jueves, junio 12, 2025
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8 y 9 de junio, no más violencia policial

Se conmemora la lucha, la memoria y la resistencia del movimiento estudiantil. No avanza la ineficiente reforma policial

Valentina Bolaño Senior
@Vale_BoSe

El 7 de junio de 1929, los estudiantes se tomaron las calles de la capital para exigir la salida del gobierno y denunciar la Masacre de las Bananeras. Una brutal respuesta del Batallón Guardia Presidencial asesinó a Gonzalo Bravo Pérez, estudiante de cuarto semestre de derecho de la Universidad Nacional de Colombia.

El 8 de junio, miles estudiantes, docentes y trabajadores se movilizaron hasta llegar al Cementerio Central para despedir, con un profundo dolor, a Bravo Pérez, exigiendo detener las balas contra la juventud colombiana.

No obstante, eso no sucedió. Veinticinco años después, en plena dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla, y durante los actos conmemorativos de Bravo Pérez, se realizó la marcha hacia el Cementerio Central. Allí se presentaron roces entre la Policía y los estudiantes cuando se les impidió la entrada al Cementerio.

Aunque la movilización y los actos se presentaron en aparente calma, Uriel Gutiérrez, estudiante de cuarto año de medicina y segundo año de Filosofía, es asesinado en extrañas circunstancias a manos de la Policía, pues no participaba de la marcha y murió al recibir un disparo por un miembro de la Policía en el interior del campus de la Universidad Nacional.

Ante el hecho, los estudiantes salieron a las calles para expresar su indignación. La respuesta que recibieron fue una escalada de violencia por parte del Batallón Colombia, que resultó en el asesinato de once jóvenes y un centenar de heridos.

Desde entonces, el 8 y 9 de junio quedaron grabados en la memoria de la lucha estudiantil. Según el Centro de Memoria Histórica: “A partir de 1954, el 8 de junio ya no se conmemoraría más el Día del Estudiante, sino el Día del Estudiante Caído, lo que inauguró una nueva tradición que aún se manifiesta en los ambientes universitarios del país”.

La lucha de los estudiantes

La digna lucha estudiantil se ha visto marcada por la brutalidad policial contra ellos. Este movimiento suma más de cinco mil víctimas en el conflicto armado. Por ello, la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, ACEU, señala: “Exigimos el reconocimiento del movimiento estudiantil como víctima del conflicto y acceder a la justicia y reparación”.

Actualmente, es necesario mencionar que la reforma policial no ha sido suficiente para detener la violación de los derechos humanos de los jóvenes en Colombia.

Cifras de violencia policial

Según el reporte de Temblores Ong, en el cual exponen y analizan las cifras de violencia policial en Colombia, filtradas y verificadas por la Plataforma GRITA, en 2024 se registraron un total de 109 hechos de violencia policial, que dejaron al menos 144 víctimas, de las cuales, diez casos corresponden a violencia homicida, 91 a violencia física, 26 a violencia por discriminación, 48 casos de hostigamiento, 29 casos de procedimiento irregular y más.

El contexto más común para la violencia policial fue la protesta social, con un 24,8 % de los casos. Al respecto Temblores afirma: “A pesar de esto, que aproximadamente un cuarto de los casos de violencia policial registrados para 2024 hayan ocurrido en contextos de protesta evidencia que, en los pocos casos donde se hizo uso de la fuerza, se presentaron abusos de autoridad y usos excesivos de ella.

»Por lo tanto, es indispensable que la Policía trabaje no solo en reducir el número de servicios en los que la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, Undmo, hace uso de la fuerza, sino que, en aquellos en los que lo hace, garantice los derechos humanos de toda la ciudadanía”.

¿Y la reforma policial?

El Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y la sociedad civil trabajaron para la actualización del marco normativo para el uso de la fuerza en el país, el cual se materializó a través del Decreto 1231 de 2024 que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional en las manifestaciones sociales. Igualmente, la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, Undmo, hizo pública en la plataforma de datos abierto del Estado información sobre las intervenciones que realizan.

Sin embargo, a través del Primer Análisis de la Implementación de la Reforma Policial en Colombia (2022 – 2024) de diversas organizaciones de defensa de derechos humanos, entre ellas el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, Cajar, se demostró que aún con la Undmo, antes Esmad, las vulneraciones a los derechos humanos en protestan continúan.

Este Primer Análisis señala: “En la resolución 1091 de 2023 en la que se reglamenta la nueva Undmo y se prohíbe el uso de armas de fuego. Sin embargo, preocupan los posibles retrocesos en esta prohibición por hechos ocurridos recientemente”.

Más reforma, menos transformación

Ahora bien, organizaciones de la sociedad civil se han expresado que no hubo una reforma a la Policía, sino un plan de transformación. En este sentido, Temblores explica: “La diferencia radica en que reformar implica una discusión de país más amplia que incluya diversos sectores ciudadanos e institucionales, mientras que la transformación puede limitarse a cambios operativos que si bien son necesarios, no necesariamente representan transformaciones estructurales”.

Asimismo, en el Primer Análisis de la Implementación de la Reforma Policial en Colombia (2022 – 2024) se comenta que reformar a la Policía Nacional sin cambios estructurales mantendrá violencias y vulneraciones a derechos humanos en Colombia.

Por tal razón, la latente preocupación de las organizaciones de derechos humanos y el movimiento estudiantil por las constantes respuestas con brutalidad policial en las manifestaciones pacíficas deben ser atendidas por el Gobierno nacional, el cual ha realizado esfuerzos por el cambio y protección de los derechos de la sociedad.

No obstante, el trabajo debe ser más profundo. Por ello, es fundamental reconocer que las y los estudiantes son víctimas de violencia en el marco del conflicto armado, mientras buscan la paz, la justicia y las garantías para sus derechos.

El Centro de Memoria Histórica, al respecto, señala: “Resaltamos sus acciones encaminadas a la generación de escenarios de diálogo y construcción colectiva encaminado hacia la construcción de paz y la no violencia”.

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