El contrato de la Registraduría, con la poderosa compañía de valores para la logística de las elecciones de 2026, despertó la desconfianza del presidente. ¿Qué hay detrás?
Federico García Naranjo
@garcianaranjo
Un gran revuelo se ha producido esta semana debido a la firma de un contrato por más de 2.1 billones de pesos para la organización logística de las elecciones de 2026, entre la Registraduría Nacional y un consorcio del que hace parte la compañía Thomas Greg & Sons, TGS. La polémica se desató porque ante la noticia, el presidente Petro dijo a través de una publicación en la red social X que no confiaba en la transparencia de las elecciones.
La decisión fue tomada por el registrador nacional Hernán Penagos, un gris politiquero caldense quien tiene abierta una indagación preliminar desde 2018 en la Procuraduría por presuntos malos manejos y nepotismo en la seccional Caldas del Sena. Penagos llegó al cargo a través de un concurso lleno de irregularidades y representa el mismo sector político del anterior registrador, Alexander Vega, cercano al Partido de la U y que hace varios años controla la entidad.
La licitación para el contrato contó con la participación de diez proponentes, pero fue denunciada por algunos de ellos como amañada, pues al final la única propuesta que cumplió con todos los requisitos fue la de TGS. Algo que ─y no es coincidencia─ viene sucediendo en Colombia desde, al menos, 2010.
En este último año, TGS contrató con el Estado por 88 mil millones de pesos y, para las elecciones de 2014 y 2015, contrató por más de 690 mil millones. Hoy la compañía prácticamente se ha convertido en el monopolio que controla la documentación y las elecciones en el país.
Un nombre pomposo
La compañía Thomas Greg & Sons, a pesar de su aristocrático nombre, es una empresa de capital colombiano con sede en la isla inglesa de Guernsey, reconocida como un paraíso fiscal. Se dedica al transporte de valores y a la producción de documentos de seguridad como cédulas, pasaportes y tarjetones electorales.
El empresario bogotano Gregorio Bautista la fundó en 1991, después de comprar la operación en Colombia de Thomas de la Rue, reconocida empresa británica de valores de la que Bautista había sido representante en nuestro país desde 1960.
En la actualidad, TGS es propiedad de los tres hijos de Bautista: Felipe, Camilo y Fernando. Los dos últimos fueron condenados por estafa por la justicia estadounidense en 1986 y pagaron cárcel. Se les acusó de haber estafado a más de 25 bancos por más de 105 millones de dólares a través de exportaciones ficticias de café.
No obstante, TGS ha recibido ─y sigue recibiendo─ millonarios contratos del Estado colombiano, así como de numerosos Estados en América Latina. Las conexiones de la compañía con los altos círculos de poder han facilitado que siempre gane las licitaciones en las que participa. En su junta directiva han estado políticos como Juan Manuel Santos, Andrés Pastrana y Noemí Sanín.
Poder fáctico
El problema de que TGS organice las elecciones de 2026 es que sea una sola compañía, con tantas conexiones con el poder político y con demostradas irregularidades en el procesamiento de la información electoral. Las recurrentes irregularidades, como el despojo de dos curules del Congreso al partido MIRA, que fueron reconocidas en 2018, y la pérdida de más de 500 mil votos del Pacto Histórico en 2022, son suficientes evidencias de que el sistema electoral colombiano es débil y debe ser modernizado.
TGS se ha convertido en un poder fáctico, es decir, un actor político no elegido por el pueblo, con tal capacidad de influencia que puede incluso distorsionar la voluntad popular. La existencia de poderes fácticos es algo habitual en los regímenes representativos. En muchos países, la Iglesia, los empresarios, los militares o los medios de comunicación se convierten en actores tan importantes como los partidos políticos, los movimientos sociales o las instituciones.
El problema es que el Estado debe, según la teoría liberal, encauzar e incorporar las demandas de los poderes fácticos entendiendo que sus intereses son particulares y no generales. En Colombia, por el contrario, TGS como poder fáctico medra su poder de su relación carnal con las élites que controlan el Estado y termina poniéndolo a su servicio.
El cuasi monopolio que ejerce sobre la información de los colombianos, la expedición de cédulas, la logística electoral y, hasta hace poco, la expedición de pasaportes, la convierten en un factor peligroso para la transparencia electoral.
La narrativa: Petro se contradice
Los voceros de la derecha y los medios corporativos de desinformación salieron, al unísono como siempre, a desestimar la desconfianza del presidente con la transparencia electoral de 2026. La narrativa fue que Petro se contradecía por quejarse de la falta de transparencia en elecciones que él mismo había ganado, como las de la Alcaldía de Bogotá en 2011 o las presidenciales de 2022, también organizadas por TGS.
Las voces que quisieron imponer dicha narrativa fueron tan simultáneas y tan similares en su lenguaje, que hacen pensar no en una espontánea corriente de opinión sino en una acción coordinada.
Este tipo de imposiciones narrativas, como hemos visto muchas en Colombia, efectivamente se construyen a partir de unos pocos orientadores que definen unas palabras, unos tonos y unos encuadres adecuados para explicar las noticias. Esas palabras, tonos y encuadres son copiados y reproducidos por los medios de comunicación y por formadores de opinión, para luego ser compartidos por miles de usuarios y terminar siendo asumidos como ciertos por millones de personas.
La disputa por el relato y por el poder
Lo interesante es que gracias a las nuevas tecnologías, más personas pueden ahora acceder a otros enfoques y descubrir las mentiras y la desinformación. Es parte de la decadencia de los medios tradicionales en Colombia, no solo por la feroz competencia de las nuevas tecnologías, sino por su constante y al parecer irremediable pérdida de credibilidad.
Así que no, el presidente no está paranoico. TGS no garantiza la transparencia de las elecciones. El monopolio que ejerce, la imposibilidad de auditar sus procesos, su pasado oscuro, sus estrechos vínculos con el poder, todas ellas son razones para dudar de la limpieza del proceso electoral que se avecina.
Por ello, pase lo que pase, la única forma de que no se repita el fraude electoral en 2026 es que cada uno y cada una seamos testigos en, al menos, una mesa de votación. ¡El fraude no pasará!
