La ley de Zidres es un mensaje de tranquilidad a los empresarios agroindustriales. Se legaliza el despojo
Redacción política
En el municipio de Orocué, departamento del Casanare el Presidente Juan Manuel Santos, sancionó la ley que creará las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social, Zidres. Un nuevo instrumento jurídico que permitirá legalizar las hectáreas de tierra obtenidas de manera fraudulenta por empresas nacionales y transnacionales a lo largo y ancho del país.
Carlos Urrutia, el exembajador de Colombia en los Estados Unidos con su firma Brigard & Urrutia, fueron el germen de los novedosos instrumentos jurídicos para despojar tierras baldías, territorios dispuestos por la Constitución y la ley 160 de 1994, para la destinación específica en cabeza de campesinos pobres del país.
Una batería jurídica para el despojo son los antecedentes de las Zidres. Reventa de predios baldíos, suplantación de propietarios, fraccionamiento de empresas, alteración de las Unidades Agrícolas Familiares son entre otros los métodos para que la agroindustria se desarrolle en tierras campesinas. Pero la cuerda no templó más, y el gobierno nacional tuvo que salir urgentemente y bajo presión de los inversionistas nacionales y extranjeros a encontrar una salida. Modificar el espíritu de las tierras baldías llevándose por delante la Constitución y la ley. Así el gobierno nacional diseñó las Zidres y les entregó legalidad necesaria a los ilegítimos dueños de tierras baldías.
Los adornos de la ley
Entre las falsedades más relevantes en la ley Zidres se encuentra la supuesta asociación del campesinado para con los proyectos productivos de gran escala. Según lo dicho por el Ministerio de Agricultura, los campesinos nunca dejarán de ser los únicos destinatarios de las tierras baldías, lo que se le permite ahora es dejar de ser agricultores pequeños para apalancar proyectos de agroindustria.
“Entre los supuestos objetivos de las Zidres, está la promoción del ‘empleo campesino’ y del ‘desarrollo económico y social’ de la zona, cuando en realidad convertirán al campesinado en un grupo de asalariados en lugar de propietarios con real disposición sobre sus tierras. Ello desconoce que el modelo de economía campesina tiene otras apuestas que, de ser reconocidas e impulsadas por el Estado, traerían beneficios económicos y sociales para el país, pero principalmente para los campesinos que trabajan la tierra bajo unos supuestos diferentes a los que pretende imponer el modelo de agroindustria”, explicaba el senador Alberto Castilla, en el último debate de la ley el pasado 9 de diciembre.
Pero no solo es un golpe de mano a la Constitución y al espíritu de las tierras baldías. Es un mensaje negativo al proceso de paz y a los acuerdos firmados entre el gobierno nacional y la insurgencia de las FARC-EP. Con la Zidres, la anhelada reforma agraria integral queda postergada pues la estructura de la tenencia de la tierra en favor de una minoría se blinda jurídica y políticamente.
El presidente de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Fensuagro, Eberto Diaz, reprochó la sanción de la ley hecha a la medida de la agroindustria y en contra del interés del campesinado y de la posibilidad de hacer real un desarrollo agrario integral. “Es una contraprestación del gobierno nacional a los latifundistas de Colombia, un mensaje tranquilizador”, dijo. Y es que los empresarios del país ven con recelo los acuerdos de paz que se adelantan en La Habana, y las Zidres son la garantía para que el capital transnacional se convenza que en La Habana no se está negociando modelo económico.
Las afectaciones
Dos aspectos que se involucran en la sanción de la ley Zidres, es la oposición a las Zonas de Reserva Campesina, ZRC, un modelo de desarrollo agrario en favor de la economía campesina y de producción a menor escala, y contra el Fondo Nacional de Tierras, incluido en el primer punto de la agenda para la terminación del conflicto.
Y es que justamente uno de los puntos en el congelador de la mesa de negociaciones de La Habana se trata de cuáles serán las tierras que contribuirán al Fondo Nacional de Tierras. Y ahí está la discusión pues las tierras acogidas bajo la figura de las Zidres quedan exentan del espectro del Fondo, reduciendo considerablemente las hectáreas disponibles y necesarias para satisfacer la demanda de tierra para el campesinado colombiano. “No va existir tierra para ninguna reforma agraria y menos para el Fondo”, explica Díaz.
La Zidres concentrará un mayor número de tierras sin zonas vedadas. Inicialmente el proyecto se había diseñado para ser desarrollado en la altillanura del oriente colombiano. Pero el proyecto de ley se perfeccionó en el transito legislativo y amplió su rango de aplicación a todo el país, incluso podrá aplicarse en zonas de reserva campesina.
Doble rasero
El doble rasero del gobierno nacional no solo es con los acuerdos de La Habana. El superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez ha venido manifestando ante los medios de comunicación que la entidad a su cargo está persiguiendo a seis mil familias que colonizaron tierra en inmediaciones del departamento del Caquetá, y que, asegura Vélez, son testaferros de las FARC-EP. Ante esa infundada acusación el vocero de Marcha Patriótica, Andrés Gil le respondió: “Vélez es nada menos que el delegado de Santos para impulsar los proyectos legislativos en el Congreso de las llamadas Zidres. No deja ser cuando menos curioso que el mismo funcionario que impulsó las Zidres en el Congreso al mismo tiempo habría hecho un “falso positivo” para poder despojar y desplazar a 6.000 familias campesinas diciendo que eran testaferros de las FARC”.
Los voceros campesinas le recordaron a la Superintendencia de Notariado y Registro, que no han visto las investigaciones profundas para dar con el paradero de los despojadores de por lo menos 10 millones de hectáreas que el paramilitarismo arrebató a campesinos según lo registra la Unidad de Justicia y Paz.
Movilizaciones campesinas
Por su parte, los congresistas que se opusieron a las Zidres son de las colectividades del Polo Democrático y la Alianza Verde. Las dos bancadas alistan una demanda por inconstitucionalidad de las Zidres. “Hasta que el Gobierno no demuestre con hechos reales que tiene la voluntad de constituir un Fondo de Tierras que cumpla con la deuda histórica que se tiene con los campesinos colombianos, no se podrá lograr una paz estable y duradera en Colombia. Los campesinos no viven de buenas intenciones, ni de pomposos anuncios presidenciales, ellos están esperando hechos concretos, y están aún esperando que el Estado les garantice la propiedad de la tierra”, manifestó la representante Ángela Robledo del partido Alianza Verde.
“La Comisión Quinta no nos escuchó y el propio presidente desestimó nuestros argumentos. Una cosa es lo que se dice en La Habana y otra lo que desarrollan el Ejecutivo y los partidos de la Unidad Nacional más el uribismo”, subrayó Eberto Díaz. Las organizaciones campesinas advirtieron que el país debe prepararse para ver de nuevo a los campesinos en las calles movilizándose contra esas decisiones gubernamentales y contra los incumplimientos en los acuerdos del pasado paro agrario nacional. Se va a revivir la movilización, indican organizaciones campesinas agrupadas en la Cumbre Agraria.
