La Casa Blanca y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos apelaron la decisión de un juez federal de Texas, el magistrado Andrew Scott Hanen, que el pasado 17 de febrero decidió poner freno a las medidas migratorias adoptadas a fines del año pasado por el presidente Barack Obama.
Por considerarla contraria al ‘sentido común’, la Casa Blanca y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos apelaron la decisión de un juez federal de Texas, el magistrado Andrew Scott Hanen, que el pasado 17 de febrero decidió poner freno a las medidas migratorias adoptadas a fines del año pasado por el presidente Barack Obama.
La decisión judicial se tomó dos días antes de que comenzaran a aplicarse una serie de mecanismos que permitirían otorgar permisos de trabajo a cerca de cinco millones de inmigrantes indocumentados e impedir la deportación de miles de personas que sueñan con trabajar y estudiar en los Estados Unidos.
La medida del juez Hanen responde a un sentimiento antimigratorio, no sólo de la mayoría republicana en el Congreso, sino de buena parte de líderes demócratas, que se resisten a abandonar tradicionales posturas racistas de largo aliento en las tradiciones culturales de ese país. Estadísticas recientes muestran que el 73 por ciento de los norteamericanos no quiere una reforma migratoria.
Este es un doble rasero de la sociedad norteamericana, que históricamente ha utilizado a los negros y a los migrantes como mano de obra barata, que cimentó esa nación en el trabajo esclavo, que necesitan a los extranjeros como sirvientes, especialmente a los de origen latinoamericano, pero los ignoran como personas, sus derechos esenciales no existen, porque los invisibilizan.
La medida temporal del juez de Texas atendió a una demanda presentada por las autoridades de 26 estados de la Unión, entre ellos Texas, que se oponen a la orden ejecutiva de Obama, anunciada el pasado mes de noviembre, a la que consideran inconstitucional.
Defensores de derechos humanos, por el contrario, alegan que las disposiciones de Obama, que no alcanzan el perfil de una reforma migratoria integral, tienen pleno sustento legal, en tanto que las argucias de los demandantes obedecen a una estrategia política de los sectores más recalcitrantes, para echar por el suelo una serie de disposiciones del Ejecutivo, entre ellas la promesa de levantar el embargo financiero y comercial a Cuba.
Aunque la Casa Blanca espera que prospere a su favor la apelación contra la decisión del juez federal, para los próximos días se esperan nuevas movilizaciones de sectores demócratas que reclaman una verdadera reforma migratoria, que ampare los derechos fundamentales de las minorías étnicas en los Estados Unidos.
