En el marco del noveno aniversario del Acuerdo Final de Paz, se hace necesario un análisis sobre cómo va la implementación desde un enfoque de género
Valentina Bolaño Senior
@Vale_BoSe
Cuando en 2016 el Estado colombiano y las FARC-EP firmaron el Acuerdo Final de Paz, el país presenció el cierre de una confrontación armada de más de medio siglo y vio surgir una de las innovaciones más profundas del proceso, destacada incluso por organismos internacionales. Por primera vez en una negociación de paz en el mundo, un pacto incorporó un enfoque de género transversal, reconocido en el documento oficial Enfoque de Género en el Acuerdo Final del Ministerio de Justicia.
Su aparición no fue cosmética: respondió al reconocimiento de cómo la guerra afectó de manera diferenciada a mujeres, niñas y personas LGBTIQ+, como lo expone el informe Las mujeres en los acuerdos de paz de Sisma Mujer. Esta perspectiva marcó un precedente internacional. Sin embargo, nueve años después, su implementación continúa enfrentando obstáculos que ponen en riesgo su potencial transformador.
¿Qué significa hablar de enfoque de género en la paz?
Según el Ministerio de Justicia, el enfoque de género busca garantizar derechos en igualdad de condiciones y reconocer las circunstancias particulares que derivan de factores como el ciclo vital, la orientación sexual, el estado civil o la posición socioeconómica. En el contexto del Acuerdo Final, esta definición adquiere un sentido más amplio: reconocer que las mujeres no son únicamente víctimas, sino que tienen un papel fundamental en la construcción de paz.
Como han explicado organizaciones de mujeres desde 2016, las desigualdades en acceso a la tierra, participación política y justicia se intensificaron durante el conflicto. De ahí que, como resalta Sisma Mujer, el enfoque de género no busque igualar formalmente a hombres y mujeres, sino transformar las condiciones reales que mantienen estas brechas.
La Subcomisión de Género: el laboratorio donde se tejió la diferencia
La inclusión de esta perspectiva fue posible gracias a la Subcomisión de Género, creada en La Habana y destacada tanto por MinJusticia como por Sisma Mujer como un hito inédito en negociaciones de paz. Allí se revisaron, uno por uno, los puntos del Acuerdo para incorporar medidas específicas que atendieran las necesidades y derechos de mujeres y personas LGBTIQ+.
En el punto de Reforma Rural Integral, el documento oficial enfatiza la priorización de mujeres rurales en la formalización de tierras, acceso a créditos y participación en proyectos productivos. Según MinJusticia, esta medida reconoce que las mujeres han enfrentado históricas barreras en la tenencia de la tierra, una situación que las dejó más expuestas a la pobreza y a las secuelas del conflicto.
Tierra, participación y justicia: la transversalidad del enfoque
En participación política, el Acuerdo establece compromisos para aumentar la presencia de mujeres en espacios públicos y crear condiciones de seguridad para lideresas y defensoras de derechos humanos. El Ministerio de Justicia subraya que estos mecanismos incluyen principios de paridad, alternancia y medidas específicas de protección, vitales en un país donde la violencia política contra las mujeres sigue siendo persistente.
En el capítulo sobre el fin del conflicto, se exige información desagregada por sexo y se reconoce de manera explícita la violencia sexual como hecho victimizante, un avance central señalado tanto por MinJusticia como por Sisma Mujer. El Acuerdo también establece mecanismos de protección para mujeres excombatientes en sus procesos de reincorporación.
En el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, el enfoque de género implica reconocer las violencias diferenciadas y garantizar la participación de las mujeres en la búsqueda de verdad y justicia. El informe de Sisma Mujer enfatiza que la violencia sexual —históricamente invisibilizada— fue reconocida finalmente como un crimen relacionado directamente con el conflicto, y no como un daño periférico.
Los ejes centrales de un enfoque que busca transformar la vida cotidiana
Los ejes del enfoque de género, descritos tanto por MinJusticia como por Sisma Mujer, convergen en una misma dirección: transformar las condiciones estructurales que reproducen desigualdades. En el campo, el Acuerdo promueve el acceso equitativo a la tierra para mujeres rurales y el fortalecimiento de su autonomía económica.
En lo político, busca que las mujeres participen de manera real y decisoria en los espacios de liderazgo local y nacional. En materia de seguridad, resalta la necesidad de proteger a las mujeres frente a violencias específicas del conflicto, incluida la violencia sexual. A nivel de justicia, garantiza la participación de las mujeres en las audiencias de verdad y en los procesos de reparación integral. Finalmente, exige que los sistemas de información y las políticas públicas incorporen indicadores y análisis de género desde su diseño hasta su evaluación. En conjunto, estos ejes buscan evitar no solo que los daños del pasado se repitan, sino que las estructuras que los permitieron sigan vigentes.
Una implementación que avanza, pero tropieza
Más allá del diseño, el desafío ha estado en la implementación. Según reportes de organizaciones de mujeres, aunque la participación femenina en programas territoriales y en procesos de reincorporación ha aumentado, las brechas persisten. Los recursos siguen siendo insuficientes, la formalización de tierras para mujeres avanza lentamente y la violencia contra lideresas se mantiene como una amenaza constante.
El Reglamento del proceso de elección de instancias de participación —incluido en los documentos oficiales del Portal para la Paz— muestra que, sin normas claras, la representación diversa corre el riesgo de diluirse. Además, persisten resistencias culturales en territorios donde el liderazgo femenino es cuestionado o donde estructuras patriarcales profundamente arraigadas limitan la participación.
La paz con enfoque de género: una tarea que apenas comienza
El Acuerdo de Paz es histórico, reconocido internacionalmente y puesto de ejemplo para la solución de otros conflictos en el mundo.
“Se presenta como una base ineludible para la adopción de medidas afirmativas y para la profundización democrática en el entendido que no es posible contribuir y consolidar la paz sin la participación efectiva de las mujeres, las personas LGBTIQ+ y sus procesos colectivos u organizativos” explica el informe del Grupo de Trabajo Género en la Paz, GPAZ.
El Acuerdo reconoce las desigualdades de género, y los impactos diferenciados del conflicto armado en hombres y mujeres.
“El Acuerdo Final busca garantizar durante su implementación condiciones de igualdad real y efectiva, a partir de la adopción de medidas que favorezcan a los grupos tradicionalmente marginados o discriminados con fundamento en los enfoques territorial, de género, de derechos y étnico” (Mesa de Conversaciones en La Habana)
La reincorporación
Asimismo, el enfoque de género en la reincorporación de las personas firmantes de paz, reconoce las necesidades específicas de cada grupo poblacional, garantiza la protección de los derechos, “el enfoque de género en el marco de la reincorporación parte de aquellas ganancias adquiridas por hombres y mujeres durante la vida guerrillera expresadas en compartir roles y desdibujar la división sexual del trabajo existente en la sociedad colombiana, para generar un cuerpo colectivo basado en relaciones de solidaridad y compañerismo” explica el Consejo Nacional de Reincorporación componente Comunes, CNR Comunes.
Las mujeres firmantes de paz siguen construyendo caminos para la implementación en los territorios, así pues, el CNR Comunes ha trabajado desde diversos encuentros para la construcción de la Estrategia de Prevención, Protección y Seguridad, y es un acto de reconocimiento a las mujeres que siguen apostando por la paz en medio de adversidades, “mujeres y personas LGBTIQ+ que firmaron la paz hoy siguen levantando la voz, no solo por su propia seguridad, sino también por el derecho de las futuras generaciones a vivir en un país más justo, incluyente y libre de violencias” señala el CNR en su página web.
El llamado es a seguir manteniendo la voluntad política y las acciones de las instituciones, no vale que las garantías estén en un papel, es necesario que haya acciones concretas y seguimiento al cumplimiento.
La implementación del Acuerdo: las mujeres siguen esperando celeridad
El V Informe de observaciones sobre los avances en la implementación del enfoque de género del Acuerdo de Paz, señala que, hay falta celeridad en la implementación de la política de género del Acuerdo de Paz, y esto se debe a diversos factores.
Por ejemplo, uno de los obstáculos para el cumplimiento del punto 1 del Acuerdo Final de Paz son las dinámicas estructurales del patriarcado y cómo se manifiesta: “existe una manifestación del patriarcado en la familia que lleva a arreglos familiares que desincentivan la titulación de tierras a las mujeres, incluso con una legislación que permite que accedan a la tierra como titulares únicas.
» En este sentido, tener el título en sí mismo no es suficiente para garantizar la autonomía económica de las mujeres y de sus hijos e hijas. Hay también un fuerte arraigo de creencias sexistas basadas en imaginarios sobre los roles y estereotipos de género que pueden llevar a un aumento de la violencia basada en género como resultado de la titulación de la tierra a favor de las mujeres” explica el Informe.
Asimismo, hay un escenario de obstáculos estructurales: no hay una recolección de datos con la inclusión de la perspectiva de género, no hay actualización de datos oportunamente y se presentan inconsistencias en la información disponible.
Las dificultades para la implementación del punto 3 cada vez son más críticas los problemas asociados a la información persisten; hay una política de desmantelamiento de organizaciones criminales sin enfoque de género y hay una limitada participación de las organizaciones de la sociedad civil.
En el punto 5. Victimas, se reconoce que el conflicto tiene múltiples causas y ha ocasionado sufrimiento en la población, y se señala que las víctimas son el eje central del Acuerdo Final de Paz, sin embargo, “es imprescindible atender los impactos diferenciales del conflicto armado para las mujeres, las personas LGBTIQ+ y otros grupos diferencialmente afectados” explica el Informe.
Por tal razón, las instancias de reparación y protección de los derechos son fundamentales para la construcción de paz, no obstante, hay falta de comunicación y acreditación con estas organizaciones, tales como la JEP, lo que hace que el proceso de reparación siga siendo lenta.
Así pues, se debe reconocer la voluntad política del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez en la construcción a la política de paz total, “con un enfoque de seguridad humana y para desbloquear el funcionamiento de instancias como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, así como para actualizar el PMI, es evidente que aún se encuentra distante de una adecuación suficiente del diseño institucional y de la creación de condiciones para que las acciones emprendidas tengan eficacia” comparte el V Informe.
Por tal razón, es necesario poner en marcha un plan para acelerar la implementación de las medidas de género del Acuerdo Final de Paz que no cuenten con mecanismos legal para su concreción, no tienen ningún avance o están rezagadas, tal como lo recomienda el Grupo de Trabajo Género en la Paz, GPAZ.
El enfoque de género del Acuerdo Final de Paz es una apuesta transformadora que busca redefinir cómo Colombia entiende la guerra, la justicia y la reconstrucción del tejido social. Como lo subrayan MinJusticia y Sisma Mujer, su éxito depende de que el Estado lo implemente con continuidad, de que la sociedad civil vigile su cumplimiento y de que las mujeres, históricamente marginadas, ocupen el lugar que les corresponde en la construcción de paz. La firma del Acuerdo sentó las bases: ahora el país debe decidir si está dispuesto a sostenerlas.
