Prácticas inquisidoras

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La cadena perpetua que se pretende imponer en Colombia puede conducir a mayores problemas

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Ana Elsa Rojas Rey

En la próxima legislatura se continuará discutiendo, en el Senado de la República, el proyecto de ley donde se le aplicaría la cadena perpetua a los violadores de niños, niñas, adolescentes y mujeres, en caso de ser aprobada.

La primera reflexión que se debe hacer frente a este fenómeno es que el disfrute de la sexualidad está enmarcado dentro de la libertad de quienes lo realizan, pues el erotismo se vive de la manera que se considere, siempre y cuando éste no esté atravesado por relaciones de poder. Lo segundo que hay que decir, es que estos hechos de violación al cuerpo de seres humanos son el acto más reprochable y peligroso que exista en la humanidad como prácticas aberrantes de los abusadores.

Mirado así el fenómeno, es loable que se tome la iniciativa por parte del legislativo y el gobierno para poner fin a prácticas que denigren la integridad física y psicológica de una persona. Esta es una epidemia mundial, como lo registra la Organización Mundial de la Salud (OMS), sobre todo en los países donde la violencia se proyecta desde las estructuras gubernamentales, la familia, la escuela, pasando por prácticas religiosas acompañadas de fanatismos, pero también los medios de comunicación, que al dar la noticia sobre estos hechos de violencia sexual los consideran como actos pasionales, violencia intrafamiliar, provocación por parte de las víctimas, o con consentimiento de los menores de edad afectados.

Desde luego presentada así la noticia soslaya la gravedad de los hechos y por ende naturaliza la violencia, además neutraliza la opinión pública y el delito queda en el imaginario como algo intrascendente.

Solución al problema

Sin embargo, el legislador cree que imponiendo altas penas logrará detener el delito, pero esto no resuelve el fenómeno, sino que por el contrario lo potencia, sobre todo cuando existen otras fallas lamentables dentro de la Justicia colombiana: la corrupción, en la justicia, en todos los niveles, en el Inpec, y a esto se le agrega el alto grado de hacinamiento en los centros cancelarios, que se convierte en una situación aberrante, lo que la hace tan reprochable como los mismos actos de violación sexual.

Los centros penitenciarios en Colombia son infrahumanos y la política penitenciaria está dirigida más a convertir a esta población en piltrafa humana antes que cumplir el objetivo de resocialización. De manera que pensar en cadena perpetua para frenar este delito es un grave error, pues esta medida pude convertirse en una bomba de tiempo, que antes que solucionar el problema lo agravaría, ya que las cárceles están hechas como herramienta de dominación.

Trazar una política de frenar el delito de los abusadores no puede venir de personas con mentalidad inquisidora y moralista. Esta característica no les permite discernir el nudo del problema y se puede caer en abusos, como uno de los tantos casos que se conocen, el más reciente fue el del campesino Gabriel Consuegra, vendedor de plátanos que fue extraditado sin la menor consideración.

Buscar la solución a este problema no puede ser el resultado de sentimientos fanáticos, sino de estudios inteligentes que estén acompañados por políticas interdisciplinarias como la antropología, siquiatría, psicología, sociología, políticas públicas para atacar el problema de raíz, antes que hacer más grave la situación.