La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (Fcspp) denuncia las arbitrariedades, ilegalidades y la violencia estatal por medio de la Policía del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), que atentaron contra la vida y vulneraron el derecho a las libertades civiles y políticas de las personas que participaron en la marcha del 1 de Mayo en Colombia.
De las 145 privaciones de libertad registradas por la Fcspp en la jornada de movilización política en mención, sólo tres personas enfrentan cargos judiciales en su contra. El resto fueron puestas en libertad tras no haber motivaciones legales para mantenerlos en cautiverio.
Los reportes a la Fcspp por estas detenciones políticas y la violencia policial iniciaron a las siete de la mañana. Los denunciantes fueron las personas detenidas y las organizaciones sociales y políticas víctimas de esta persecución en el marco de la movilización política y de la protesta social.
En la ciudad de Bogotá registramos 94 detenciones arbitrarias, pero la Policía sólo reportó 65 personas detenidas en las Unidades Permanentes de Justicia (UPJ); esto refleja el nivel de arbitrariedad frente al derecho de la libertad. Muchos manifestantes fueron detenidos, transportados en camiones policiales y luego liberados sin ser reportados ante una autoridad judicial.
Los primeros incidentes ocurrieron en la localidad de Ciudad Bolívar, donde cerca de 60 jóvenes fueron cercados, requisados, decomisadas pancartas alusivas al 1 de Mayo; cinco de ellos fueron retenidos y subidos a un camión de la Policía por el Esmad. A las ocho de la mañana en el barrio Kennedy, al occidente de la ciudad, fueron privados de la libertad siete estudiantes que se dirigían a uno de los puntos de encuentro de la marcha. En la avenida Primero de Mayo con carrera 30, siete militantes de la Marcha Patriótica también fueron víctimas de este procedimiento irregular.
En la calle 39 con carrera 7, fueron detenidas 38 personas, 10 de ellas eran menores de edad y fueron trasladadas a los juzgados de infancia y adolescencia, mientras que a los adultos los llevaron a la UPJ. Una hora más tarde otros cinco manifestante fueron aprehendidos en el mismo lugar. Similar situación se presentó en la localidad de Usme con cuatro jóvenes más, quienes fueron trasladados a la UPJ de Puente Aranda. En el centro de la ciudad, luego de que el Esmad rompiera la marcha con granadas de aturdimiento, gases lacrimógenos, tanquetas, agua y gases lacrimógenos, en repetidas ocasiones, y pasado el mediodía, inició las detenciones contra cerca de 24 personas.
Otros hechos de hostigamiento y violencia policial: A las dos de la tarde el Esmad irrumpió violentamente en una de las marchas que lideraba el Congreso de los Pueblos, por la altura de la calle 9 y 10 cerca a Medicina Legal, provocando la agresión física contra 30 personas, entre ellas a dos menores de edad, y provocando una violación grave contra una mujer de 21 años quien fue golpeada con un bastón policial en su oído izquierdo provocándole graves heridas. Hasta ahora el diagnostico es reservado y se teme por lesiones permanentes en su audición.
También denunciamos las agresiones físicas, hostigamientos y demás violaciones efectuadas por la Policía contra varios periodistas, en su mayoría de medios no oficialistas, y que se encontraban cubriendo la jornada de movilización.
En el resto del país la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos registró, en cuatro ciudades, 59 detenciones más: en Medellín se registraron 39 personas privadas de libertad, en Cali 10, en Villavicencio 4, en Ibagué 3 y en Bucaramanga 3.
La Fcspp también denuncia que la Fuerza Pública, en especial el Esmad, amparada bajo la ampliación de la figura de flagrancia establecida en la ley de seguridad ciudadana, realizó diversos actos de intimidación y hostigamientos contra manifestantes y defensores de derechos humanos que se encontraban en las diferentes marchas del país.
Agentes de los organismos de seguridad de Gobierno realizaron registros fotográficos ilegales e indiscriminados, requisas injustificadas, detenciones y redadas masivas y de forma violenta a personas para después cotejar las imágenes de las protestas con los detenidos y realizar judicializaciones. Esta práctica, además de ilegal, aumenta significativamente las detenciones ilegales en las jornadas de protesta y pone en riesgo la seguridad, la integridad y la vida de la oposición política, de los líderes sindicales, sociales y políticos, de los defensores de derechos humanos y de las personas manifestantes.
Mayo 2 de 2013
