El Gobierno busca garantizar la efectividad de los derechos de la gente, lo que es coherente con el mandato del pueblo en las urnas
Pietro Lora Alarcón
El gobierno del cambio no ha ignorado ni mantenido una actitud desafiadora ante el Congreso. Por el contrario, en el marco de la separación constitucional de funciones para ejecutar las tareas transformadoras del Estado, envió, desde el primer año legislativo, un conjunto de propuestas de reforma dirigidas al cumplimiento de las finalidades constitucionales.
Sin embargo, el triunfo presidencial y la bancada legislativa vigorosa no han sido suficientes para concretizar los objetivos trazados de establecer un auténtico Estado social de derecho. A las dificultades administrativas que enfrenta el Gobierno se añade la propia naturaleza antidemocrática del régimen político.
Entorpecer, obstruir y oponerse
Desde el comienzo, se ha constatado que la lucha política de clases se ha extendido al plano institucional, donde las elites dominantes condensaron sus acciones para mantener un control hegemónico en los órganos encargados de distribuir las funciones estatales. De esta forma, entorpecen los caminos de la transformación por la vía de las reformas, impiden la eficiencia administrativa e intentan colocar al Gobierno permanentemente a la defensiva en la arena judicial.
La obstrucción de los procesos legislativos en el Congreso era hasta cierto punto esperada. Este órgano, en un período de más de siglo y medio de vida formalmente constitucionalizada, retrata en su mayoría, con contadas excepciones, el poder territorial de los clanes financieros, de los terratenientes y gremios económicos, en algunos casos vinculados comprobadamente al paramilitarismo.
En nuestra historia, la supuesta estabilidad constitucional, mostrada al mundo como ejemplo de convivencia civilizada entre el Ejecutivo y opositores ejerciendo controles en el legislativo, que habría impedido la instalación de dictaduras, no pasa de ser una falacia cuando se pueden constatar ciclos de violencia y genocidio contra el pueblo y organizaciones de oposición, en un contubernio narco-civil-paramilitar que ha atentado contra la vida y las libertades.
Vamos por soberanía popular
La propuesta de avanzar a una democracia deliberativa y participativa, que supere las imperfecciones de un modelo electoral construido para beneficiar sectores dominantes que, incluso, se opusieron recientemente a una reforma política que acogiera las expresiones de una sociedad plural y ansiosa por educación, salud, pensiones y trabajo, hace parte del ideario del Pacto Histórico, de sus metas y su compromiso transformador.
La iniciativa gubernamental de acudir al artículo 103 de la Constitución para convocar una consulta estimuladora del debate sobre las reformas laboral y a la salud, no solamente es viable, sino que fortalece la soberanía popular.
Como señala la Corte Constitucional, mediante la Sentencia T-123 de 2009, permite que el pueblo, “directamente, tome decisiones, modifique o deje sin efecto las que sus representantes en las corporaciones públicas hayan adoptado, ya sea por convocatoria o por su propia iniciativa”.
Para algunos demócratas del siglo XV, que abundan en el sinuoso paisaje político nacional, la propuesta tiene el inconveniente de que se aproximan las elecciones presidenciales. La Registraduría no tendría tiempo hábil para su preparación. Además, dicen los críticos, sería peligrosa porque, si cada vez que el Gobierno siente que peligra la aprobación de sus proyectos apela a una consulta, esto sería una amenaza velada al Congreso.
Sobre el primer argumento, es curioso que, en esa visión, a pesar de que la democracia sea un sistema con un marco constitucional definido, que busca la ampliación cuantitativa de oportunidades reales de participación ciudadana, así como su recomposición cualitativa en lo político electoral y económico-social, predomine el examen temporal de la consulta, sobreponiendo las formas a la substancia, es decir, a la materialización de la soberanía popular.
Lo importante de la consulta es su capacidad movilizadora, el aprendizaje y la acción popular que implica el ejercicio colectivo de decidir.
En el segundo argumento prima el temor a profundizar la democracia por razones jurídico-formales. Es común, bajo esa óptica, defender que el Congreso tiene voluntad propia y sólo es regulado por los debates en su interior.
El enfoque ya fue desmitificado hace un tiempo, concluyéndose que las decisiones legislativas no son irrefutables, porque la democracia representativa en la que se funda no solamente está permeada por fuerzas corrosivas, sino porque resulta contemporáneamente rezagada ante la pluralidad política y social. Por eso, un proyecto jurídico-constitucional se construye de abajo hacia arriba y no lo contrario.
Más democracia
Es claro que, si las instituciones como el Congreso no son suficientes para avanzar a nuevos estadios de transformación, porque progresivamente fueron obstruidas por la corrupción o el clientelismo, la solución es más y no menos democracia. Es precisamente lo que propone en estos momentos el Gobierno.
Las resistencias populares han peleado en territorios y ciudades para que sus derechos no se disuelvan en el lenguaje de textos legislativos hechos a la medida de poderes mafiosos y corruptos. Por esta razón, la lucha por un nuevo poder democrático va de la mano de la movilización popular, que no es una amenaza, sino una legítima manifestación que, a los ojos de las elites dominantes, puede ser demoledora.
Es necesaria una nueva relación entre pueblo y Gobierno, conscientes de que derechos no ejercidos son derechos inexistentes.
