Por: Jaime Caycedo Turriago · Secretario General del PCC
En los acuerdos del 23 de junio las FARC-EP dieron vía libre al mecanismo de refrendación que acodara la Corte Constitucional. Ésta declaró exequible la ley estatutaria por la cual se regula el plebiscito el cual será convocado luego de suscribirse el Acuerdo final. No hay duda de que son densos y tortuosos los trámites para llegar a éste, pero se avanza en esa dirección. Hay que tener en cuenta que se negocia, no entre socios sino entre adversarios de una larga guerra. Cada punto acordado plantea una compleja cadena de medios de implementación políticos pero también jurídicos, las más de las veces a cargo de instituciones hegemonizadas por el poder contrainsurgente.
Desde la campaña La Paz Sí es Contigo defendemos una visión diferente del sí que agitan el gobierno y la llamada Unidad Nacional. El reto principal del plebiscito consiste en que por vez primera el pueblo puede intervenir con su voto en la decisión del tránsito de la guerra a la paz. En el crudo debate entre las fracciones encontradas de la burguesía la coincidencia en el sí arrastra mucho más que el aval al presidente para dar pista a unos compromisos. Es, en el fondo, una expresión de la derrota de la solución militar contrainsurgente y la consolidación de la vía del diálogo, de la solución política y de los acuerdos para superar la traumática y prolongada confrontación social y política armada. Es, pese a sus limitaciones, un avance civilizatorio para el país. El desafío para la izquierda y las fuerzas avanzadas es agitar el SI levantando las reivindicaciones populares con las banderas de una auténtica apertura democrática y de reformas sociales inaplazables.
El gobierno desprecia el grave alcance negativo del maltrato a las reclamaciones y protestas ciudadanas, la imposición de medidas impopulares como la ley de Zidres, la privatización de Isagén, el anuncio de privatizar entidades públicas como ETB y GTI de propiedad mayoritaria del Distrito Capital, el Código de Policía, el reforzamiento del Esmad y su nefasto papel criminal, como también las anunciadas reformas tributaria y pensional orientadas a agravar la situación de las capas medias. En esa lógica de clase se hermanan el gobierno y el CD. Pero no hay que subestimar sus distanciamientos merced a los cuales el diálogo pudo abrirse paso. La consigna del no en cabeza de la ultraderecha uribista propone el utópico fin de “renegociar los acuerdos” para pedir cárcel para los ex combatientes y prohibir su actuación en la vida política. Lo que no pudieron lograr en el campo de batalla quieren alcanzarlo ahora con una jugada electoral para bloquear el curso del proceso, promoviendo el no o provocando la incertidumbre que genera abstención. Es grotesca, tramposa e irracional la anti pedagogía que intenta sustentar el no. Pero es distractora y engañosa la campaña de algunos sectores en la izquierda que equivocan radicalmente su análisis del momento y terminan haciéndole el favor a quienes se han especializado en torpedear la solución política y el diálogo. Las derechas, ultras o moderadas entienden lo que está pasando pero marcan sus líneas rojas en puntos distintos. Los distraídos en la izquierda no comprenden el sentido del momento histórico ni calibran el potencial que encierran los acuerdos para el despliegue futuro de las luchas populares.
