Gases y balas contra manifestantes pacíficos en ExpoDefensa en Corferias Bogotá
Nils Heidenreich
Entre el 1 y 3 de diciembre se realizó en Bogotá la décima edición de ExpoDefensa, una feria de armas bienal donde más de 200 expositores de todo el mundo ofrecen sus instrumentos de guerra y represión de protestas, siendo según sus organizadores la segunda exhibición más grande de tecnología militar en América Latina. El principal organizador es el Ministerio de Defensa junto con empresas vinculadas como CODALTEC, quienes con el gobierno actual, siguen financiando este desfile militarista internacional de representantes y fabricantes de la muerte.
Sin embargo, la maquinaria bélica del Estado colombiano enfrenta cambios profundos: por un lado, debido a las tensiones diplomáticas por el genocidio en curso en Gaza, las empresas israelíes no participaron nuevamente en la exhibición, como ya había ocurrido en 2023; por otro lado, la millonaria ayuda militar estadounidense también pende de un hilo después de que Donald Trump llamara narcotraficante al presidente Gustavo Petro.
Esto resulta problemático para el ejército colombiano, considerando que además de los 377 millones de dólares en financiación desde el norte solo el año pasado, equipos israelí como los jets Kfir y los rifles Galil también está en discusión debido a los cambios en el clima político.
La «Feria de la Muerte»
El ministro de Defensa y general retirado Pedro Sánchez destacó la importancia estratégica del evento para el sector de defensa de Colombia, con el fin de reconfigurar la cooperación internacional e impulsar la independencia tecnológica del país, totalmente en sintonía con el presidente Petro, quien recientemente había exigido el fortalecimiento de la producción nacional de armas en un consejo de ministros.
La «Feria de la Muerte», como la llaman organizaciones pacifistas y antimilitaristas que convocaron la protesta, entre ellas la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras, World Beyond War y el Congreso de los Pueblos, representaría «una apología directa a la guerra en un país atravesado por décadas de conflicto armado y múltiples intentos de reconciliación».
Bajo el lema «Aquí empieza la guerra, aquí debemos pararla» planearon diversas actividades artísticas, pedagógicas y simbólicas durante los tres días de la feria. Para el primer día se había organizado un concierto con intervenciones y performance artísticas justo al lado de la entrada de la feria, donde se presentó entre otras la reconocida cantautora La Muchacha.
Brutalidad contra la protesta
Durante su presentación, algunos participantes bloquearon un pequeño tramo de vía que pasaba cerca del evento. Este bloqueo, bastante insignificante para el flujo vehicular alrededor del recinto, provocó de forma casi inmediata y contraria a todos los protocolos la intervención del escuadrón antidisturbios de la Policía rebautizada por Petro como Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO)
Sin practicar ningún diálogo ni dar advertencia alguna atacó desproporcionadamente de manera brutal el evento completamente pacífico usando gases lacrimógenos, granadas aturdidoras, balines de goma con marcadoras y granadas cinéticas. Los gases afectaron la comida comunitaria que estaba siendo entregada por la organización «La Cucharona Errante», perdiéndose por completo. Las unidades policiales fuertemente blindadas y bien armadas actuaron sin ningún control, sin considerar ni a los observadores de derechos humanos ni a las organizadoras de la protesta. Además de los heridos por disparos policiales, dos personas convulsionaron y perdieron la conciencia, entre ellas la coordinadora de World Beyond War en Bogotá que sufrió contusión en la cabeza y fractura en la nariz.
Alcalde Galan, responsable
Mientras el presidente Petro anunció en un discurso que mandaría a revisar la controvertida intervención policial, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, elogió el accionar policial en un día que dejó además un herido con lesión ocular en la marcha de estudiantes de la Universidad Distrital.
El secretario de gobierno Gustavo Quintero alegó un “riesgo inminente de afectación al ciudadano” para justificarlo, afirmando que «con base en el artículo 26, numeral 1 del Decreto 053 de 2023, se desarrolló una acción de dispersión y restitución del orden», según declaró el funcionario a través de su cuenta en Twitter/X.
Las organizaciones convocantes contrastaron esta versión oficial en una denuncia pública, afirmando que estas acciones contravienen el Decreto 053 de Bogotá, que regula la actuación de la fuerza pública en escenarios de protesta social, ya que la UNDMO violó cada uno de los párrafos del artículo 3 sobre obligaciones de diálogo, mediación y prevención de daños.
Responsabilizaron directamente al presidente Gustavo Petro, al ministro de Defensa Pedro Sánchez y a la bancada del gobierno por permitir la realización de otra feria de armas, fortaleciendo escenarios que promueven la militarización y el negocio de la guerra.
Señalaron que la aparente «neutralidad» del gobierno contradice los discursos del «gobierno del cambio» y da continuidad a lógicas militaristas, evidenciando que el cambio de nombre del ESMAD a UNDMO ha sido meramente cosmético, sin ninguna transformación estructural en sus prácticas represivas.
