Luz Marina López Espinosa
Sí. Como si de esas series audiovisuales cuyos capítulos se renuevan y prolongan según la acogida del público, lamentablemente volvemos a ser audiencia confundida de esta larga saga de violencia que es la historia del Catatumbo. Y confundida no sólo en el sentido del dolor que nos causa la situación que allí se vive, sino, literalmente, de la dificultad de comprenderla.
Al escuchar las versiones de las partes involucradas, lo primero que debemos destacar para una interpretación adecuada que permita una propuesta de solución efectiva es que ninguna de las partes es acertada. El ELN, al calificar a la disidencia conocida como Frente 33 como un grupo paramilitar y narcotraficante, justificaría así su accionar en su contra y, lo que aún es más grave, contra la base social que lo respalda. Sin embargo, esta afirmación no es totalmente cierta aun considerando sus evidentes muestras de descomposición, sino que tampoco autoriza la arremetida de los elenos contra la población civil.
Por su parte, el Frente 33 atribuye iguales calificativos al ELN, lo acusa de ser asesino de niños y mujeres, lo cual tampoco es histórica. No obstante, ambos grupos comparten la responsabilidad de asesinar a los firmantes de paz de la otrora FARC-Ep. Finalmente, para redondear, el presidente Gustavo Petro descalificó al ELN de manera categórica, señalándolo de ser sólo una organización de delincuencia común cuya especialidad son los crímenes de guerra y contra la humanidad.
Estos extremismos son entonces los que debemos superar para un diagnóstico e intervención adecuados, porque la alternativa que tales representaciones conducen no es otra ─¡Atención!─ que la que hoy, por culpa de la insensatez del ELN, claman desde diversos sectores, y que sabemos, según experiencias vividas, encarna todos los peligros: la seguridad. Por más noble que suene la palabra y por más altos que sean los propósitos con los que se la decore, ha sido bandera de las tiranías.
Que se troque la política presidencial de Paz Total por la Seguridad Total, el nunca renunciado anhelo de la derecha, corazón de su ideario. Llámese Estatuto de Seguridad, Seguridad Democrática o cualquier otro, siempre esta palabra evoca pulsaciones de represión y violación de derechos.
Por eso, lo que ocurre en el Catatumbo implica ─cómo negarlo─ la necesaria presencia de la fuerza pública para ocupar un territorio hoy en poder de disidencias, de bandas criminales y narcotraficantes. Y, de manera inevitable, considerar que allí hay 50.000 hectáreas sembradas de coca que, se quiera o no, es combustible del conflicto. Son rentas demasiado cuantiosas para no resultar tentadoras al portador de un fusil. Y cómo esta dinamiza la economía de la región y genera mano de obra, es imperativo que esa ocupación militar venga de la mano de la intervención social del Estado. Obviedad tantas veces dicha, tantas otras escamoteada.
Porque la irrigación de la economía ilícita de esos cultivos en la lícita tiene que compensarse con subsidios, asistencia y, en definitiva, de condiciones dignas de vida para la martirizada población del Catatumbo.
