Editorial 3301
Una de las políticas del Gobierno del Pacto Histórico más atacadas y vilipendiadas, por parte de la extrema derecha, ha sido la de la Paz Total. Han querido desprestigiarla, la han tergiversado, minimizado sus avances y logros y la han vendido intencionalmente como un pacto personal del presidente Petro con narcotraficantes y criminales.
Es comprensible que la extrema derecha se comporte así frente a los diversos procesos de paz en marcha y los acuerdos que en todas las mesas se han logrado y firmado. Y es comprensible porque esta oligarquía y el poder tradicional se alimentan parásita y criminalmente de la guerra, es su negocio preferido, se enriquecen con la muerte, se nutren del negocio del narcotráfico y del militarismos. Pero a pesar de ellos y por encima de sus delirios guerreristas, la Paz Total avanza.
El 6 de diciembre, desde Barbacoas, Nariño, en el marco de la Mesa de Diálogos de Paz entre el Gobierno nacional y la Coordinadora Nacional – Ejercito Bolivariano – EB, en su sexto ciclo, se firmó la declaración conjunta, que expresa compromisos claros hacia una paz estable y duradera con este actor armado, con una alta participación de las comunidades campesinas, afrodescendientes del sur y el Pacifico Nariñense.
Tres puntos integran este acuerdo: Primero, “Ante los procesos electorales del 2026, con el fin de contribuir al pluralismo y a la formación de voluntad popular mediante el voto libre” (…) “la Coordinadora Nacional – EB manifiesta que respetará en forma integral los próximos certámenes electorales”. Segundo, las partes constatan que “Muchos de los habitantes en las zonas de influencia de la Coordinadora Nacional – EB, no tienen documentos de identidad, lo que impide acceder a los derechos de ciudadanía”. Y tres, la delegación del Gobierno se compromete a “adelantar gestiones ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que inicie una campaña de expedición de documentos de identidad”.
Podrían perecer acuerdos mínimos, pero son realmente acuerdos fundamentales si hablamos de reconstruir la democracia local y territorial, aspecto que, junto a la inversión social y la reforma agraria, son la esencia de la paz.
Casi al tiempo, desde Catar se conocieron los avances en la mesa de diálogo y sometimiento con el grupo criminal y narcotraficante autodenominado Ejército Gaitanista, pero conocido comúnmente como Clan del Golfo, acuerdos que buscan avanzar en la Paz Territorial en Colombia. Se acordó, “la ampliación de las acciones piloto para el desescalamiento de las violencias, la transformación territorial y el fortalecimiento de la confianza en el proceso, a 15 municipios de Antioquia, Chocó, Bolívar y Córdoba”.
El 29 de noviembre pasado, el presidente Petro infirmó que Calarcá: “aceptó instalar una mesa de diálogo con el Gobierno sin cese al fuego”. En su séptimo ciclo se acordaron compromisos concretos, como el no reclutar menores de edad, iniciar una zona de concentración en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, sustituir cultivos ilícitos del Caquetá mediante procesos de revitalización de la selva, con intervención directa del Estado, desmontar extorsiones, secuestros y otras economías ilegales y no realizar acciones ofensivas contra la Fuerza Pública.
No podemos permitir que el relato de guerra y muerte y de fracaso en la política de Paz Total promocionado por la prensa de la extrema derecha, se imponga. El pueblo colombiano, el Pacto Histórico y el movimiento social por la paz debe hacer suya la tarea de informar y difundir estos avances, la Paz Total sigue siendo la tarea fundamental de nuestro tiempo.
