Los sectores conservadores y retardatarios y el ala más retrógrada de la Iglesia Católica armaron un tsunami con lo que llamaron “ideología de género” para desvirtuar el mandato de la Corte Constitucional sobre educación sexual diversa en los centros educativos. Histeria homofóbica
Nixon Padilla
El debate sobre la actuación del Ministerio de Educación Nacional, MEN, en cumplimiento de un mandato de la Corte Constitucional de revisar los Manuales de Convivencia escolares con el propósito de combatir la discriminación y el acoso por causa de la orientación sexual y la identidad de género, terminó convertido en un tsunami de odio de la derecha política y religiosa del país.
Este movimiento, encabezado por la elite evangélica, católica, sus representantes políticos, la ultraderecha uribista y el procurador Ordóñez, tuvo dos propósitos: el primero, asestar un duro golpe político y mediático a los avances que en materia de reconocimiento de derechos han tenido las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros en los últimos tiempos; y el segundo, apuntalar la estrategia contra los acuerdos entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional.
La polémica basada en prejuicios insostenibles, en publicaciones mentirosas, verdades a medias y el miedo por la sexualidad, generó una histeria colectiva que de manera irracional puso en la mira a las personas LGBTI. Las marchas convocadas destilaban odio y exclusión. En las redes sociales se amplificaron los insultos, amenazas y señalamientos sin fundamentos. Nunca se habían citado, en tan pocos días, tantos capítulos y versículos de la biblia para justificar la discriminación. Toda la artillería del sectarismo y el dogmatismo religioso apuntaron hacia los avances que en materia de derechos ha ganado la población LGBTI.
Pero el hecho que dejó al descubierto la hipocresía de sus consignas en favor de los “valores familiares” y contra lo que llamaron “ideología de género”, es la evidente estrategia de utilizar esta polémica para desgastar al gobierno y fortalecer las fuerzas que se oponen al proceso de paz y su refrendación plebiscitaria. El chantaje al que sometieron a Santos dio sus frutos. Rápidamente el gobierno salió a descalificar los documentos que el Fondo de Naciones Unidas para las Poblaciones y Colombia Diversa, entre otras instituciones, habían elaborado para orientar el proceso de revisión de los Manuales de Convivencia escolares, por el temor que le costara el apoyo de estas expresiones religiosas al plebiscito.
Lo problemático es que el resultado de este retroceso, antes que ganar el apoyo al proceso de paz, fortalece a sus detractores, ahora arropados bajo el manto del dogma religioso y de “defensores de la familia”. Se ha abierto el camino para que la ultraderecha utilice libremente el báculo religioso contra las aspiraciones de paz en el país. En esta jugada santista de intercambiar derechos por votos, pierde la democracia y el estado laico. Y lo peor, no se gana nada.
Estas jornadas homofóbicas dejan serios problemas planteados.
El primero, es que abre espacio a iniciativas inconstitucionales como el referéndum que impulsa la senadora Viviane Morales, contra la adopción de menores por parejas homosexuales o por padres y madres solteras.
El segundo, es que seguramente se meterá en el congelador cualquier iniciativa que se oriente a cumplir las sentencias contra la discriminación y el acoso escolar, así como la expedición de la Política Pública Nacional LGBTI que el gobierno Santos prometió desde su primer mandato.
El tercero, es que los directivos y docentes homófobos de escuelas y colegios van a sentirse legitimados para ahondar su acoso contra los niños, niñas y adolescentes que expresen una orientación sexual o identidad de género no mayoritaria, generando tal grado de miedo y terror, que se podría repetir la tragedia de Sergio Urrego. El ambiente discriminatorio va a elevar el riesgo de agresiones y violencia contra las personas LGBTI en todo el territorio nacional.
Así pues, el debate poco tiene que ver con la educación y los derechos de los niños, niñas y adolescentes, estos han servido para enmascarar propósitos menos nobles. La ultraderecha política y la elite católica han jugado sus cartas, toca a los sectores democráticos jugar las nuestras.
La solidaridad con los sectores sociales LGBTI y sus derechos, que son propios de una nación democrática, debe expresarse sin ambages, así como la denuncia de la maniobra derechista contra las aspiraciones de paz del pueblo colombiano.
