La guerra que aún vivimos no es responsabilidad exclusiva de los autores armados directos, sino también los grupos económicos locales y transnacionales, en particular los expoliadores de los recursos minero energéticos, los latifundistas agropecuarios y los propietarios del capital financiero
Nelson Fajardo
Los días 3 y 4 de mayo del año 2016, la Unión Nacional de Empleados Bancarios, UNEB, en asocio con la CUT, Fenasibancol y UNI Sindicato Global, realizaron el I Foro Financiero para la Paz Integral y Duradera, al cual asistieron más de 500 personas congregadas para escuchar los planteamientos de importantes personalidades de la banca privada y el sector solidario, de la academia, el sindicalismo y el Gobierno nacional, representado por el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y la Ministra de Trabajo, Clara López.
Un primer objetivo de este Foro es promover entre los trabajadores y accionistas del sector financiero un ambiente favorable hacia el proceso de paz, su refrendación y la fase del post-acuerdo; como también buscar constituir una mesa permanente de discusión con los banqueros, a fin de construir una política financiera que oriente el ahorro público de manera “virtuosa” hacia el logro de una paz integral y duradera, con inversión productiva, trabajo decente y bienestar colectivo y familiar.
El Foro se abrió con la ponencia de la UNEB, leída por su presidenta Sofía Espinosa, que incluyó un análisis de coyuntura y una serie de propuestas para construir una política pública financiera democrática e incluyente, fundamentada en principios de justicia, igualdad y solidaridad.
Según la ponencia presentada por la UNEB, la guerra que aún vivimos no es responsabilidad exclusiva de los autores armados directos, sino también los grupos económicos locales y transnacionales, en particular los expoliadores de los recursos minero energéticos, los latifundistas agropecuarios y los propietarios del capital financiero, que para la UNEB han sido corresponsables del conflicto colombiano. Un conflicto que, de acuerdo con el registro oficial de la Unidad para las Víctimas, entre 1985-2015 sumó ocho millones de víctimas, que podrían llegar a nueve millones en 2021. El costo de su reparación se estima en $50 billones (16.667 millones de dólares).
Esta situación se acompañó del proceso de “financiarización”, iniciado en la década de 1970, potenciado por el modelo neoliberal en los años 80 y consolidado durante la última década del siglo XX, ha contribuido a encumbrar la violencia, a debilitar la tasa de inversión productiva y promover instituciones económicas extractivas, a aumentar la inflación, el desempleo, la precarización del mercado de trabajo y la flexibilidad laboral.
El término “financiarización” indica que la lógica financiera se sobrepone a la lógica productiva en el proceso económico. El ascenso del capital financiero como poder económico y político es paralelo a la pérdida de soberanía de los Estados nacionales; cuando el capital financiero entra a dominar la lógica del proceso de acumulación de capital, tiene la tendencia a crear burbujas de carácter especulativo con sus tres lógicas perversas: cambiaria, financiera y balanza de pagos. La crisis que provocan estas burbujas contribuye a escalar los conflictos sociales.
El impacto de la “financiarización” desencadenó al finalizar el siglo XX la peor crisis económica y social de la historia contemporánea de Colombia, que amenazó la solvencia de la gran mayoría de los establecimientos de crédito. Ella ha conducido también a que los ingresos del trabajo progresen menos que las utilidades del capital; ha obstaculizado la reducción de la pobreza y la exclusión, despojado de sus viviendas a las clases populares y medias, animado la corrupción, la especulación, la cultura mafiosa y el lavado de activos, exacerbando los conflictos sociales, políticos, económicos y ambientales, y, de manera continua, desequilibrado las finanzas públicas y a la vez restando recursos a las políticas públicas de carácter social.
Así que es inocultable la corresponsabilidad del capital financiero en el conflicto colombiano. Por lo que no puede ser ajeno a las preocupaciones y los retos orientados a lograr que las víctimas de éste conozcan la verdad de lo sucedido, reciban una respuesta o reparación integral, y la garantía de no repetición.
La paz no ocurre, se construye: la UNEB, dice en su ponencia, que ha agitado las banderas en pro de subordinar lo financiero a lo productivo, para que el Estado cumpla su función reguladora tanto de los flujos especulativos internacionales de capital, como del sistema financiero en su conjunto, con el fin de conducir a una utilización eficiente del ahorro en la inversión productiva y promover los sectores estratégicos que necesita el país. Según la UNEB, el precio de una guerra tan prolongada, puede valer 190 billones, 364.330 millones de pesos colombianos de 2015. Cifra un poco superior al precio propuesto por la revista Semana, de 160 billones.
Los tiempos que transcurren son de esperanza. La ciudadanía colombiana democrática, las organizaciones de los trabajadores y los movimientos sociales, vienen promoviendo los principios de equidad y de justicia social como base de la nueva Colombia en paz.
Este I Foro Financiero es de gran relevancia y llama al compromiso de todos y todas con los procesos de paz. Dos inquietudes nos quedan: el sector financiero es el que maneja y mueve el capital dinero; mientras que el capital financiero reúne todas las formas del capital actual, organizado en grandes corporaciones monopólicas. La segunda, está relacionada con la unidad de la izquierda y los sectores democráticos reunidos en una sola fuerza política y social, que asegure el triunfo definitivo y prolongado de esa paz integral y duradera. Esa fuerza es el Frente Amplio.
