Este nuevo atentado tiene que ver con la lucha del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras contra el sistema neoliberal que busca la privatización y el despojo de los territorios.
La persecución contra quienes defienden los derechos de las comunidades indígenas prosigue en Honduras, al ocurrir el pasado domingo un atentado contra la vida de Tomás Gómez, coordinador del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
El ataque sucedió cuando abordaba un vehículo propiedad del Copinh, y varios sujetos hicieron disparos a la puerta del conductor del auto, donde también viajaba Alexánder García Sorto, líder comunitario de Llano Grande, Colomoncagua, departamento de Intibucá.
“Responsabilizamos por lo que nos pueda pasar a nosotros a las empresas en general, pero también a Juan Orlando Hernández y exigimos que haya justicia en caso de Berta Cáceres”, manifestó Gómez, quien aseguró que “pase lo que pase vamos a seguir”.
En un comunicado, el Copinh considera a estos últimos eventos criminales como un intento más de silenciar la lucha contra «los proyectos de muerte en los territorios lencas», como por ejemplo la cuestionada represa Agua Zarca, impulsada por la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA) sobre el río Gualcarque.
«Continúan las agresiones de muerte contra quienes defendemos los derechos del pueblo lenca y queremos construir alternativas viables para el desarrollo de nuestras comunidades y del mundo entero, y no para el bolsillo de unos pocos», sostiene el Copinh.
Durante una intervención en un canal nacional, Tomás Gómez reafirmó el análisis de que este nuevo atentado tiene que ver con la lucha del Copinh contra el sistema neoliberal, que busca la privatización y el despojo de los territorios.
En contexto
La líder ambientalista Berta Cáceres fue asesinada en la ciudad de La Esperanza – Intibucá (Honduras) el 3 de marzo de 2016.
La defensora de derechos humanos, coordinadora general del Copinh, denunció en reiteradas ocasiones que era amenazada de muerte, así como varios miembros de su familia por su oposición a la construcción de hidroeléctricas en territorios indígenas.
El expediente relacionado con el crimen de la ambientalista fue sustraído el pasado 28 de septiembre durante un asalto en Tegucigalpa a la magistrada de la Corte de Apelaciones, María Luisa Ramos, para robarle su vehículo.
