El ajuste del gobierno de Milei impone un brutal recorte de la inversión social en la educación pública y en otros servicios esenciales
Redacción Internacional
El pasado jueves 17 de octubre, Argentina vivió una nueva jornada de paro nacional de estudiantes, docentes y trabajadores de las principales universidades del país. La movilización estuvo más vigorosa; en ella los sectores de la educación rechazaron el veto que el presidente Javier Milei impuso a la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada días antes por el Congreso de la República.
El paro fue convocado por el Frente Sindical Universitario, que agrupa a sindicatos docentes y no docentes de todo el país. Un día antes, los gremios en lucha se reunieron con rectores y organizaciones estudiantiles para definir acciones conjuntas.
Como resultado de estos acuerdos, a partir de este lunes comenzó una semana de reclamos con distintas acciones en todo el país. Casi cien facultades de distintas universidades fueron tomadas, de sur a norte, y las acciones de protesta tienden a radicalizarse. Las tomas de edificios comenzaron por las facultades de Derecho y Medicina de la Universidad de Buenos Aires, en la capital. Resulta especialmente notable la vinculación de los futuros médicos, en una facultad considerada como ‘conservadora’.
Detona la movilización
Los analistas han descrito la protesta estudiantil como una nueva etapa de resistencia del pueblo argentino contra el gobierno de Milei. A medida que avanza la semana, se multiplican las tomas estudiantiles, las asambleas, el bloqueo en las vías de los centros universitarios de La Plata, Mar del Plata, Rosario, Córdoba y la propia Buenos Aires.
Las tomas que empezaron en Buenos Aires se replicaron en Tucumán, Catamarca, Santa Cruz, Jujuy, la Matanza, Tandil y Salta. Algunas se mantienen en asamblea permanente, como la Universidad Nacional de El Litoral, la de Misiones, la de Mar del Plata y la de Avellaneda.
En relación al desangre de los fondos educativos de las universidades, por la acelerada inflación y la depreciación de la moneda, ambas cámaras parlamentarias aprobaron por mayoría simple una Ley de Financiamiento Universitario. Sin embargo, cuando pasó a sanción presidencial para que entrara en vigencia, el presidente Milei la vetó, argumentando una falsa política de austeridad. Este veto detonó la movilización.
Seguir luchando
“Ya ratificado el veto, lo que queda ahora es la vía de los canales institucionales y seguir reclamando por un presupuesto que nos permita funcionar adecuadamente”, dijo a un medio local Martín López Armengol, integrante del Consejo Interuniversitario Nacional, CIN. Ahora la disputa que se viene es la del presupuesto para 2025, en el que el poder ejecutivo destina 3.8 billones de pesos a las universidades para el año próximo, una cifra que representa el 50 por ciento menos de lo que pide el CIN, que es 7.2 billones.
“Además tenemos que seguir trabajando en los pendientes, como es la recomposición salarial, el refuerzo de las partidas vinculadas a ciencia y técnica y el sistema científico tecnológico además de la puesta en funcionamiento de las obras suspendidas”, agregó López Armengol.
El ajuste del gobierno de Milei impone un brutal recorte a la inversión social, que no solo afecta a la educación pública, sino también a otros servicios esenciales. Esta situación se refleja en un alarmante crecimiento de la pobreza.
Al asumir la presidencia en diciembre, Javier Milei aseguró que con él comenzaba el fin de la decadencia argentina. Seis meses después, en medio de un inédito ajuste fiscal, el país presenta otra realidad: 5.2 millones de personas han caído en la pobreza, lo que representa el 52,9 por ciento de la población.
