En el año 2000, Jineth Bedoya Lima padeció el secuestro, tortura y violación por investigar vínculos entre paramilitares y funcionarios del Estado. Su caso devela, una vez más, impunidad e ineptitud de la justicia
Rocío Quintero Gil (*)
En El Estado y la Revolución (1917), Lenin sostiene que el Estado no es un órgano neutral al servicio del bien común, sino una maquinaria de represión mediante la cual una clase domina a otra, apoyándose en la burocracia, las leyes y las fuerzas armadas.
Esta concepción materialista del Estado permite comprender que la violencia institucional no se limita al uso de la fuerza física, sino que incluye mecanismos simbólicos, jurídicos e ideológicos que garantizan la reproducción del orden social existente.
Desde una articulación entre el pensamiento marxista, feminista y decolonial, se analiza el caso de Bedoya como un ejemplo paradigmático de la violencia sexual ejercida como instrumento de represión política y control social.
Estado victimario
La historia de la violación de Jineth revela cómo el aparato estatal puede convertirse en cómplice activo de la censura, la impunidad y la violencia patriarcal, especialmente contra quienes se atreven a denunciar las estructuras de poder.
Según Foucault, el poder moderno se manifiesta en la capacidad del Estado de decidir sobre la vida y la muerte. Aun bajo su forma jurídica relativa y “civilizada”, el Estado conserva el derecho soberano ─explícito o encubierto─ de determinar qué cuerpos merecen ser protegidos y cuáles pueden ser sacrificados. Característica atroz cuando recae sobre los cuerpos feminizados, históricamente tratados como botín de guerra.
El capitalismo transforma el cuerpo de las mujeres en propiedad privada, susceptible de control, compraventa y castigo. Esta construcción social no solo habilita la violencia sexual como arma de terror político, sino que también refuerza su función disciplinaria, como mecanismo de humillación, sometimiento y reproducción de la dominación de clase y de género.
No es la excepción, es la regla general
No es un hecho fortuito, ni producto exclusivo de actores armados ilegales. Fue un crimen funcional al orden dominante: una advertencia ejemplar para quien se atreva a investigar vínculos entre estructuras de poder, violencia paramilitar y corrupción institucional. El Estado no solo actúa por acción directa, sino también por omisión, negligencia y encubrimiento. Sus aparatos ─tanto represivos como ideológicos─ participan en la perpetuación de la violencia.
Louis Althusser sostiene que el Estado ejerce su poder mediante dos grandes dispositivos: los aparatos represivos (policía, ejército, sistema judicial) y los aparatos ideológicos (escuela, familia, medios de comunicación, iglesia). Ambos operan de forma complementaria para reproducir las condiciones materiales y simbólicas de dominación. En el caso de Bedoya, esa lógica se expresó en la impunidad judicial, en la revictimización institucional y en el silencio mediático que rodeó su caso durante años.
Historia del caso
El 25 de mayo del año 2000, Jineth Bedoya acudió a la cárcel La Modelo de Bogotá para entrevistar al exparamilitar Mario Jaimes Mejía, alias “El Panadero”, como parte de una investigación periodística sobre el presunto tráfico de armas entre paramilitares y funcionarios estatales. Al salir del penal, fue interceptada, secuestrada, drogada, torturada y violada por miembros de grupos paramilitares, en represalia directa por sus reportajes. La brutalidad del crimen respondió a un mensaje político: silenciar a una periodista que desafiaba los pactos de poder al interior del Estado.
El aparato judicial colombiano actuó con lentitud, desidia y parcialidad. Pasaron diecisiete años hasta que se produjeron las primeras condenas anticipadas. Solo en 2019, un tribunal especializado sentenció a dos autores materiales por secuestro, tortura y acceso carnal violento.
En 2021, la Fiscalía acusó a un dragoneante del Inpec por haber facilitado el secuestro y, en 2023, se inició el primer juicio contra un funcionario público implicado. Sin embargo, la mayoría de los responsables, especialmente los autores intelectuales y funcionarios estatales involucrados, siguen sin ser investigados ni procesados.
En 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH lo declaró admisible y concluyó que el Estado colombiano violó múltiples derechos fundamentales de Jineth Bedoya: su integridad personal, libertad, honra, dignidad, libertad de pensamiento y expresión, así como sus garantías judiciales. El Estado incumplió su obligación de investigar, sancionar y prevenir estos hechos, en violación de la Convención Americana, la Convención contra la Tortura y la Convención de Belém do Pará.
En 2019, al no observar avances sustantivos en Colombia, la CIDH remitió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, en agosto de 2021, dictó una sentencia histórica, declarando la responsabilidad internacional del Estado.
Más allá de su impacto jurídico, este fallo representa un hito político en América Latina: por primera vez, un tribunal internacional reconoció que la violencia sexual fue utilizada como herramienta de censura contra una mujer periodista en el contexto de un conflicto armado.
La Corte estableció que el cuerpo de las mujeres y, en particular, de las mujeres que desafían el poder sigue siendo un territorio donde se libra la guerra de clases, de géneros y de memorias. Demostró que las agresiones sexuales no son hechos excepcionales ni “crímenes pasionales”, sino formas estructurales de represión con respaldo implícito o explícito del Estado.
No basta con denunciar
Es urgente repensar el papel de los movimientos feministas y populares en la construcción de justicia. La experiencia de Jineth Bedoya muestra que el Estado burgués no solo es incapaz de proteger a quienes lo enfrentan, sino que muchas veces actúa como garante de la impunidad.
No basta con denunciar: exige organizarse para desmontar los aparatos ideológicos y represivos que perpetúan la violencia. Urge la construcción de un poder popular feminista y comunista en defensa de la vida, la memoria y la dignidad de quienes han sido violentadas por atreverse a luchar.
La tarea no es solo resistir. Es crear las condiciones políticas, sociales y culturales para transformar el orden existente desde sus raíces. Solo una organización colectiva, articulada desde abajo, será capaz de levantar una justicia verdadera, reparatoria y profundamente emancipadora.
* Colectivo de Maestros Leonardo Posada Pedraza-William Agudelo
