El arreglo del Gobierno y la Federación, a espaldas de la mayoría de los caficultores, son paños de agua tibia, porque las causas son estructurales. Bestial represión de la Fuerza Pública contra inermes manifestantes. Escenas de terror protagonizó el Esmad. Estallidos sociales
Hernando López
La crisis de los caficultores, que desató un paro nacional de vastas proporciones, que paralizó a importantes regiones del país, no ha sido resuelta, a pesar del remedo de solución “en las alturas” del fin de la semana pasada a que llegaron los caficultores de la rancia y exclusiva Federación Nacional de Cafeteros, que no representa a los medianos y pequeños propietarios, al fin y al cabo, los más afectados por la difícil situación que afecta al sector insignia, en decadencia, de la economía agraria.
En las tinieblas de la sede de la Federación Nacional de Cafeteros se reunieron los burócratas directivos de la misma, encabezados por Luis Genaro Muñoz, incompetente gerente, con los ministros de Hacienda y Agricultura, Mauricio Cárdenas y Juan Camilo Restrepo; y unos pocos grandes caficultores, a espaldas de la gran mayoría de los afectados. Fue un acuerdo entre el Gobierno y la Federación, lo han explicado los dirigentes que mantienen el paro. Luis Genaro Muñoz saca pecho como el adalid del “acuerdo”, cuando desde un principio se opuso al paro y lo señaló de estar infiltrado por la guerrilla y políticos de oposición. Fue el argumento para la bestial represión de la Fuerza Pública.
Al tiempo, los camioneros declaraban el paro por el incremento desmesurado del ACPM; cacaoteros y arroceros organizan su propia protesta; los trabajadores de la salud salían a la calle en demanda de soluciones y en defensa de la salud pública; y los trabajadores de la Universidad Nacional persistían en el paro ante la intransigencia de las directivas y la indiferencia del Ministerio de Trabajo. En la CUT ya comienza a plantearse la necesidad de un paro nacional contra la política antipopular del Gobierno. Las medidas son para favorecer a los que más tienen, algo propio de un régimen plutocrático y de exclusión social.
Sin soluciones
El “acuerdo” son paños de agua tibia, los problemas de los caficultores son estructurales y no se reducen de manera simple a subsidios de corto tiempo. Casi un siglo duró el café como el producto emblemático de la economía agraria y nacional y como principal fuente de exportación. Aunque la depresión de los años 30 del siglo pasado llevó a la quiebra a muchos caficultores en el país, no acabó con la posibilidad de seguir cultivándolo y del beneficio de futuras bonanzas del grano.
Sin embargo, como lo explicaron el fin de semana Alfredo Molano y Jorge Robledo en El Espectador, el primer golpe muy serio fue el rompimiento del Pacto Mundial del Café en 1989. Luego sobrevino la política aperturista del libre mercado neoliberal, que hizo estragos en la agricultura. El café redujo la producción de 16 millones de sacos a 11. Colombia se vio obligada a hacer cuantiosas importaciones para satisfacer el consumo interno y poder cumplir la cuota en el exterior. Son aspectos medulares que no se resuelven en el acuerdo de marras.
Son casi 600 mil familias que dependen del café y que no ven resuelto su futuro con el reconocimiento del aumento a los subsidios, que apenas son una parte del problema. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, explicó que el 95% de los caficultores de hasta 20 hectáreas tendrán un auxilio de $115 mil por carga de 125 kilos de café pergamino seco o su equivalente. Mientras que los de más de 20 hectáreas recibirán $95 mil pesos. En ambos casos el incremento es substancial pero no satisface otras necesidades más importantes en opinión de los líderes de la propuesta.
Según los voceros de las regiones “el precio de sustentación debe establecerse al menos en $750 mil por carga, como también llevar a cero la importación de café que se ha convertido en una talanquera para la producción nacional”. La política cafetera debe ser de largo aliento, muy ambiciosa, para recuperar el prestigio y el ritmo en el sector. “En este sentido, no le vemos ningún compromiso al Gobierno Nacional ni a la Federación que no nos representa”, le declaró a este semanario un caficultor tolimense.
Brutal represión
A los dirigentes de la protesta los tiene indignados la magnitud de la represión en Santander, Tolima, Huila, Antioquia y Cauca, donde la Fuerza Pública arremetió con bestialidad contra las marchas de campesinos e indígenas productores. No respetaron siquiera a sus familias. Niños, mujeres y ancianos fueron víctimas de los gases lacrimógenos y de los golpes de los escuadrones antidisturbios Esmad.
En Santander, por ejemplo, un campesino de Cimitarra, de nombre Ramiro, perdió una mano cuando recibió el impacto de una granada de aturdimiento. El corresponsal envió la fotografía que muestra la tragedia del hombre sin su mano y esta desprendida en el suelo. No la publicamos para no herir la sensibilidad de los lectores.
En Tolima, en barrios cercanos a Boquerón, epicentro de la protesta en la vía a Cajamarca y al eje cafetero, los habitantes fueron apaleados, invadidas sus viviendas y atropellados los adultos y menores sin contemplación, cuando los hombres del Esmad perseguían a manifestantes en estampida. En Huila ocurrió lo mismo. No hubo el respeto por la dignidad de los manifestantes y de los vecinos del lugar. En Tolima, también, fue incendiado un camión por agentes de civil, según la denuncia de dirigentes y periodistas. Estos últimos atropellados e impedidos de ejercer su oficio de informar y registrar los acontecimientos.
En Cauca, periodistas de los grandes medios tuvieron que denunciar la violenta reacción de los escuadrones de policías contra los indígenas, perseguidos hasta sus “cambuches” que fueron destruidos sin contemplación.
Numerosas organizaciones expresaron la solidaridad con la justa protesta, como la Central Unitaria de Trabajadores, el Partido Comunista Colombiano, la Delegación de Paz de las FARC-EP en La Habana, Marcha Patriótica, el Polo Democrático Alternativo, Cordosac que hizo un pronunciamiento desde Caquetá, entre otros.
En buena medida fue la orden del Gobierno Nacional y de los mandos castrenses, con el argumento de la infiltración de guerrilleros y de Marcha Patriótica, como si ello les concediera patente de corso para atropellar a manifestantes que ejercen el derecho constitucional de la protesta social.
Por ahora es una crisis sin solución. Los caficultores requieren de una verdadera asociación democrática que actúe con independencia del poder y en función de los intereses del gremio y de los campesinos.
Fuente: Semanario Voz
