Asesinatos, torturas, persecución y seis millones de víctimas.

Foto: Agencia Prensa Rural 10 años via photopin cc
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Eliécer Jiménez Julio

Las practicas sistemáticas y generalizadas de asesinatos, torturas, malos tratos, desplazamientos forzados, hacinamientos en las cárceles colombianas, detenciones de defensores de derechos humanos, la estigmatización y judicialización a las organizaciones sociales que pacífica y dignamente se levantan a reclamar derechos y garantías y que son tildadas de terroristas por el estado colombiano, así como la destinación de inmensos recursos económicos para la guerra en detrimento de la educación y protección de la niñez colombiana fueron señaladas como una práctica constante de violación de los derechos humanos por parte del gobierno de este país suramericano.

Así lo denunciaron este miércoles 26 de marzo diversas organizaciones internacionales que velan por la defensa de los derechos humanos y la representante del gobierno suizo ante la ONU, los cuales intervinieron en el 25 período de sesiones del Consejo de DDHH de la ONU con sede en Ginebra (Suiza) y donde la alta comisionada, Navi Pillay, presentó un informe en donde, a pesar de destacar la acción del estado de buscar una salida negociada al conflicto armado interno, fue dura y severa en sus recomendaciones al exhortar al gobierno a que cumpla “con determinación sus obligaciones internacionales respecto de la realización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales”, así como lo instó a que “elabore y aplique una política que asegure la representatividad a todos los niveles de las instituciones públicas sobre la base de la etnia y el género, entre otros criterios”

El negro y escalofriante informe de la ONU sobre Colombia dice que “a diciembre de 2013 había cerca de seis millones de víctimas del conflicto armado, de ellas más de cinco millones de desplazados internos; que el respeto de los derechos a la vida y la integridad de la población civil durante las operaciones militares siguen siendo gran preocupación ya que son asesinados civiles y que estos casos recurrentes son considerados como “errores militares o inevitables”, sin que los comandantes militares respectivos hayan asumido sus responsabilidades institucionales o los interrogatorios ilegales a niños y en referencia a que los ataques de la Fuerza Pública contra las protestas pacificas se consideran una violación de los derechos humanos.

Incluso la alta comisionada expresó su preocupación por las declaraciones reiteradas de altos funcionarios del gobierno durante las protestas calificándolos como obra de grupos armados.

La organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), la Fundación Solidaridad con los Presos Políticos (Fscpp), la Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT) de Francia, la Fondation Danielle Mitterrand – France Libertés, Amnistía Internacional y la Corporación Colombiana de Juristas, entre otras, coincidieron en sus intervenciones en señalar y desmentir al representante del gobierno colombiano, quien minutos antes afirmó que: “En Colombia se respetaban y no se violaban los derechos humanos y no se criminalizaba la protesta social”, lo cual generó burlas entre los presentes ya que el funcionario desconoció de paso los cerca de diez mil prisioneros políticos existentes en el país, la corrupción en todas las instituciones del estado incluyendo las Fuerzas Armadas y Policía, así como la falta de garantías para la verdadera participación de la oposición en la contienda electoral y en el fondo la falta real y verdadera de una voluntad de paz del gobierno colombiano en buscar un clima de paz generando cambios sociales, económicos y políticos de fondo que satisfagan las necesidades de la población pobre colombiana que sobrepasa el 75%. Empeñado en entregar las riquezas nacionales a las multinacionales extranjeras, sigue obnubilado en su política de guerra y tierra arrasada.

Amnistía Internacional insistió en la necesidad de buscar la paz en Colombia, pero para ello había que acabar con los grupos paramilitares. La representante del gobierno suizo mostró su preocupación por la represión que ejerce el gobierno contra las protestas sociales. La OMCT llamó la atención “porque la jurisdicción militar sigue conociendo casos de torturas y la invisibilidad del crimen”, mientras France Liberté, que apoyó su trabajo con la Asociación On y Va, insistió en que “el Estado viola abiertamente derechos reconocidos internacionalmente (como los contemplados en los artículos 5, 8, 23 y 25 de la Carta Interamericana de Derechos, y, además, desconoce 10 Sentencias de la Corte Constitucional colombiana). Persiguen a quienes se organizan y protestan ya que son tildados de “terroristas” y convertidos en “enemigos internos “a los cuales hay que eliminar”.

Y dijo que: “El más sobresaliente y reciente caso de la vorágine de violaciones de los derechos humanos en Colombia es la destitución por vía administrativa del alcalde de Bogotá elegido por votación popular, señor Gustavo Petro Urrego”. La organización francesa insistió que “una vez más este hecho violatorio de derechos humanos pone en grave riesgo el logro de la paz y la desactivación de la guerra en el país, esfuerzo que requiere de la decidida y clara participación de la comunidad internacional en el camino del logro real de la observación y respeto de los derechos de los 46 millones de colombianos”.