Ratifican condena por desaparición forzada

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Rescate de rehenes del Palacio de Justicia en 1985. Foto Lucio Lara (Archivo VOZ).

El general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales es responsable por la desaparición forzada agravada de cuatro civiles y una guerrillera. El alto tribunal señaló que no es delito de lesa humanidad

Rescate de rehenes del Palacio de Justicia en 1985. Foto Lucio Lara (Archivo VOZ).
Rescate de rehenes del Palacio de Justicia en 1985. Foto Lucio Lara (Archivo VOZ).

Redacción DD.HH.

El pasado 28 de octubre la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá revalidó la condena a 35 años de prisión para Jesús Armando Arias Cabrales, general del Ejército en retiro, por los delitos de desaparición forzada en el Palacio de Justicia en el año 1985.

En el año 2011 la Jueza 51 de Bogotá lo condenó a 35 años de cárcel por la desaparición de 11 personas en la retoma del edificio, decisión que sus abogados apelaron. Hoy el Tribunal Superior de Bogotá ha ratificado la decisión, pero anuló la sentencia de primera instancia señalando que el oficial no es responsable de los casos de Cristina del Pilar Guarín, Héctor Jaime Beltrán, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Norma Constanza Esguerra, Lucy Amparo Oviedo ni Gloria Isabel Anzola.

La toma

El 6 de noviembre de 1985 un grupo de guerrilleros del M-19 se tomó las instalaciones del Palacio de Justicia. Por su parte el Gobierno Nacional, en cabeza del entonces presidente de la República Belisario Betancur Cuartas y su ministro de Defensa, el general Miguel Vega Uribe, autorizó un operativo de recuperación del Palacio de Justicia.

Para la época de los hechos el jefe del Estado Mayor era el coronel Luis Carlos Sadovnik, quien también era el segundo comandante de la Brigada 13 del Ejército Nacional. Ante la ausencia de su superior, el general Jesús Armando Arias Cabrales, ordenó el alistamiento de primer grado, acuartelamiento de todas las unidades y aplicación inmediata del Plan Tricolor, instituido para situaciones difíciles de orden público. La operación contó con el apoyo militar de la Policía Nacional y del Batallón Guardia Presidencial.

El rescate

Se utilizaron tanques de guerra que ingresaron violentamente por el sótano y por la puerta principal del Palacio de Justicia. Mientras se libraba un intenso combate entre guerrilleros y militares, se sacaba a las personas que estaban en el interior de edificio. Debido a los enfrentamientos y la fuerza desmedida se produjo un incendio que causó la muerte de muchos de los rehenes.

Cuando la guerrilla se vio sometida, autorizó la salida de mujeres rehenes y de guerrilleras, luego de hombres, quienes estuvieron custodiados por soldados y agentes oficiales hacia la Casa del Florero. Según los datos dados por el Tribunal, fueron rescatados alrededor de 250 rehenes y murieron unas 110 personas, entre ellos 35 guerrilleros.

Los rescatados fueron llevados a la Casa del Florero que se había convertido momentáneamente en un puesto de mando avanzado, bajo el control del teniente coronel Edilberto Sánchez Rubiano, quien recibió a quienes eran rescatados del Palacio de Justicia, con el fin de identificarlos y determinar su participación en los hechos, para lo cual tuvo el apoyo de la Policía y el DAS.

Desaparecidos

Al finalizar la toma del Palacio de Justicia, fueron reportados como desaparecidos Carlos Augusto Rodríguez Vera, Cristina del Pilar Guarín, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Estela Lizarazo, Luz Mary Portela León y David Suspes Celis, quienes eran trabajadores de la cafetería del complejo judicial, así como Norma Constanza Esguerra, Lucy Amparo Oviedo y Gloria Anzola de Lanao, visitantes ocasionales.

Gracias a los medios de comunicación televisivos, los familiares de quienes habían desaparecido pudieron constatar que habían salido vivos, rescatados por los militares. Incluso muchos de los familiares manifestaron haber recibido llamadas telefónicas de personas que afirmaban ser miembros del Ejército Nacional, e informaron que sus familiares habían sido retenidos y conducidos a diferentes guarniciones militares, donde estaban siendo torturados para que confesaran su presunta relación con el M-19.

En conclusión, Arias Cabrales es responsable de la desaparición forzada agravada de Carlos Rodríguez (administrador de la cafetería), de Bernardo Beltrán Hernández (mesero), de Luz Mary Portela León (lavaplatos), de David Supes Celis (chef) y de la guerrillera Irma Franco.

Hay que recordar que Jesús Armando Arias Cabrales fue nombrado el 21 de junio de 1988 como jefe militar de Urabá, en donde pretendió que la población de la zona fuera identificada con un certificado del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por lo cual los trabajadores bananeros realizaron una huelga que evitó tal desatino.