corrupta que no duda en vender lo público solo para favorecer sus intereses personales.

Al parecer los cobros del Ibal son ilegales. No aplica la ley de la compensación teniendo en cuenta que el agua en Ibagué se va prácticamente todos los días, al igual que el fluido eléctrico, la telefonía y el gas. Por el contrario, usualmente se disparan los precios. Como quien dice: tras de ladrón bufón.

Por estos días de navidad y año nuevo el tradicional alumbrado se ha concentrado en los sectores de la pequeña burguesía, mientras que los barrios de gentes humildes no tienen derecho al goce, pero sí tienen la obligación de ayudar a cancelarlo. Es decir, no son gratuitas las luces multicolores como algunos ingenuos ibaguereños lo venían pensando.

Luis Alberto González Rocha, juez de paz y experto en servicios públicos domiciliarios. Foto Nelosi
Luis Alberto González Rocha, juez de paz y experto en servicios públicos domiciliarios. Foto Nelosi

Así lo expresa, Luis Alberto González Rocha, experto en el tema de los servicios públicos domiciliarios y a su vez, juez de paz de la república con una vasta experiencia. Sin pelos en la lengua, el dirigente popular y cívico coloca los puntos sobre las íes, llamando al usuario a asumir una posición crítica y orgánica que le permita reclamar sus derechos constantemente vulnerados.

Las páginas web www.pacocol.org y www.semanariovoz.com lo entrevistaron en su residencia en compañía de la candidata a la cámara de representantes por la Unión Patriótica (UP), 104 en el tarjetón, Lily Ipuz Medina. Y esto dijo:

—Se dice con insistencia que las luces multicolores de navidad son una cortesía de Enertolima. ¿Eso es cierto?

—Eso es mentira. Las empresas nunca regalan nada y menos a los pobres. Las empresas de servicios públicos están cobrando las luces navideñas, estas que nos ubican en los parques, pero en los parques del centro de la ciudad, en los parques donde viven los ricos. Todas estas luces nos la cobran en la próxima factura; ahorita en el mes de enero es donde vamos a ver reflejado todos esos costos de las luces navideñas, también en las mismas facturas nos están cobrando las luces de los semáforos y el alumbrado público.

Si miramos eso y miramos la sentencia 16850 de la Corte Constitucional, esto deberían pagarlo son los municipios para eso les pagamos impuestos. Pero ellos no tienen en cuenta eso, la plata de los impuestos las desvían para otras cosas, yo no sé qué hacen con esas platas, se va la plata de los impuestos prediales, se va la plata de los impuestos de vehículos, lo de las multas, lo de alumbrado público. Toda la plata que pagamos los usuarios se pierde.

—¿En cuánto está tasado el alumbrado navideño en la ciudad de Ibagué (Tolima) este año?

—El alumbrado navideño para la ciudad de Ibagué en este año, tiene un costo aproximado de 800 millones de pesos. Las personas que hemos venido siguiéndole los pasos al alumbrado público y navideño, nos encontramos con que en esta vez fueron muy escasas, la vemos concentrada las luces navideñas por los lados del parque El Centenario, la calle décima, entre segunda y quinta. Pero, de resto en absoluto, vemos muchas luces en la empresa de Enertolima. A lo mejor, esas luces también nos la van a cobrar. Es decir, ellos se adornan con las luces navideñas y luego nos cobran a los usuarios.

—De acuerdo al poco y concentrado alumbrado navideño que hay en esta oportunidad en la ciudad, ¿no se justifica la suma de 800 millones de pesos?

—Bueno, diría que si se invirtiera muy bien, pero pongámosle a hacerle un análisis a lo que son 800 millones de pesos y las luces que están allí, miremos de qué parte salió ese dinero y a la final nos damos cuenta que ese dinero sale del bolsillo del mismo usuario. Sin embargo, nos quedamos sorprendidos porque por qué en los barrios no hay luz navideña si nosotros también aportamos. Eso debe ser de una manera equitativa.

—Considerando que usted es un experto sobre el tema de los servicios públicos domiciliarios, ¿qué está pasando con estos? A un usuario le llega la factura de noviembre por $24.090 pesos por concepto de agua y en diciembre por la suma de $228.151 pesos. ¿Qué está sucediendo?

—Eso es un desorden total. Las empresas de servicios públicos tienen una desorganización enorme, pero allí lo que vemos es que esa deficiencias nos la corren son a los usuarios, nunca se equivocan en contra de la empresa, siempre es en contra del usuario.

—Durante los meses de noviembre y de diciembre en Ibagué se ha ido el agua casi todos los días. Sin embargo, las facturas son más costosas. ¿Qué está pasando?

—Sí. Ibagué se volvió muy difícil convivir porque si una empresa viniera a Ibagué a trabajar con aguas, acá no podría surgir; acá el agua se va todos los días y nos mantienen a base de engaños y den licencias de construcción cuando Ibagué no tiene más de dónde sacarle agua, entonces tienen que quitarla de un lado para darla a otro. Esa es la pura realidad. Nosotros lo hemos visualizado de esta manera. Sin embargo, nos quitan el servicio de agua todos los días, a cualquier hora, como también nos quitan la luz, el teléfono, el gas y las compensaciones no se ven.

La ley habla de compensaciones que cuando los servicios son interrumpidos, se debe pagar una compensación. Sin embargo, aquí no se ve esa compensación en la parte del Ibal. Vemos cómo la empresa Claro se le cayó el sistema por cuatro horas y pagó $28 mil millones de pesos como compensación a los usuarios, las otras empresas no aplican esto. Teniendo en cuenta que las leyes sí existen, el problema es que no hay quien las haga cumplir. No sabemos qué están haciendo la superintendencia, la famosa procuraduría, ni las demás IAS que existen.

—¿Es exagerado decir que al interior de las empresas de los servicios públicos de Ibagué hay una verdadera mafia?

—Son organizaciones con malas administraciones y de todas maneras vemos cómo entre ellos mismos mantienen agarrados, peleando por lo que han hecho y por lo que han dejado de hacer. Encontrábamos esta semana –por ejemplo– en los medios de comunicación ex gerentes del Ibal echándose mutuamente al agua sobre malos manejos. Empresas que han dado contratos, han cancelado sin haber entregado los trabajos. Ese acueducto complementario se ha comido cualquier cantidad de miles de millones de pesos, ahora las veedurías fueron montadas con los mismos que fueron anteriormente administradores de la misma empresa de acueducto y alcantarillado.

Es muy grave la situación que está pasando en el Ibal. Allí aparece involucrado los administradores, los alcaldes; todas las personas que han pasado por la administración municipal, incluyendo los alcaldes anteriores y los gerentes anteriores, están involucrados en este problema, en este caso de corrupción que tiene el Ibal.

—¿Qué hacer para despertar al usuario y que asuma una posición crítica?

—Aquí los usuarios son los que más desconocemos nuestros derechos. A las empresas les interesa que los usuarios no conozcan sus derechos, porque la verdad así ellos pueden cobrar las tarifas que se les da en gana y eso lo vienen haciendo hace muchos años, desde cuando se metió en Ibagué una tarifa del agua del 200% y esto se quedó allí por medio de la comisión reguladora autorizó esas tarifas con unos compromisos.

Sin embargo, comenzaron a cobrar tarifas sobre tarifas y en este momento me parece que la tarifa del Ibal es ilegal, y sin embargo, la plata que ordenó el tribunal no se devolvió en forma completa. Miraríamos eso y preguntaríamos: ¿Dónde están los medios de control, dónde están las autoridades? ¿Qué vamos a hacer para seguir manejando esto? No entiendo por qué le están haciendo entrega a esas empresas públicas privadas cuando al particular lo único que le interesa es el dinero y a lo público le interesa lo social.

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