Según los críticos, el proyecto solo habla de recursos, de lo financiero. No es para mejorar la salud de los colombianos sino para garantizar la acumulación de capital. Las EPS se mantendrán aunque cambiarán de nombre
Juan Carlos Hurtado F.
Son pocos los colombianos quienes creen que la reforma a la salud prometida por Santos y que hará trámite en el Congreso de la República, es para entregar un sistema de salud que solucione su grave crisis.
El gobierno nacional en cabeza de su ministro de Salud, Alejandro Gaviria, redactó y radicó el proyecto para redefinir el sistema de seguridad social en salud, pero no tuvo en cuenta los puntos que desde la sociedad civil se han presentado. Tampoco define la salud como un derecho fundamental; continuará considerada como mercancía.
Entre las diversas organizaciones que se la juegan por un modelo de salud incluyente y democrático, agrupadas en la Alianza Nacional por un Nuevo Modelo de Salud, ANSA, hay puntos de consenso como que la salud sea un derecho humano fundamental y no una mercancía; que el Estado sea el garante del derecho a la salud y no un árbitro pasivo o un actor más de este mercado.
También proponen un sistema de salud y seguridad social no sólo para atender las enfermedades y vender servicios asistenciales, sino para producir mayor bienestar para la población, promover mejores condiciones y dignidad, prevenir los problemas de sanidad, garantizar a todos acceso efectivo a servicios de salud de calidad y en condiciones de equidad.
Argumentan que es preciso eliminar el ánimo de lucro, la intermediación financiera y la corrupción en todos los niveles y acciones del sistema de salud.
Al conocer el articulado del proyecto radicado, muchos entendieron que es coherente con el talante neoliberal y plutocrático del actual gobierno. Diversos analistas del tema y organizaciones sociales aseguran que la reforma va a ser peor que lo que hay, porque entre otras cosas mantiene las EPS, solo que les quita la intermediación financiera, les cambian de nombre, y harán intermediación entre pacientes y hospitales.
Hacia la privatización total
VOZ habló con Sergio Isaza, presidente de la Federación Médica Colombiana, quien entregó sus puntos de vista acerca del proyecto.
–Según lo que usted conoce de la reforma, ¿qué pasará con las EPS?
–Pasarán a llamarse Empresas Gestoras de Salud, EGS, y quedan con la posibilidad de coordinar las redes de atención primaria, integrarse verticalmente en el nivel básico de atención teniendo hospitales de primer y segundo nivel, y auditar las cuentas de los hospitales.
Es yo con yo. Tienen la capacidad de coordinar e integrar las redes de servicios, de construir sus propios hospitales o sea integrarme verticalmente con todo lo que tiene que ver con eso como laboratorios, compra de medicamentos. Además, auditar cuentas y decidir a quién se le paga y a quién no. Es un negocio redondo. Es como cuando usted llega al aeropuerto y le pide a un taxista que lo lleve a un buen hotel, él lo lleva adonde le den buena propina.
Al final de cada año se revisará si hubo excedentes en la prestación de los servicios les dan parte de eso como premio, pero si hay pérdidas se saca del fondo y les dan. Después de 20 años de estar robando las premian con esta reforma.
–Se dice que la reforma ayudará en el proceso de privatización del sistema, ¿por qué creen eso?
–En el capítulo primero, artículo 4, literal X, se determina por ley que al ingresar los dineros públicos al sistema se convierten en dineros privados. La perlita dice: “Los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud destinados a las prestaciones individuales son públicos hasta que se transfieren desde Salud-Mía a los agentes del Sistema”. Es un golpe directo para la privatización del sistema.
–Defensores de la reforma dicen que se tuvo en cuenta las propuestas de las organizaciones sociales. Por ejemplo, lo del centro de recaudo.
–Pasamos del Fosyga a toda una institución con personería jurídica y personal de planta, que fue lo que propusimos, aunque recogieron parcialmente la propuesta porque tanto en las directivas regionales como nacional debe estar la sociedad civil, los dolientes del sistema, con capacidad de vigilar el destino de los dineros. Plantean que eso lo vigilará la superintendencia financiera, la misma que vigilaba a Interbolsa.
Decimos que debe haber un sistema único de información al que pueda acceder cualquier ciudadano o funcionario del gobierno y saber la verdad real y al día del sistema. Eso no está por ningún lado en el proyecto y preguntamos pero dicen que el centro de recaudo Salud-Mía se convertirá en una base de datos de información.
El ministro Gaviria es de los que piensa que los dineros producto de negociación por compra de medicamentos para el sistema debe ser algo que no debe ser divulgado, decimos que no, que son dineros públicos.
Capacitación y estabilidad
–¿En qué otros aspectos ven ustedes deficiencias en la reforma?
–Hay muchos. Con respecto al personal que trabaja en salud: médicos, enfermeras y todos los demás profesionales y técnicos deben tener estabilidad laboral para que el sistema desarrolle experticia. La gente adquiere el conocimiento pero luego de unos pocos meses se va y eso atenta contra la calidad de la atención y seguridad de los pacientes. Todo el personal de salud requiere una actualización o educación continua, por eso lo planteamos para la ley junto con estabilidad laboral.
Algo que no está contemplado es lo relacionado con medicamentos. Es solo ver bien los contenidos y títulos para ver que esto no corresponde a una ley en salud, sino a cómo preservar recursos de salud para dárselos a las EGS.
El Ministro planteó eliminar el POS pero resulta que no es así, se mantiene. También mantendrán los dos regímenes, el subsidiado y el contributivo pero le hacen cambios para que lo correspondiente a la unidad de pago por capitación se traslade a ese segmento y se le disminuye a los que compran medicina prepagada o seguros privados de salud.
Lo que hacen es que el dinero de medicina prepagada lo tocan al mínimo porque todo lo sacan de lo que les llega por EPS. Por eso cuando se va a comprar un plan de prepagada les dicen, “Si está en nuestro POS o EPS le damos el 10% de descuento”.
La integración vertical ni siquiera existía como artículo de la ley, pero con esta reforma se vuelve lícita y la convoca. No hay nada sobre control de medicamentos.
Este sistema de salud es solo una manera muy novedosa de lograr y garantizar una acumulación de capital financiero a través de la Ley 100 y con esta reforma se da el punto final a eso. Estoy seguro que detrás de esto vendrán las aseguradoras internacionales, cuando se den privilegios en el aseguramiento comercial privado.
