Riesgosa designación de Carlos Camargo Assís como magistrado de la Corte Constitucional,
en medio de investigaciones sobre presuntos hechos que representarían sanciones disciplinarias
Rafael Navarro Carrasco
En un informe entregado hace un año a la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, el Sindicato de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, de la Defensoría del Pueblo – Sindhep, detalla una serie de situaciones, consideradas como irregulares, en especial en materia de contratación, presuntamente desplegadas por el ex Defensor del Pueblo, Carlos Ernesto Camargo Assís.
A mediados de 2021, el país atravesaba la plenitud del estallido social, como respuesta popular contra el gobierno de Duque. La represión del gobierno Duque ocasionó centenares de personas lesionadas, capturadas arbitrariamente o asesinadas. El recién Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assís, prefirió ausentarse de sus labores, prefiriendo instalarse en un lugar de descanso, lejano al Puesto de Mando Unificado, mientras ocurrían violaciones masivas de los derechos humanos.
El SINDHEP, advirtió de los riesgos contra la democracia que representaba la designación de Carlos Camargo Assís, debido a su pasado en entidades como la Registraduría Nacional del Estado Civil y su presunta conducta omisiva, al haber absuelto a Óscar Iván Zuluaga, por su responsabilidad en el ingreso ilegal de dineros a su campaña presidencial, teniendo los elementos materiales de prueba para condenarlo, mientras se desempeñaba como magistrado del Consejo Nacional Electoral.
En el tiempo en que permaneció en el cargo de Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assís, aseguró una maquinaria perfecta para el manejo poco responsable de la entidad, a través de contratos o nombramientos, aseguró su impunidad ante futuras investigaciones fiscales, disciplinarias o judiciales. Ubicó en oficinas claves de la Defensoría del Pueblo, a personas de su confianza, para el manejo en la elaboración de contratos y la supervisión de la ejecución de los mismos. Ejemplo de ello, el nombramiento del actual magistrado del Consejo Nacional Electoral Altus Baquero, como secretario general de la entidad, responsable de ordenar el gasto público.
La administración de la Defensoría del Pueblo, bajo la dirección de Camargo, manejó en la modalidad de contratación directa, millonarios contratos como el de operador logístico.
Mientras a las entidades del Estado que forman parte del Presupuesto General de la Nación las obligaban a ser austeras, la administración de Camargo, en la Defensoría del Pueblo, destinó el presupuesto de la entidad en la compra de vehículos, elevó el número de contratistas para la gestión, compró inmuebles, elevó el gasto de eventos y operación logística de los mismos, se abusó de los gastos para viáticos y gastos de viaje para el personal directivo, mientras minimizó las misiones de trabajo del personal de terreno.
Carlos Camargo Assís, renunció al cargo de Defensor del Pueblo, para no inhabilitarse en su aspiración a magistrado de la Corte Constitucional, refugiándose en su alma mater, la universidad Sergio Arboleda. Aún siguen pendientes los avances en las investigaciones por presunta omisión de hechos ilegales durante su administración y denunciados por Sindhep. Se espera que, los nombramientos en la Defensoría del Pueblo, mientras duro en el cargo, no le servirán para asegurar impunidad en las investigaciones y juicios a conductas que podría representar su responsabilidad penal, fiscal o disciplinaria. Mientras tanto, se afirma que; ¡arrodilló a la justicia y ahora va a administrarla!
