El escándalo de la Corte hace metástasis en toda la estructura del Estado
Mario Serrato
El reciente escándalo en la Corte Constitucional se ha prestado para todo tipo de situaciones enrarecidas. La primera parece ser la decisión del magistrado Jorge Pretelt de no renunciar. En sus entrevistas deja entrever que su caso particular es uno más en la cotidianidad malsana de ese altísimo estrado judicial. Grave asunto.
Pero quizás la actitud más sorprendente, por el cinismo de quienes se expresan en la coyuntura actual, se manifiesta en las declaraciones de los miembros de la bancada del Centro Democrático. En opinión de estos congresistas, se está presentando un franco deterioro de la institucionalidad por culpa del gobierno Santos. Sin embargo, señalan que estamos frente a una aguda crisis de equilibrio de poderes, sin que su denuncia haga una ineludible y honesta mirada retrospectiva.
Los miembros de esa agrupación, cuando se llamaban de otro modo, pero dirigidos por el mismo líder innombrable, consiguieron que Yidis Medina modificara su voto y Teodolindo Avendaño se ausentara de una sesión determinante a cambio de prebendas y beneficios.
En una sola acción delincuencial muy superior a los 500 millones de pesos que hoy reclaman la atención de Colombia y el mundo, el beneficiario de esa decisión oscura e ilegítima se alzó con el poder Ejecutivo durante cuatro años más, con lo que desestabilizó de modo irreversible la balanza de equilibrios de poder de nuestra frágil institucionalidad.
La toma del poder lo lanzó a una embestida ideológica en la que pretendió incluso desconocer la realidad nacional mediante la negación del conflicto armado, al cual convirtió en amenaza terrorista, con artilugios de mago, soportados en las maniobras semánticas de uno de sus colaboradores, seguidor y admirador inescrupuloso de los propagandistas nazis.
La institución afectada en esta ocasión fue ni más ni menos que la Presidencia de la República. La ideología desarrollada tras la fractura institucional tuvo por esencia el odio disfrazado de seguridad. Posteriormente la práctica reeleccionista, matizada por la ya conocida y efectiva prebenda institucional a cambio del voto, se desplazó a los órganos de control.
Esas entidades cayeron en el modelo nacido en uno de los baños de la Casa de Nariño. Un estudio superficial permite concluir que en ellas se producen decisiones alejadas de los principios institucionales de objetividad e imparcialidad, además de que algunas de las medidas que toman resultan abierta y descaradamente políticas. La victimización de Piedad Córdoba es una evidencia descarnada de este estilo prepotente e ideologizado.
En este ambiente caracterizado por el componente ideológico, emerge la necesidad de copar y cooptar otros espacios institucionales. En su propósito de alcanzarlos no se miden consideraciones de orden intelectual o preparación académica de los designados para ocupar los cargos de dirección y manejo.
A instituciones como la Corte Constitucional llegó un grupo de personas que respondía mejor a las exigencias de lealtad con el innombrable, que a las condiciones jurídicas que el ente cooptador requería en su función principal de mantener la institucionalidad jurisprudencial del país.
En el afán de conquistar todos los espacios de poder, en un marco de desinstitucionalización provocado, la “meritocracia” cedió su espacio a la lealtad. En este escenario emergen los nombres de Pretelt y de González. En igual sentido y con el ánimo de extender aun más la ideología nacida de la fractura institucional, allanaron el organismo de seguridad y control con mayor incidencia nacional. Un grupo alto de funcionarios, hoy condenados por sus vínculos con el paramilitarismo y por maniobras ilegales de toda índole, fueron instalados en los cargos directivos del DAS, desde donde generaron las actividades menos institucionales que esa fallida institución desarrolló en su larga y aciaga existencia republicana.
Asesinatos selectivos, escuchas ilegales, propaganda nociva, seguimientos a menores de edad, amenazas, pago de datos falsos a informantes libreteados con dineros del erario y protección ilegal a criminales organizados, fueron algunas de las actividades que contribuyeron a su prostitución institucional y a su vergonzosa liquidación.
¿Es esta la institucionalidad que reclaman desde el Centro Democrático? No resulta fácil comprender con qué autoridad moral hacen la menor crítica y de qué modo creíble pueden formular la más elemental de las soluciones.
