En Colombia, la brecha pensional de género no es un error del sistema: es la expresión más cruda de un modelo que se alimenta del trabajo gratuito de las mujeres
Laura Amaya Soto
@Bolchevique
Aunque las mujeres colombianas han alcanzado mayores niveles educativos que los hombres, su participación en el empleo formal sigue siendo menor y más precaria, en consecuencia, solo una de cada ocho logra pensionarse, frente a uno de cada cuatro hombres.
El sistema pensional, heredero de la lógica neoliberal impuesta por la Ley 100 de 1993, reproduce las desigualdades estructurales del mercado laboral: empleos informales, bajos salarios, intermitencias por maternidad y la sobrecarga del trabajo doméstico no remunerado.
Una mujer con una trayectoria laboral similar a la de un hombre recibe, en promedio, un 23,5 % menos de mesada pensional, según datos del DANE, y, aunque se suele hablar de la brecha salarial, la inequidad pensional es un reflejo más profundo de la injusticia económica que atraviesa el cuerpo de las mujeres.
Producción y reproducción: el doble yugo del capital
Alexandra Kollontai advirtió hace más de un siglo que el capitalismo mantiene a las mujeres en una doble esclavitud: como trabajadoras asalariadas y como reproductoras gratuitas de la fuerza de trabajo.
En la fábrica o la oficina se vende la fuerza laboral a cambio de un salario; pero en el hogar, el sistema se beneficia de nuestro tiempo, energía y cuidado sin pagarlo. Crían, alimentan, cuidan enfermos y sostienen la vida cotidiana que permite la existencia del trabajador -todo eso sin cotizar, sin reconocimiento y sin pensión-.
Según el DANE, las mujeres dedican en promedio más de siete horas diarias al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, frente a poco más de tres horas que dedican los hombres. Esa carga invisible explica por qué las trayectorias laborales son más cortas y discontinuas, reduciendo el tiempo de cotización y, por ende, la posibilidad de acceder a una vejez digna.
El resultado es brutal: solo el 13,2% de las mujeres logran pensionarse, y cuando lo hacen, sus mesadas son 28% más bajas que las de los hombres.
Justicia social o paliativo del sistema
El Pilar Solidario —antes conocido como “Colombia Mayor”— es la base del sistema, se trata de una transferencia no condicionada de ingresos para las personas mayores que nunca lograron pensionarse.
Actualmente entrega un apoyo bimensual, pero la reforma plantea ampliar su cobertura y monto, para que ningún adulto mayor viva por debajo del umbral de pobreza extrema.
Desde una perspectiva comunista-feminista, este pilar representa una medida de justicia social en un país donde la acumulación capitalista se ha sostenido sobre la explotación del trabajo femenino gratuito. No es una dádiva: es una forma mínima de redistribución del valor que las mujeres han generado toda su vida sin reconocimiento monetario.
Además, la ampliación del Pilar Solidario beneficiaría principalmente a las mujeres, que son mayoría entre las personas mayores sin pensión, más pobres e informales. La expansión del Pilar Solidario podría aumentar la cobertura en un 30%, garantizando que cientos de miles de mujeres mayores dejen de depender económicamente de sus familias o de la caridad.
Sin embargo, esta medida enfrenta más de cien demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, que podrían devolver la reforma al Congreso. Si eso ocurre, Colombia seguiría bajo la Ley 100 de 1993, un régimen neoliberal que premia la formalidad, es decir, a los pocos que logran sobrevivir dentro del mercado laboral, y castiga la informalidad estructural que afecta especialmente a las mujeres.
Lo que está en juego
Ahora bien, el Pilar Solidario no resuelve por completo la brecha pensional, pero marca una ruptura con la lógica privatizadora y mercantil del sistema. En lugar de dejar la vejez en manos de fondos privados que especulan con el ahorro, propone un modelo basado en la solidaridad intergeneracional y de clase.
Su esencia es profundamente política: reconoce que no todas las personas han tenido las mismas condiciones materiales para cotizar y que el trabajo de cuidado, aunque no cotice, tiene valor social y económico.
Para las mujeres trabajadoras, especialmente las del campo, las cuidadoras y las trabajadoras informales, este pilar sería una garantía mínima de vida digna, un paso hacia un sistema que reconozca la deuda histórica que el Estado y el capital tienen con ellas.
Pero si el proyecto es derrotado, Colombia consolidará un modelo donde la vejez de las mujeres seguirá siendo un negocio para los fondos privados.
Por una vejez socialista y digna
La brecha pensional de género no se supera con reformas parciales, como señaló Kollontai, la emancipación femenina solo será posible cuando el trabajo doméstico y de cuidado sea socializado por el Estado: comedores públicos, lavanderías colectivas, guarderías estatales y sistemas de cuidado remunerado.
Solo así las mujeres dejarán de ser la base invisible que sostiene la acumulación del capital. Mientras tanto, la lucha por una pensión digna, universal y feminista es parte de la lucha de clases.
Las mujeres no pedimos caridad: exigimos el derecho a una vejez libre de pobreza, como resultado de toda una vida sosteniendo la fuerza de trabajo de este país.
La bandera roja de la emancipación también se levanta en la vejez: porque sin justicia pensional, no hay justicia social, ni igualdad real, ni socialismo posible.
