La defensora de los derechos humanos y buscadora Lucia Osorno habla de las más de 200 mil personas desaparecidas que reconoce el informe final de la Comisión de la Verdad. Esto es mayor a la población total de ciudades como Riohacha, Buga o Pamplona
Sofia De la Hoz Terán
@sofiadelahoz10
Lucia Osorno es una mujer menuda de enormes y profundos ojos verdes y 1.55 de estatura. Conoce historias casi inverosímiles sobre la desaparición forzada. Nos cuenta, por ejemplo, sobre un fiscal que soñaba en que lugar estaban los restos de muchas personas que estaban buscando y que así lograban dar con el paradero de varias de ellas.
Lucy, como cariñosamente muchas personas le llaman, es una buscadora incansable de personas desaparecidas. Ha sido apoyo para un número indeterminado de familias en el eje cafetero, Cundinamarca y el Caribe colombiano. Llegó a todo esto debido a la desaparición de uno de sus familiares y de algunas personas cercanas en distintos momentos de la historia del conflicto en Colombia.
La búsqueda
Ella que ha buscado y apoyado la búsqueda desde finales de los años ochenta, nos habla de que enfrentar la desaparición de su hermano fue como enfrentar la muerte propia, pero entender que miles de familias en el país estaban en la misma situación fue aún más desgarrante.
Lo dice porque conoce bien lo que ocurre los días posteriores a una desaparición; lo amargo que es sentarse a comer e imaginar si su familiar desaparecido ha comido o no, si lo están torturando, si lo habrán asesinado.
Nos narra lo tenebrosas que son las noches; del insomnio que en muchos casos se convierte en secuela permanente; del inicio de la búsqueda con todo lo que implica; de desnudar el alma del que ahora no está y juntar los relatos de familiares, amores, de amigos y de eso hacer un relato, un testimonio y una declaración legal.
Buscas es admitir la ausencia, es además enfrentarse a los obstáculos como el que aún haya personas dentro de la administración pública, afirmando que es necesario esperar 72 horas para reportar una desaparición; que la persona desaparecida se debió ir de fiesta o estará con el amante.
Es además ver pasar los días sin respuesta, es ir a Medicina Legal con el miedo de encontrar el cuerpo y salir de allí con la desesperanza de no tener ninguna respuesta. Ver pasar los días, meses y años estrellándose con una pared, juntando pistas, indagando, entendiendo que desde las instituciones es poco lo que se logra accionar por la falta de personal, de instalaciones idóneas para la búsqueda e incluso de sensibilidad de quienes recepcionan y llevan los casos.
Por una política pública

Lucia nos habla de las más de 200 mil personas desaparecidas que reconoce el informe final de la Comisión de la Verdad. Esto es mayor a la población total de ciudades como Riohacha, Buga o Pamplona.
Por eso para una búsqueda que sea reparadora es necesario cumplir con lo pactado en el Acuerdo de Paz firmado en 2016. Lucia plantea que la propuesta coherente sería crear una política pública de búsqueda. Advierte que debe ser construida de forma conjunta con buscadoras, víctimas, organizaciones sociales e impulsada por el grueso de la sociedad, en cumplimiento a la Constitución Política en cuanto al derecho a la vida y a que no habrá más desaparición forzada, ni pena de muerte en Colombia.
Insiste en que sin esto los resultados de hallazgos de cuerpos y de algunas personas desaparecidas que logran ser encontradas con vida, seguirán siendo la excepción y no la regla.
Que solo asumiendo una política pública, que brinde las herramientas necesarias para la búsqueda, como un mayor número de laboratorios que ayuden a esclarecer la identidad; forenses con experiencia que sean traídos de Argentina, Uruguay, Guatemala, estos por la experiencia y aportes en el tema; que se aborde la desaparición forzada en todas las instituciones educativas; que con normas claras se logre que el Ejército y la Policía nacional se conformen como organismos preventores de la desaparición forzada en el país; que podamos hacer a la sociedad consciente de la gravedad de un delito normalizado.
Esto, nos dice Lucia, es la principal medida de reparación para quienes han sido víctimas de esta práctica, heredada de los Nazis.
La otra desaparición
La desaparición forzada sufrida por trata es una de las preocupaciones de mujeres buscadoras como Lucia. A esto se le suma el que incluso personas adultas mayores sean desaparecidas, siendo sus propios familiares sospechosos, esto porque se ha convertido en una práctica macabra para apoderarse de lo que posean.
Además, más de mil quinientas personas migrantes has sido desaparecidas dentro del territorio colombiano y como en la gran mayoría de los casos el desconocimiento, el miedo y la lentitud de la respuesta desde las instituciones frenan la búsqueda.
Pensar en la desaparición forzada como un hecho del pasado, ligada solo al terror de la guerra a finales de los noventas y principios de la década del 2000 es una trampa en la que no podemos seguir cayendo como sociedad y más bien reconocer que en circunstancias como el Paro Nacional del 2021 fue posible aprender como sociedad que juntarnos para buscar y denunciar fue determinante para esclarecer el delito y las nuevas prácticas macabras que en este periodo se dieron, tales como golpear a las personas, dejarlas inconscientes y luego trasladarlas de ciudad y localidad como estrategia para complicar su hallazgo.
Drama humanitario
El drama de la desaparición forzada es una constante, ante la cual la sociedad se ha adormecido y las organizaciones defensoras de los derechos humanos se encuentran desbordadas. Familiares y amistades de la víctimas siguen llegando sin acompañamiento jurídico o psicosocial a Medicina Legal y a la Fiscalía; mientras tanto los cementerios del país siguen conteniendo una verdad dejada de lado, que solo en Bogotá da cuenta de más de cinco mil cuerpos no identificados en los cementerios de la ciudad.
Creemos que en este gobierno del cambio las condiciones están dadas, por eso decimos al presidente Gustavo Petro, acá estamos como buscadoras, familiares y organizaciones para juntar nuestras experiencias, crear e implementar una política pública que abrace a familiares, determine acciones contundentes que den respuesta a este drama humanitario y aporte en la sanación de las heridas que este delito le ha causado a nuestra sociedad.
El país puede ser ejemplo mundial de reconciliación y búsqueda de verdad.