Privatizaciones, corrupción y concesiones al militarismo fueron las características del gobierno Santos. Balance político
Hernán Camacho
@camachohernan
El 29 de enero de 2016, el Congreso de la República aprobó la ley 1776 por medio de la cual se creaban las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social. Ese día el país supo que los temas de paz discutidos en La Habana iban en contravía de la agenda que el Gobierno nacional tenía diseñada para el campo colombiano.
Con ese precedente las organizaciones sociales y en especial campesinas, opuestas al modelo de desarrollo agrario propuesto por el Ejecutivo, llamaron al país a la movilización contra el gobierno Santos y crear las condiciones necesarias para que el acuerdo de paz firmado entre éste y la insurgencia de las FARC entrara en vigor. La disputa política entre movimiento social y Gobierno se mantuvo a lo largo del año que va terminando.
Privatización
Pero el 2016 no solo caracterizó a Santos por su doble agenda, sino también por la aplicación del recetario neoliberal. La venta de la segunda electrificadora más importante del país, Isagén, indignó a la ciudadanía que rechazó la decisión del Ministerio de Hacienda de despojar a los colombianos de un patrimonio cuyo valor podría triplicarse en los próximos años. A cambio de 40 billones de pesos destinados a robustecer el sistema de carreteras del país cuya contratación estará a cargo del vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras.
Y para continuar con esa línea, el Gobierno nacional anunció a principio de año que tiene en sus manos las recomendaciones de una comisión de alto nivel que estudió a fondo las finanzas del país y valoró el hueco fiscal del Estado, determinando los pilares de una reforma tributaria estructural. Eso con la finalidad de seguir al pie de la letra las condiciones para ser parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, un exclusivo grupo de países que marcarán la pauta económica en el mundo.
El viejo consenso de Washington es reemplazado por los estándares de la OCDE. Entre las recomendaciones del organismo multilateral no solo está la venta de Isagén, la reforma tributaria integral, la reforma pensional y laboral, sino la venta de los activos más importantes del país en materia petrolera: Ecopetrol.
La OCDE señaló como plazo límite para la reforma tributaria el año 2017. Después, el Ejecutivo tendrá que preparar el terreno para finiquitar una reforma laboral y pensional que ponga las finanzas del país en sus estándares. Situación que alertan los sindicatos, las organizaciones sociales que ven en el ambiente preparatorio para reducir salarios, pensiones, aumentar el desempleo y llevar a cuesta la carga impositiva que se verá desde la aprobación de la reforma tributaria.
Movilización
Por todo ello, el movimiento social preparó movilizaciones a lo largo del año. Dejó en claro que acompañar la agenda de paz no le daba licencia al Ejecutivo para arruinar el patrimonio público e imponer reformas económicas lesivas contra la ciudadanía.
Las movilizaciones sociales y la unidad de los sectores hicieron posible trabajar un petitorio de exigencias al Gobierno nacional que va desde la implementación de los acuerdos de paz en materia agraria hasta una baja general de combustibles. A eso se unieron sectores del transporte que pusieron contra la pared al Ejecutivo en medio de un paro camionero que duró más de treinta días y que dejó como consecuencia inmediata el alza de los precios de productos básicos de la canasta familiar. Más descontento social.
Corrupción
Un capítulo de análisis del 2016 tiene que ver con los escándalos de corrupción que golpearon al Gobierno nacional. Reficar es la refinadora de crudo más importante de América Latina y una obra de gran envergadura que permitirá al país avanzar en la producción de gasolina a partir del crudo duro extraído en Colombia. Esa obra tiene capacidad de refinar hasta 60 mil barriles diarios de petróleo. Reficar fue inaugurada en octubre de 2015 pero tres meses después la Contraloría General de la Nación alertó sobre unos comportamientos económicos indebidos.
El ente fiscal inició una investigación a fondo después de conocer las denuncias hechas por el sindicato de trabajadores de la refinería y la Unión Sindical Obrera, quienes advirtieron sobrecostos en la construcción de la refinería, un carrusel de contratos e indebido manejo de dineros en el funcionamiento de la empresa. Tales investigaciones llevaron a cuantificar que había por lo menos en sobrecostos de la construcción unos cuatro mil millones de dólares. Y en total, algunas de las denuncias hablan de 12 mil millones de dólares en gastos que no se han podido justificar.
Es sin duda el caso de corrupción más grande del Estado en Colombia y cuya responsabilidad no solo es del gobierno Santos sino de quien escogió al contratista para la obra, aprobó los diseños y ejecutó los primeros años de construcción, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Resultados de la gestión
Una de las razones que le adjudican la pérdida del plebiscito al presidente Santos es la mezcla de todos esos asuntos sociales. La popularidad de Santos, él se la adjudica a la paz. No es cierto que la paz traiga impopularidad, todo lo contrario si se la jugará a fondo con el proceso de paz y no aplicara el recetario neoliberal a los colombianos sería un presidente con mayor ascendencia. Pero su paz tiene apellido de justicia social.
El pueblo colombiano no ha entendido cómo el mandatario considera una oportunidad la paz y, sin embargo, advierte que los colombianos deben ser los primeros en asumir con entereza una reforma tributaria que grava a las personas menos favorecidas de la sociedad y alivia a los sectores del gran capital, transnacionales y grandes empresarios.
Y eso se le suma la tibia actitud para enfrentar los discursos del Centro Democrático, su vacilante respuesta a los ataques que de allí provienen, y sus concesiones al sector más recalcitrante de las fuerzas militares que aún aboga por una salida militar. El Presidente tendría una reserva política importante para afrontar los dos últimos años de mandato.
El premio Nobel será un oxígeno, ojalá suficiente para sacar adelante en el Congreso la implementación de los acuerdos sin que estos sufran mutilación alguna. Ese es un compromiso adquirido en la mesa. Los partidos de la unidad por la paz estarán jugados en el Congreso, y el presidente Santos deberá exponer su talante político para enfrentar las disidencias de Cambio Radical, Partido Conservador y Centro Democrático que no perderán movida para influir negativamente en la construcción de un paquete legislativo de implementación.
