El domingo 9 de enero de 1977, en Cimitarra, Santander, en momentos en que se dirigía a su vivienda en compañía de familiares, y llevando de la mano a su hijo menor, fue asesinado el camarada Cavanzo
Alfredo Valdivieso
Presidente del Concejo del municipio, cuando desempeñaba su tercer período (1972-74, 1974-76 y 1976 a 1978), los dos últimos en representación de la Unión Nacional de Oposición, UNO, de la que fue cofundador en 1973, y en el primero por una coalición de liberales de izquierda y comunistas.
Nació el 22 de junio de 1922 en Moniquirá, Boyacá; en 1945, se residenció en la región del Carare-Opón, Magdalena Medio santandereano, en Cimitarra donde se dedicó al comercio, y desde fines de los años 50, a la silvicultura y actividad maderera en la zona de La India, donde descolló en iniciativas comunitarias, sociales y económicas, pero también en la creación de sindicatos y otras asociaciones reivindicativas, dándole especial atención a las comunidades afrocolombianas desplazadas del departamento del Chocó, que se asentaron en La India.
Allí entró en contacto con antiguos guerrilleros liberales que comandó Rafael Rangel Gómez ‘El Mocho’, quien junto a liberales gaitanistas, socialistas y comunistas debió alzarse en armas ante el incumplimiento y felonía del gobierno, que después de comprometerse para que se devolviera el poder asumido en Barrancabermeja el 9 de abril de 1948, tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, no solo incumplió su pacto con la «Comuna de Barrancabermeja», sino que además inició una implacable persecución que obligó a la respuesta en el Carare-Opón, Barrancabermeja y San Vicente. Los desmovilizados, al caer la dictadura de Rojas Pinilla, retomaron su actividad política legal y en esas lides se vinculó Josué Cavanzo.
Un crimen de Estado
El asesinato de Josué Cavanzo Salazar fue perpetrado directamente por el teniente coronel del ejército Néstor Espitia Sotelo, adscrito al Batallón Galán número 2 de la V Brigada del Ejército Nacional, quien, a sangre fría, tras una sarta de improperios le disparó con su pistola de reglamento. El crimen, tras casi cincuenta años, se mantiene en absoluta impunidad.
El Estado colombiano no ha dado respuesta por este crimen de lesa humanidad, pese a que es suscriptor, desde mucho antes del asesinato, de los Convenios Internacionales que prohíben los crímenes de guerra y de lesa humanidad y que obligan a la protección de los DD. HH. por los Estados contratantes.
Seguridad nacional y enemigo interno
El asesinato de Josué Cavanzo y seis concejales comunistas más elegidos con los emblemas del frente Unión Nacional de Oposición, UNO, en Cimitarra, se inscribió en la aplicación de la llamada «Doctrina de la Seguridad Nacional», diseñada por el gobierno de los Estados Unidos como receta para contener el “avance del comunismo” y perfeccionada por las cúpulas militares fascistoides de Brasil, Argentina y Uruguay para su aplicación en América Latina, con sus aristas de «estrategia global para la guerra total» y concepto del «enemigo interno», con lo que para el primer caso toda organización de la que se sospechara siquiera que era afín o proclive a las ideas y las prácticas comunistas entraban en esa estrategia, y en el segundo caso, cuando el enemigo pasó de ser una entidad material a ser una ideología.
Los manuales secretos que se hicieron pan cotidiano en los cuarteles con las cartillas de enseñanza, y cuyo primer modelo fue el dictado al Ejército colombiano en 1962 como «manual secreto» por el general yanqui William P. Yarborough, comandante de los boinas verdes del fuerte de Carolina del Sur y comandante de tropas yanquis en la guerra del Vietnam, fueron los textos del adoctrinamiento según los cuales todo el que se considerara comunista debería ser eliminado físicamente.
Fue en ese contexto de aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional (que sigue vigente, aunque la hayan rebautizado como «Doctrina Damasco») en el que se dio el genocidio contra la UNO, en especial en toda la región del Magdalena Medio, el Caquetá, el Tolima Grande, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, el Catatumbo, llegando hasta las grandes y medianas ciudades, en un intento por contener la protesta y oposición al Frente Nacional y a la política entreguista y antinacional, así como para desvertebrar las luchas obreras, campesinas y cívicas de todo ese período. Lo particular de este genocidio fue que se ejecutó directamente por fuerzas armadas del Estado, y no como en el caso de a UP cuando se enmascaró con fuerzas oscuras y paramilitares.
El sacrifico de su familia
Con el asesinato del camarada Josué Cavanzo, su familia perdió todos los años de esfuerzo y dedicación, los bosques maderables en posesión de Cavanzo en la zona aledaña a la India debieron ser abandonados y pasaron a ser usurpados por terratenientes.
Las propiedades como casa y negocios de comercio en Cimitarra, se tuvieron que malvender por su familia, que tuvo que iniciar una diáspora y asumir incontables privaciones y sacrificios a los que se vieron abocados, no han sido resarcidos.
Por eso, con la creación del comité de víctimas de la UNO y el PCC en la zona de Cimitarra y aledaños, que está en marcha, de elevará la denuncia ante las Cortes Internacionales para que se repare integralmente la memoria, la organización y las familias de las víctimas del genocidio contra el PCC y la UNO en este municipio y la región.
