Son 17 las exigencias de los habitantes urbanos en la negociación con el Gobierno que provienen de ejes temáticos que van desde el tema de vivienda y servicios públicos hasta el ordenamiento territorial o la movilidad.
Uno de los avances más significativos del más reciente paro nacional es la incorporación de la agenda de reivindicaciones de las ciudades. Ya hubo un primer encuentro entre Gobierno y voceros de las organizaciones urbanas que arrojó resultados importantes, siendo el principal la hoja de ruta de negociación del punto de relación campo-ciudad del pliego único de la Cumbre Agraria.
Son 17 las exigencias de los habitantes urbanos en la negociación con el Gobierno que provienen de ejes temáticos que van desde el tema de vivienda y servicios públicos hasta el ordenamiento territorial o la movilidad.
El acta firmada por las partes establece que el 24 de junio se entregará una propuesta de ruta metodológica para la negociación que será respondida por el Gobierno a más tardar el 1 de julio. Luego de esto, el 8 de julio, se hará la instalación oficial de la mesa que resolverá las peticiones de los procesos de ciudad que integran la Cumbre Agraria.
¿Quiénes están en las luchas de ciudad?
Para Sebastián Quiroga, vocero del Congreso de los Pueblos e integrante de los procesos urbanos de ese movimiento social y político, son sectores como el estudiantil, el sindical, los trabajadores informales, las mujeres y los jóvenes quienes se integran a las organizaciones que trabajan desde las ciudades para reconstruir el tejido social, a la vez que ser una “opción de poder desde las clases populares”.
Según Quiroga, desde el surgimiento de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, se está construyendo la necesidad de discutir la situación en las ciudades, contando con la participación de Cali, Bogotá, Medellín, Villavicencio, Popayán, Neiva, Cartagena, Barranquilla, Cúcuta, Barrancabermeja, Pasto, Bucaramanga.
Ciudades en crisis
Quiroga también anunció que basta solo con observar las cifras para darse cuenta de la situación precaria en la que viven actualmente las ciudades colombianas: “Un déficit de vivienda cualitativo y cuantitativo que alcanza el 40% de los hogares, es decir que, de cada diez familias, cuatro viven con malas condiciones de vivienda; las altas tasas de cobro de los servicios públicos, que ahora son operados por empresas privadas, argumentando falsamente más eficiencia (¿Qué dicen las comunidades de la Costa que lleva años peleando con el pésimo servicio de Electricaribe?)”.
Además, insistió en que las tasas de informalidad laboral superan el 60% de la población trabajadora, que en los centros urbanos se presentan desalojos permanentes, que “hay personas muriendo a la espera de un servicio de salud decente, comunidades afectadas por las incursiones mineras en suelo urbano, especulación inmobiliaria, entre otras problemáticas”.
Esta lista justifica el descontento de la mayoría de los habitantes urbanos con los modelos de Gobierno y, en general, de ciudad que se aplican hoy en el país. La negociación continúa, siendo su existencia uno de los logros más destacados del paro.