jueves, octubre 2, 2025
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Ecuador: Noboa en modo dictadura

Junto a las medidas de excepción, está el calificativo de ‘terroristas’ a los líderes populares y a los protagonistas de la protesta social. Por esa razón, toda la concepción de libertades democráticas está en juego con la pretensión del gobernante de reformar la constitución del país

Alberto Acevedo

La decisión del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de aumentar hasta en un 40 por ciento las tarifas del diésel, una medida considerada profundamente lesiva para el bolsillo de los ecuatorianos; sumado a la idea de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, que entre sus consideraciones contempla una reforma a la Carta Política que permita el regreso de las bases militares norteamericanas,y el rol del mandatario en la cacareada ‘lucha contra el narcotráfico, constituyen los ingredientes de una ‘tormenta perfecta’, como suele afirmarse en el lenguaje del cine.

La chispa que prendió el incendio de la pradera de la protesta social, que se expresa en un potente paro nacional que aún se mantiene, fue la decisión de Noboa de eliminar el subsidio al diesel lo que disparó el precio del combustible hasta en un 40 por ciento.

Históricamente, en Ecuador el aumento en el precio de los combustibles ha sido la mecha que enciende todas las insurrecciones, que arrinconaron a varios presidentes, incluso en los tiempos del antecesor de Noboa, el señor Guillermo Lasso, quien después de una vigorosa protesta popular debió decretar la ‘muerte cruzada’, adelantar las elecciones y poner fin a su mandato.

Paro indefinido

En 2019, la protesta social puso también contra la pared al entonces presidente Lenin Moreno al pretender imponer un alza general en combustibles. La fuerza de la movilización obligó al mandatario a abandonar la sede de Gobierno en Carondelet, en Quito, y trasladarse a Guayaquil, donde anunció la reversión de la medida.

En esta ocasión, la reacción de los movimientos populares no ha sido diferente. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, Conaie, el mismo actor de las protestas sociales en las últimas tres décadas, convocó  un ‘paro indefinido’ en contra de ese aumento. A esa convocatoria se han sumado nuevas organizaciones de base, territoriales y gremios urbanos y rurales.

Los bloqueos en las carreteras se multiplican y las manifestaciones llegan a las ciudades, como sucede en la provincia de Cotopaxi, un lugar caracterizado por la fuerte presencia indígena.

Y es que la decisión de aumentar el precio del diésel no es poca cosa. Su rechazo unifica a sectores antes distantes, como los que representan la Conaie y el correísmo. Ya durante la administración de Noboa, en 2024, una consulta anterior obtuvo resultados contradictorios. Se brindó apoyo a las medidas de seguridad propuestas, pero se rechazó las económicas, lo que muestra a una población que no produce apoyos automáticos y tiene una visión crítica, aferrada al acontecer político.

Estado de excepción

Una vez iniciadas las protestas, Noboa declaró el “estado de excepción”, con “toque de queda nocturno” en ocho provincias, medida que entrega facultades a la fuerza pública para reprimir a la población y restringe el derecho de locomoción, y otras libertades. Por esta razón, analistas independientes no vacilan en señalar que la administración Noboa camina aceleradamente por sendero de la dictadura.

Junto a las medidas de excepción, está el calificativo de ‘terroristas’ a los líderes populares y a los protagonistas de la protesta social. Por esa razón, toda la concepción de libertades democráticas está en juego con la pretensión del gobernante de reformar la constitución del país.

Y es que la actual Constitución, nacida bajo la administración de Rafael Correa, dio continuidad a las constituciones progresistas de 1929, 1945 y 1979, conjunto normativo que proclama a Ecuador como un Estado de paz, soberano, plurinacional y de derechos. La norma de normas prohibió las bases militares extranjeras, reconoció la resistencia social y dispuso una economía social y solidaria del Buen Vivir.

Pionera

La Constitución de la Revolución Ciudadana es pionera en el mundo en reconocer derechos de la naturaleza, amplía y fortalece derechos sociales, individuales, comunitarios, laborales; potencia la protección y garantías a las inversiones estatales, sectores estratégicos y servicios públicos de educación, salud, seguridad social. Como se desprende, es una normatividad que se opone a los principios neoliberales. Por eso ha sido permanentemente atacada por los grandes empresarios y los sectores de derecha ligados a estos.

Otro ingrediente que incide en la conflictividad ecuatoriana, porque es de público conocimiento es el nuevo liderazgo del país suramericano en la producción y exportación de cocaína que sale de los puertos de ese país, en su inmensa mayoría camuflada dentro de enormes cargamentos de banano, por aguas del Pacífico, rumbo a Estados Unidos y Europa.

Poder mafioso

Las principales empresas transnacionales que producen y/o exportan ese banano, tienen sede en Estados Unidos. Una de las más importantes, por el volumen de fruta exportada, es la ecuatoriana Noboa Trading, que posee la marca Bonita Banana. El grupo controla la cadena completa de producción, comercialización, producción de insumos y la exportación. Los verdaderos dueños y beneficiarios del consorcio Noboa Trading, según documentos filtrados por los Pandora Papers, son Daniel Noboa, presidente de Ecuador, y su hermano John Noboa.

Otro accionista de este consorcio es Inmobiliaria Zeus S.A., de la familia Noboa, incluido el actual presidente. En informe publicado este año, la Comisión Europea asegura que el 57 por ciento de los contenedores que salieron de Guayaquil, principal puerto ecuatoriano, transportaron la cocaína en medio de esa fruta.

Y aunque existen denuncias muy puntuales que vinculan a empresas que controlan la cadena de exportación de banano en Ecuador con el tráfico de cocaína, incluyendo la Noboa Trading, las investigaciones judiciales nunca han prosperado. Esto porque los fiscales responsables son, curiosamente, removidos de sus cargos en forma regular. El nuevo funcionario nombrado debe empezar casi desde cero.

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