A propósito de las recientes denuncias del presidente Gustavo Petro sobre varios atentados frustrados contra su vida, ha quedado en evidencia la existencia de una poderosa organización que controla los principales negocios de la cocaína en América Latina
Simón Palacio
@Simonhablando
En los últimos meses, el presidente Gustavo Petro ha denunciado la existencia de una “Nueva Junta del Narcotráfico” que funcionaría desde Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos. De acuerdo con el jefe de Estado, esta trasnacional del crimen dirigía poderosos negocios de la cocaína en América Latina.
Recientemente, el presidente Petro volvió a dar información sobre la “Junta”, también conocida como la “Gran Alianza”, estableciendo sus conexiones con el asesinato del exfiscal paraguayo Marcelo Pecci, la nueva guerra esmeraldera, la votación vía deep web para asesinarlo, la negligencia al interior de la Fiscalía para investigar los casos, entre otros hechos.
El origen
Aunque, oficialmente, ninguna autoridad nacional o internacional ha confirmado la existencia de la “Junta”, sí existen indicios. Según Petro, esta nueva generación de narcos operaría con métodos sofisticados a partir de redes transcontinentales. En otras palabras, se trataría de una trasnacional del narcotráfico.
No obstante, se ha conocido que esta organización es la evolución de la “Junta Directiva”, una coordinación narcotraficante que operó desde la década de 1990 y que se diferenció con los otrora poderosos carteles de Medellín y Cali, por su discreción y camuflaje con la alta sociedad colombiana.
El portal InSight Crime los caracteriza como “los invisibles”, siendo sus principales cabecillas Luis Agustín Caicedo Velandia, alias “don Lucho”; Juan Francisco Caicedo, alias “el ingeniero”; Julio Lozano Pirateque, alias “don Julio”, “Patriarca” o “Patricia”; Daniel “el loco” Barrera; Claudio Silva Otálora, alias “el patrón”; Óscar Pachón Rozo, alias “Puntilla”, y los hermanos Ignacio y Juan Fernando Álvarez Meyendorff.
En la década de 2010, la mayoría de estos narcotraficantes fueron capturados fuera del país, para luego ser extraditados a los Estados Unidos, lugar donde negociaron sus condenas a cambio de dinero e información. Después regresaron a Colombia y reactivaron sus negocios de narcotráfico con Estados Unidos y Europa, situación que revivió viejas confrontaciones, sobre todo en el bajo mundo de las esmeraldas.
Las pistas
De acuerdo con las investigaciones, el asesinato en julio de 2021 de Luis Agustín Caicedo, alias “don Lucho”, y de su abogado, dejó en evidencia la reactivación de la organización criminal de “los invisibles”. Al parecer, con esta acción, la estructura delincuencial quedó al mando de Julio Lozano Pirateque, que ya había establecido su residencia en Abu Dabi.
Pero todo cambió con el comienzo del gobierno de Gustavo Petro en agosto de 2022 y el posicionamiento de la nueva política de drogas enfocada a la interdicción, que aumentó positivamente las incautaciones marítimas y terrestres de grandes cargamentos de estupefacientes.
Para enfrentar la situación, Lozano Pirateque diseñó nuevas rutas para exportar cocaína por el océano Atlántico, principalmente desde Brasil, Argentina y Uruguay, estableció contactos y alianzas con otros grupos, especialmente con la banda brasilera Primer Comando de la Capital y las redes del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, conocido como el “Rey del Sur”.
Por último, la red trasnacional estaría compuesta por narcos de otras nacionalidades. Esto quedó en evidencia frente a la reciente captura en Venezuela del serbio Antun Mrdeza, conocido por fugarse espectacularmente en 2022 del aeropuerto José María Córdova de Rionegro, o el caso del albanes Dritan Gjika, que fue apresado en Dubái por los meses de junio de este año, y que han sido identificados por Petro como miembros activos de la “Junta”.
El caso Pecci y los francotiradores
Tres días después de posesionado como presidente, Petro se refirió al asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci ocurrido en mayo de 2022 en Cartagena. En esa ocasión, el jefe de Estado acusó al narco uruguayo Marset de ser el autor intelectual del homicidio, motivado por las investigaciones del fiscal que ya había logrado varias capturas de narcotraficantes ligados a la red trasnacional.
Sin embargo, fue en un Consejo de ministros de febrero de 2025, donde Petro cuestionó directamente el papel de la Fiscalía que lideró Francisco Barbosa, porque además de sacar del caso a Marset, no protegió la vida de Francisco Luis Correa, cerebro de la operación en Cartagena, quien fue posteriormente asesinado en la cárcel La Picota.
Adicional a esta conexión, dos cruentos hechos han dejado en evidencia el modus operandi de la “Junta”. Se trata de los asesinatos en agosto de 2024 de Juan Sebastián Aguilar, alias “Pedro Pechuga”, y el reciente homicidio de Jesús Hernando Sánchez, heredero del zar de las esmeraldas, Víctor Carranza, ocurrido el 6 de abril de este año.
La similitud en los dos crímenes es clara. Fueron ejecutados por un experto francotirador y los hechos se dieron en un exclusivo conjunto residencial del norte de Bogotá ubicado en los Cerros Orientales. De hecho, el presidente Gustavo Petro ya había denunciado que detrás de estos sofisticados atentados estaría Lozano Pirateque, con el objetivo de quedarse con el poder de la mina Santa Rosa.
Preguntas
Las delicadas denuncias realizadas por Petro incluyen un intento de asesinarlo por francotiradores el 20 de julio de 2024 ─información aportada por la Embajada de los Estados Unidos─; un frustrado atentado con bomba en el marco de la COP-16 desarrollada en Cali; el hallazgo de un sospechoso armamento en un sector por donde pasa habitualmente la caravana presidencial y, recientemente, una amenaza al avión presidencial que se encontraba en el aire y que obligó a un cambio forzado en el itinerario.
Al respecto, el presidente no ha dudado en responsabilizar de estos hechos a la “Junta”, que presuntamente, en alianza con las disidencias de “Iván Mordisco” y el Clan del Golfo, habría estructurado estos planes. Es tanta la información que dice tener el jefe de Estado, que ha asegurado que la orden de su asesinato fue resultado de una votación virtual realizada en la deep web.
Frente a estas denuncias ─que la gran prensa en ocasiones ha minimizado y en otras ha ridiculizado─ surgen varias preguntas clave. ¿Por qué los Estados Unidos sabían del frustrado plan de asesinato del 20 de julio de 2024? ¿Por qué no han avanzado las investigaciones en la Fiscalía, si el mismo presidente ha dicho que ha aportado material probatorio para que estas avancen?
