Entrevista con Luis Alejandro Pedraza, presidente de la CUT
Este jueves la Central Unitaria de Trabajadores CUT, interpuso ante el Consejo de Estado una demanda contra el decreto que aprobó el aumento del salario mínimo. De acuerdo con Luis Alejandro Pedraza, presidente de la CUT, esta medida es inconstitucional por varias razones. Mientras el salario aumentó 7%, los precios de la canasta familiar incrementaron 24%; así mismo, el alza estuvo por debajo de la inflación establecida para los salarios de bajos ingresos, que es del orden del 7.26%, y finalmente los planteamientos hechos para la recuperación del poder adquisitivo, no fueron tenidos en cuenta en la Comisión de Concertación.
Según Pedraza, lo que hizo el Gobierno fue acoger determinaciones de la OCDE y el FMI para “imponer una decisión contraria a la ley y al derecho de los trabajadores a tener salarios que les permitan acceder plenamente a la canasta familiar, que es lo que la Corte determina como el ingreso básico para la subsistencia digna”, pues mientras la canasta familiar cuesta $1.800.000, el salario mínimo está en $689.000. Un hecho que agudiza la pérdida de poder adquisitivo en la población colombiana que ya ha decrecido en un 50%.
El Consejo de Estado cuenta con 30 días para evaluar sí suspende el decreto y se adelantan nuevos estudios para determinar un alza justa y significativa en el salario mínimo, asegura Pedraza, e insiste en que este incremento debe tener en cuenta tanto la inflación como la pérdida de poder adquisitivo de la población, en esa medida debe ser por el orden del 12%, más un porcentaje adicional que permita mantener la capacidad adquisitiva, tal como lo habían planteado las agremiaciones sindicales en la Comisión de Concertación, pues con el actual modelo “se incrementa la franja de pobres en Colombia y se fortalece la acumulación de riqueza de unos pocos”.
Entretanto distintas organizaciones sociales y gremios sindicales sostienen reuniones para concertar la propuesta de un paro cívico nacional en el que se presentaran demandas especificas al Gobierno exigiendo que sean cumplidas y no que pase lo mismo que ha venido sucediendo tras las movilizaciones de distintos sectores con quienes presidencia ha pactado acuerdos que terminan siendo incumplidos. “El Gobierno actúa así simplemente porque no pasa del debate en los medios de comunicación o del berrinche de quienes finalmente resultamos afectados”, asevera Pedraza e insiste en que se debe “hacer un frente común para hacerle saber al gobierno que no puede seguir imponiendo decisiones con el silencio del pueblo colombiano”.
