Estamos ante un proceso de descuartizamiento de Ecopetrol. La USO ha privilegiado el diálogo con la Administración pero los resultados son infructuosos.
Luis Jairo Ramírez H.
En un caso inédito, la USO, junto a algunos sectores políticos, logra la nacionalización del petróleo después de la gran huelga declarada desde el 7 de enero de 1948. La ley 165 de diciembre de 1948 autoriza al Gobierno la creación de una empresa colombiana de petróleos y el decreto 0030 de 1951 crea Ecopetrol, la que se encargaría de la política de hidrocarburos en el país.
Durante los últimos 15 años las élites gobernantes han fortalecido una nueva política petrolera para favorecer los intereses de las corporaciones multinacionales de hidrocarburos, reduciendo sistemáticamente la participación del Estado en la renta petrolera, bajo el criterio de estimular la inversión extranjera y la “confianza inversionista”. La ley 756 de 2002, firmada por el presidente Uribe, modificó las regalías para los hidrocarburos, rebajándolas del 20% a un promedio escalonado del 9%.
El presidente Santos inició el año con un plan de ajuste económico que incluye una escalada de privatizaciones de los bienes públicos como Isagén, ETB y ahora pretende vender Propilco, una de las empresas filiales de Ecopetrol, que fue comprada en el año 2008 en 680 millones de dólares. En el año 2015 tuvo utilidades netas de 119 mil millones de pesos, siendo la primera empresa colombiana en el sector de los plásticos y la tercera en Latinoamérica y ahora pretenden venderla incluso por debajo del valor de compra.
Las finanzas del Estado han recibido de Ecopetrol, en los últimos cinco años, 72 billones de pesos; sin embargo, sistemáticamente, han venido aplicando un plan de desarticulación y marchitamiento promoviendo la venta de sus activos estratégicos más valiosos, a la vez que viene desconociendo y eliminando los derechos de los trabajadores.
A lo anterior se viene a sumar la cancelación abrupta del Proyecto de Modernización de la Refinería de Barrancabermeja, lo cual está poniendo a la refinería en un estado de obsolescencia. El Gobierno no ha desmentido la privatización del segmento de transporte, mayoritariamente en manos de la filial Cenit, valorada en más de diez mil millones de dólares. Estamos ante un proceso de descuartizamiento de Ecopetrol. La USO ha privilegiado el diálogo con la administración de Ecopetrol pero los resultados son infructuosos, lo cual, seguramente, llevará a los trabajadores a la huelga para defender a Ecopetrol como patrimonio público, los hidrocarburos en clave de paz y los derechos de los trabajadores y las comunidades aledañas a los campos petroleros.
La Segunda Asamblea Nacional por la Paz, convocada por la USO, Mintrabajo y la Universidad Nacional, durante todo el año 2015 abrió un proceso de participación y debate social a nivel de todo el país sobre el tema minero-energético y ambiental; se planteó allí un diálogo nacional minero-energético y para ello se ha instalado formalmente la Mesa Social Minero-Energética y Ambiental por la Paz, que propone desarrollar los puntos reivindicativos a conseguir de manera inmediata, pero con propuestas de cambios de legislación de la política minero-energética de largo plazo.
Trascender de un escenario de diálogo y reflexión a un escenario de incidencia significativa en la agenda pública del sector minero-energético requiere de la articulación entre plataformas de la sociedad civil que compartan la apuesta por un sector minero energético incluyente, comprometido con el desarrollo humano integral, la equidad, la preservación socioambiental y unos posacuerdos que hagan posible la paz con justicia social para Colombia.
