Es el reconocimiento al logro del bien supremo en Colombia y el espaldarazo de Noruega y de la comunidad internacional al acuerdo final de La Habana.
Carlos A. Lozano Guillén
Piedad Córdoba, querida amiga y compañera de mil batallas por la paz, escribió: “Siempre le agradeceré al presidente @JuanManuelSantos haber insistido con tozudez por la paz, Vamos a acompañarlo a recibir el Premio Nobel”. Quienes conocen bien a Piedad saben que ella es “frentera”, enemiga de las lisonjas o zalamerías.
Y estamos de acuerdo. Lo decimos con la autoridad de haber dudado de su voluntad de paz cuando inició los primeros acercamientos a los pocos meses de su posesión. Tal vez la única coincidencia que encontramos después, en el tiempo, fue el proceso de paz, asumido en medio de debilidades, concesiones y temores. También hay que decirlo. Pero se llegó al acuerdo final de La Habana y ello demuestra que hubo la voluntad política para aceptar la existencia del conflicto y firmar el acuerdo. Es un hecho histórico, trascendental, lo más importante del convulsionado proceso político en mucho tiempo. Es lo que no entienden los que tienen una visión estrecha desde este lado.
Por eso, no vemos con desdén ni molestia la entrega del Premio Nobel de la Paz al presidente Juan Manuel Santos, así, en justicia, debería haberla recibido también el comandante de las FARC-EP, pero el Premio Nobel de la Paz en poder de Santos es el reconocimiento al logro del bien supremo en Colombia y el espaldarazo de Noruega y de la comunidad internacional al acuerdo final de La Habana.
El discurso de Santos fue interesante hasta el punto que reconoce que las FARC tuvieron la voluntad “de abrazar, de alcanzar la paz, porque sin ella el proceso hubiera fracasado”, aunque tiene evidentes omisiones. Entre estas ninguna alusión al papel tan importante que jugó el comandante de las FARC-EP, Timoleón Jiménez, quien ha debido ser invitado a la ceremonia. Y la más importante: el vacío a las víctimas del terrorismo de Estado. Ni una palabra al genocidio de la Unión Patriótica, perpetrado por esa alianza de paramilitares, agentes del Estado, narcotraficantes, empresarios y caciques políticos regionales, con la más completa impunidad estatal.
Lo saben muy bien en Naciones Unidas, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en las ONG, que más del 80 por ciento de las violaciones a los derechos humanos y al DIH provinieron de la alianza Estado y paramilitares, porque la Fuerza Pública auspició las acciones criminales, participó en varias de ellas y promovió las doctrinas anticomunistas para eliminar al “enemigo interno”. Estas fueron el caldo de cultivo de la guerra sucia. No olvidemos la cátedra del ex subdirector del DAS en las escuelas paramilitares con el nombre de “Matar comunistas no es delito”. El presidente Santos, quien habló bien del perdón que piden las FARC, debió hacer lo mismo a nombre del Estado con relación a sus víctimas. Era lo mínimo acorde con el Premio Nobel de la Paz.
