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Catatumbo: Un año de impunidad

Se conmemoró en Ocaña (Norte de Santander) el Día de la Dignidad Campesina, en homenaje a los caídos en el paro de 2013. Comunidades luchan por la zona de reserva campesina

César Solarte
Enviado especial Agencia Prensa Rural

Este 25 de junio se declaró en el Catatumbo el Día de la Dignidad Campesina, para recordar a Édinson Franco, Diomar Angarita, Leonel Jácome y Hermides Palacios, asesinados; a cientos de heridos y a los detenidos. Se conmemora un año del paro realizado por la comunidad del Catatumbo exigiendo la zona de reserva campesina y la suspensión de las erradicaciones forzadas.

Más de 300 delegados de diferentes juntas de acción comunal llegaron a Aguas Claras, en la vía Ocaña-Convención, a rendir homenaje a esas víctimas del paro. Lugar que fue escenario de las más fuertes protestas del campesinado y donde el Ejército y la Policía dispararon contra la población civil que protestaba contra un Estado que sólo mira hacia el campo para dar en concesión las tierras de los campesinos.

Balas contra piedras y palos. Balas contra el pueblo colombiano, balas contra humildes campesinos, balas contra los estudiantes; paramilitarismo, represión y asesinato es el apoyo que le brinda el Estado colombiano a quienes exigen sus derechos, a quienes tienen el valor de decirle a los gobernantes: basta del robo, el desplazamiento, el asesinato, las desapariciones, la corrupción. Así responde el Estado a las exigencias.

Cuatro campesinos fueron asesinados por las balas de la represión estatal. Como dijo José del Carmen Abril: “fueron asesinados por exigir la zona de reserva campesina”.

¿Cómo va el proceso?

Hoy la Fiscalía confirma que fueron asesinados con tiros de fusil tres de los campesinos del Catatumbo.

Y aun así, continúa el proceso sin ningún avance, solo dilaciones que buscan la impunidad de los implicados, miembros de la Fuerza Pública, llámese Ejército o Policía.

Como lo da a conocer en el informe del proceso Marcela Castellanos, del Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, se presentaron las denuncias correspondientes en la fiscalía 3 seccional Ocaña, además de la denuncia disciplinaria ante la Procuraduría para que sean investigados los comandantes de la Policía y el Ejército que estaban en el lugar.

El proceso no solo busca el castigo a los responsables, sino la reparación de las víctimas y sus familiares, además de la reparación a la comunidad por el terror y dolor causados, porque es un crimen de Estado.

Por la gravedad de los hechos, y por la presión del campesinado a nivel nacional e internacional, la fiscalía 3 seccional de Ocaña abrió la investigación.

El proceso tiene una apertura penal, es decir que están investigando las cuatro muertes. Apenas hace un mes le fue asignado el proceso al fiscal 72 de Cúcuta.

Se hace necesario que la comunidad y Ascamcat sigan aportando pruebas y testigos al proceso.

La Policía acepta que disparó pero dice que en uso legítimo de la fuerza, mientras que el Ejército no ha querido reconocer ningún disparo sobre los campesinos, y mucho menos todos los atropellos que sucedieron durante el paro, que no solo fueron los muertos sino las detenciones arbitrarias, los golpes y los señalamientos. Todas estas denuncias están siendo investigadas.

De no encontrarse justicia a nivel nacional se estarán realizando las denuncias pertinentes a nivel internacional, para que estos hechos no queden en la impunidad y el olvido.

Las comunidades campesinas del Catatumbo manifiestan que si el problema agrario, sus exigencias y sus derechos siguen siendo atropellados, nuevamente volverán a las calles a ejercer su legítimo derecho a la protesta, pero además no son solo los campesinos del Catatumbo, sino en toda Colombia quienes están preparándose para volver a salir a las calles si el gobierno no cumple con sus exigencias, que son el cumplimiento de sus derechos como ciudadanos de este país.

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