Tratados de libre comercio: Perdedores y demandados

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Puerto de Barranquilla.

Sindicatos y organizaciones sociales advirtieron antes de la firma del TLC sobre lo lesivo en todos los aspectos de estos acuerdos, desde lo económico, ambiental, seguridad alimentaria, hasta en temas de soberanía, en lo que tiene que ver con las demandas ante tribunales internacionales.

Puerto de Barranquilla.

Iván Posada P.

A cuatro años de vigencia del tratado de libre comercio con Estados Unidos y otros más recientes con otros bloques económicos y países –Unión Europea, Corea, Canadá– cuyos resultados son negativos para el país, ya se anuncian multimillonarias demandas contra la nación por supuestos incumplimientos de estos acuerdos, que, en caso que prosperen, pueden llegar a los 20 billones de pesos. Veamos algunas por sectores económicos.

Telecomunicaciones

América Móvil, matriz de la mexicana Claro, demandó al Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, Ciadi, organismo del Banco Mundial, por violar disposiciones del tratado con México. La demanda de marras se origina en la decisión de Colombia de revertir la infraestructura para las telecomunicaciones instalada desde 1994. El argumento de América Móvil es que Colombia pretende expropiar sin compensación los activos de Comcel (hoy Claro), por lo cual está solicitando una indemnización igual a las inversiones realizadas más intereses.

La española Movistar (Telefónica de España) también pretende instaurar similar demanda porque debe revertir al Estado colombiano las redes, antenas, repetidoras y el resto de infraestructura con los que prestaba el servicio.

Minero-energético

En el marco de la mal llamada locomotora minero-energética y de la seguridad inversionista se concedieron millonarios contratos a las multinacionales de este sector para la explotación de materias primas. El resultado final es un daño ambiental irreparable a lo largo y ancho del país, pues se dio licencia para extracción de recursos naturales incluso en zonas protegidas.

Glencore, con casa matriz en Suiza y que controla el Grupo Prodeco, entabló una acción legal contra el Estado colombiano ante la Ciadi por varios millones de dólares, argumentando que la Contraloría General de la República obligó a Prodeco a pagar $60 mil millones por ajuste de regalías mal liquidadas.

La multinacional estadounidense Cosigo Resources y la canadiense Tobie Mining entablaron sendas acciones por 16.500 millones de dólares porque se suspendió un proyecto de explotación aurífera en la frontera con Brasil. El Estado colombiano argumenta que la zona fue declarada parque nacional y asentamiento del resguardo indígena Yaigori Apapori, no obstante el Ministerio del Ambiente había expedido aval previo de explotación, pretexto para iniciar la demanda.

La canadiense Eco Oro -antes Greystar- posee 14 títulos mineros para el proyecto Angostura, ubicado en el Páramo de Santurbán, Santander, adquiridos durante los 23 años que viene operando en el país. En 2014 el Ministerio del Ambiente reglamentó el área de actividad minera en la zona, y la Corte Constitucional a su vez reglamentó la explotación minera, lo que redujo la cobertura del proyecto en 50 por ciento. Ahora la multinacional reclama inversiones en estudios técnicos, ambientales, nómina e impuestos. En septiembre pasado terminó la etapa de conciliación con el Gobierno sin solución a las controversias, por lo cual Greystar piensa entablar demanda ante los tribunales internacionales por presunto incumplimiento del TLC con Canadá.

Sector eléctrico

Después de 15 años de pésimo servicio en la Costa Atlántica, el Estado colombiano por fin intervino a Electricaribe, empresa que pertenece al grupo español Gas Natural Fenosa. Esta multinacional ha venido invocando el acuerdo para la protección de inversiones (confianza inversionista) para dilatar y evitar la justificada terminación del contrato. Se comprobó que no se ejecutaron las obras de ampliación para asegurar la prestación del servicio, además se estima que han muerto cerca de 500 ciudadanos de la región electrocutados a causa precisamente del mal estado de las redes domiciliarias. No obstante, Fenosa pretende instaurar reclamación económica ante tribunales internacionales.

Automotriz

A escasos cuatro meses de entrar en vigencia el TLC con Corea, ya el país está próximo a ser demandado por la multinacional Hyundai Motor Corporation, a raíz de un pleito con Carlos Mattos, representante legal hasta hace poco en el país. Un reciente fallo de un juez que asumió el caso impide la venta de sus vehículos a través de concesionarios diferentes a este empresario. Según la multinacional, dicha sentencia es una medida que va en contra de la inversión extranjera y se apresta a entablar la respectiva demanda. No hemos exportado a Corea un kilo de verduras y ya estamos demandados.

La soberanía en entredicho

Sindicatos y organizaciones sociales advirtieron antes de la firma del TLC sobre lo lesivo en todos los aspectos de estos acuerdos, desde lo económico, ambiental, seguridad alimentaria, hasta en temas de soberanía, en lo que tiene que ver con las demandas ante tribunales internacionales. Por lo anterior cobran validez los pronunciamientos desde muchos sectores sociales y gremiales por la revisión y modificación de estos mal denominados tratados de “libre” comercio.