Cobra validez una vez más la consigna de los sectores democráticos en el sentido de retornar al Estado el control y administración de este sector clave de la economía colombiana.
Iván Posada P.*
iposada47@hotmail.com
La intensidad del fenómeno del niño que azotó gran parte del territorio colombiano hasta finales de marzo de 2016 puso de manifiesto la errada política en materia del manejo y administración del estratégico recurso energético, a tal extremo que aún no está descartado del todo un racionamiento de energía eléctrica a nivel nacional.
Por efectos del cambio climático, la intensidad de las sequías y de las lluvias se ha venido incrementando con el tiempo, no solo en Colombia, sino en toda la región del Pacífico sur. También es cierto que la gran mayoría de la energía que se produce en el país proviene de las hidroeléctricas que generan cerca del 75 por ciento de la energía demandada, hecho que las hace muy vulnerables respecto del régimen de lluvias que aseguren un nivel mínimo para generar la energía eléctrica.
Estas circunstancias ocultan el alto grado de improvisación, falta de planeación estratégica y en algunos casos de corrupción que giran en torno a este sector.
Improvisación porque los diagnósticos meteorológicos desde hace un año hacían prever la intensidad del verano para el 2016 y no se tomaron las medidas preventivas correspondientes. Incluso en el tema de mantenimiento es increíble que un incendio en la casa de máquinas de la hidroeléctrica de Guatapé, que genera 5 por ciento del total nacional, ocasionara la salida del servicio de esta central , junto con las de San Carlos y Playas, que operan en cadena. Volverla a poner en funcionamiento al cien por ciento tarda cerca de seis meses. Las hidroeléctricas son sistemas que operan las 24 horas al día, por lo tanto el mantenimiento debe ser óptimo.
Ausencia de planeación estratégica pues se trata del suministro indispensable para la industria, el comercio, el alumbrado público, y por supuesto para los hogares y por lo tanto es necesario asegurar la continuidad en el servicio.
Precisamente con este fin la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, creó en 2006 el cargo por confiabilidad, que es la remuneración que reciben las generadoras para “garantizar la atención de la demanda de energía en condiciones críticas de abastecimiento, a precios eficientes”, según reza la resolución respectiva. En otras palabras, se otorga un subsidio para que las generadoras privadas presten el servicio. Todo indica que las generadoras invirtieron estos recursos en otros rubros diferentes de lo estipulado y las consecuencias están a la vista. ¿Dónde queda pues el papel del Estado como regulador y garante para que los generadores privados garanticen el servicio?
Como medida desesperada el gobierno llamó a ahorrar el 5 por ciento en el consumo para evitar el racionamiento y a multar a hogares y empresas que no ahorren fluido eléctrico. Varias regiones están en racionamiento permanente por el pésimo servicio, entre ellas la costa atlántica y el Chocó.
Para completar el panorama, hace escasos dos meses el estado enajenó su participación accionaria en Isagén, tercera generadora de energía, quedando este sector en manos privadas en su totalidad, poniendo en riesgo la soberanía energética. Por lo anterior cobra validez una vez más la consigna de los sectores democráticos en el sentido de retornar al Estado el control y administración de este sector clave de la economía colombiana.
* Economista Universidad Autónoma de Colombia, FUAC.
