El 28 de mayo, el Gobierno de Javier Milei publicó finalmente el Decreto de Necesidad y Urgencia, DNU, 366 de 2025, con el que busca realizar profundas modificaciones a las leyes de migración y de ciudadanía
Fernando Torres Padilla
El decreto que modifica las condiciones de alrededor de 1,9 millones de residentes extranjeros a lo largo de todo el territorio Argentino, no requiere ser aprobado por el congreso para convertirse en ley, debido a las facultades delegadas que ostenta el Presidente.
En un comunicado de prensa de la oficina de la Presidencia, publicado dos semanas antes, el Gobierno informó que el objetivo de esta reforma es “garantizar que el dinero de los pagadores de impuestos se utilice en ellos y no en aquellos que hacen abuso de nuestros servicios públicos”. Este tipo de afirmaciones, según expertos consultados, desconocen que los extranjeros pagan más impuestos en relación al uso que hacen de algunos servicios en comparación con los argentinos.
La reforma contiene principalmente medidas que buscan endurecer los requisitos de ingreso y permanencia en el país, tales como, prohibir el ingreso por lugares no habilitados, lo que podría restringir el tránsito pueblos originarios que históricamente han habitado y circulado por zonas de frontera, exigir a quienes ingresen una declaración jurada que explique el motivo de su entrada, y también, establecer criterios más rigurosos para el otorgamiento de la residencia permanente, como la acreditación de medios de subsistencia. Esto último dificultará este trámite para quienes trabajan en condiciones de informalidad.
¿Qué establece?
La nueva normativa establece también que se le exigirá a los extranjeros la declaración y actualización de un domicilio electrónico destinado a atender procesos administrativos y jurídicos. Y en materia de deportaciones, se simplificarán las instancias recursivas, que una persona en proceso de deportación puede usar para apelar, y se acortarán los plazos judiciales, lo que le permitirá al Gobierno acortar los tiempos y los trámites requeridos para la expulsión de personas migrantes.
En materia de salud y educación, bajo el pretexto de que la atención a extranjeros hace deficitario el sistema y es la causa del deterioro en el servicio en estas dos áreas, el decreto habilitará a los establecimientos de salud públicos a realizar el cobro por los servicios de atención médica a los extranjeros que no residan establemente en el país, y permitirá también, a las universidades públicas fijar aranceles a esta misma población. Adicional a esto, las personas que deseen ingresar al país deberán contar con un seguro de salud al momento de hacerlo.
Otro de los puntos clave de la reforma es la modificación del trámite de ciudadanía, el cuál dejará de ser potestad del poder judicial, como lo ha sido hasta ahora, y pasará a manos de la Dirección Nacional de Migraciones. También facultará al Ministerio de Economía, actualmente a cargo de Luis Caputo, a definir los criterios mediante los cuales se otorga la ciudadanía Argentina a personas que realicen una inversión significativa. Según expertos en temas migratorios, este tipo de medidas podrían facilitar delitos como el lavado de dinero.
Dentro de las consideraciones expuestas por el ejecutivo para justificar la necesidad y la urgencia de esta reforma, se indica que la actual Ley de Migraciones y la Ley de Ciudadanía vigentes, no se ajustan a los desafíos actuales y genera riesgos para la seguridad, estabilidad social y sostenibilidad de los servicios públicos del país.
Un gobierno en contra de los migrantes
El gobierno argumenta que el “ingreso descontrolado” de inmigrantes supone una amenaza a la seguridad pública del país debido a la saturación de los servicios administrativos. Sin embargo, los expertos advierten que el aumento de los controles y las regulaciones no siempre significa una disminución en la cantidad de personas que ingresa al país, sino, un deterioro de las condiciones en que lo hacen. Esto quiere decir que las personas que no puedan ingresar al país de manera regular, lo van a hacer de forma irregular, lo que las hace objeto de maltrato por parte de las fuerzas de seguridad, pero también las vuelve vulnerables a mafias dedicadas a actividades ilícitas como la trata con fines de explotación sexual o esclavización laboral.
Esta reforma sumada a otras medidas también llevadas a cabo por el Gobierno de Javier Milei, como el aumento en los costos de los trámites de residencia, y problemáticas como las crecientes demoras en los trámites de regularización, significan un retroceso en las condiciones tanto para quienes residen en la Argentina como para quienes pretenden ingresar al país.
Dado este contexto y en medio de un año con votaciones intermedias en el que se eligen legislados para renovar bancadas en distintas provincias del país, el Gobierno deja claro que está dispuesto a promover el odio contra los migrantes con el fin de conseguir sus objetivos electorales.
Según establece la ley, el Gobierno tiene 10 días para presentar el DNU ante el legislativo, una vez ocurra esto, el decreto necesitará ser rechazado por ambas cámaras para poder ser derogado. De este modo, quedará en manos del Congreso la decisión de permitir o no este avance en contra de los derechos de las personas migrantes.
