El proyecto de Ley de “desmantelamiento y sometimiento de organizaciones criminales”, radicado por el ministro de Justicia Eduardo Montealegre en julio pasado, representa una de las últimas apuestas legislativas para consolidar la política de Paz Total
Diego Alejandro Martínez (*)
La iniciativa busca ofrecer beneficios penales y patrimoniales a estructuras armadas ilegales a cambio de colaboración, algo de verdad y desmonte efectivo. Sin embargo, su contenido ha suscitado intensos debates sobre constitucionalidad, legitimidad y eficacia.
Para abordar este asunto, es necesario reflexionar sobre el tipo de conflicto armado existente. Como plantea Francisco Gutiérrez Sanín en Tierra, guerra, política: vuelta a las raíces, Colombia oscila entre una guerra perpetua y la mutación hacia un nuevo ciclo de violencia.
Este autor sostiene que la violencia histórica no ocurre como episodios aislados, sino como ciclos interconectados por vasos comunicantes, como el que enlazó la violencia liberal-conservadora del siglo XX con la contrainsurgente posterior.
En este marco, organizaciones armadas surgidas del bipartidismo ─como las autodefensas de inspiración comunista desde los años cincuenta─ terminaron rebelándose contra ese mismo orden latifundista. Tras la irrupción del Acuerdo Final de Paz en 2016, AFP, que significó el cierre del conflicto armado con la antigua guerrilla de las FARC-EP y un posterior panorama de incumplimientos, experimentamos hoy una confrontación armada diferente, marcada por la incorporación acentuada de economías criminalizadas y negocios como factores estructurales.
Esta mutación configura un nuevo ciclo de violencia con estructuras que, más que ideológicas, tienen fundamentos económicos y territoriales, con profundas implicaciones en el modelo de desigualdad y violencia criminal.
Tradición negociadora
Debe tenerse en cuenta que una parte considerable de las élites políticas ha rechazado, por segunda vez, el proyecto de sometimiento presentado por el gobierno progresista. Otras voces han expresado críticas legítimas, concretamente por las posibilidades de ser un “cheque en blanco” al crimen organizado.
Independientemente de su contenido, se olvida que en Colombia han existido históricamente pactos de paz informales, que representan el tipo de acuerdo más común entre el Estado y diversos grupos armados, incluidos los sucesores del paramilitarismo. Estos pactos siempre han involucrado acuerdos de no agresión hasta entendimientos más amplios, como la reducción de la violencia, el reparto de poder o la distribución de recursos ─lícitos o ilícitos─.
A modo de ejemplo, el Estado colombiano cuenta con una larga tradición de negociaciones informales con grupos armados de variada naturaleza, los cuales indican un tipo de participación en el negocio de las economías criminalizadas y otras formas de gobernanza territorial.
Así lo evidencian los acuerdos celebrados por los presidentes Betancur, Barco y Gaviria con actores considerados explícitamente “criminales”, como Pablo Escobar y el cartel de Medellín en la década de 1980; o los realizados por el hoy condenado presidente Uribe entre 2004 y 2006, con estructuras paramilitares profundamente vinculadas al narcotráfico y al entramado político estatal.
Una solución multidimensional
El AFP surge como una solución que representa una hoja de ruta para enfrentar el fenómeno de las economías criminalizadas, caracterizado como multidimensional al involucrar factores económicos, políticos y el acceso al derecho a la justicia para las víctimas, en particular las comunidades campesinas gravemente afectadas por su persistencia.
Se propone una agenda democratizadora orientada a abordar integralmente los cultivos de uso ilícito y las economías criminalizadas, mediante la implementación del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, la formulación de Planes Integrales de Intervención Territorial y, en el ámbito judicial, el diseño de una política eficaz de desmantelamiento de estructuras criminales desde la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, asunto ausente en la propuesta.
Como compromiso aún pendiente, se destaca la necesidad de expedir una norma que habilite jurídicamente el acogimiento o sometimiento de dichas estructuras criminales y sus redes de apoyo. Esta acción debe ser liderada por la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, creada en la implementación del AFP. Sin embargo, a pesar de su creación, recordemos que la administración del exfiscal Néstor Humberto Martínez se opuso a la amplitud de su mandato con autonomía. Ya entendemos sus razones.
Insistir en el diálogo
Como demócratas, debemos respaldar la expedición de la norma, pero el Gobierno nacional y la bancada progresista deben reconocer la complejidad del problema y ajustar en su formulación: se requiere incluir una política integral de sometimiento judicial, que combine incentivos jurídicos con el fortalecimiento de la Unidad Especial de Investigación creada por el AFP.
No es viable aplicar mecanismos de perdón judicial sin garantizar el esclarecimiento de los crímenes cometidos por estructuras criminales contra comunidades campesinas, indígenas, jóvenes y firmantes del Acuerdo. Esta salida judicial ─sometimiento y justicia restaurativa─ debe diferenciarse claramente de la que corresponde a estructuras armadas de carácter político, frente a las cuales la ruta deberá ser el uso del diálogo y la negociación, como en el caso del ELN, entre otros.
