Ordóñez, los magistrados y senadores que pactaron con él, practicaron el célebre “yo te elijo, tú me eliges”, tan común en el clientelismo como expresión de la corrupción del régimen tradicional.
Carlos A. Lozano Guillén
Después de tres años y medio de un largo y accidentado proceso por los actos dilatorios interpuestos por Alejandro Ordóñez, el Consejo de Estado anuló su reelección como Procurador General de la Nación. Según el alto tribunal se cometieron graves vicios de fondo que hicieron improcedente dicho acto tanto en la Corte Suprema de Justicia que lo candidatizó, como en el Senado de la República que lo eligió.
La reelección del procurador no es posible, pues no está contemplada en la Constitución Política ni en la ley, en consecuencia, Ordóñez no podía ser postulado ni elegido. Pero lo más grave, la clave del fallo judicial, fue por la violación del artículo 126 de la Carta, a saber: “Los servidores públicos no podrán en ejercicio de sus funciones, nombrar, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente.
Tampoco podrán nombrar ni postular como servidores públicos, ni celebrar contratos estatales, con quienes hubieren intervenido en su postulación o designación, ni con personas que tengan con estas los mismos vínculos señalados en el inciso anterior(…)”.
Ordóñez, los magistrados y senadores que pactaron con él, practicaron el célebre “yo te elijo, tú me eliges”, tan común en el clientelismo como expresión de la corrupción del régimen tradicional. El fallo del Consejo de Estado le puso punto final a una decisión con mal olor, así fuera tres años y medio después del torcido y a solo cuatro meses de que finalice el periodo constitucional del avispado procurador.
Mientras Ordóñez como un hábil tinterillo se dedicaba a dilatar el proceso en el Consejo de Estado, bloqueado por la sucesiva presentación de recursos e inhabilidades inexistentes, adelantaba sanciones disciplinarias contra Piedad Córdoba, parlamentarios de izquierda, el alcalde Gustavo Petro, otros mandatarios locales progresistas y campañas malintencionadas contra la paz y los fallos constitucionales avanzados en favor de la igualdad de género y de los derechos de los gais y homosexuales (LGBTI). Actitud prepotente de Ordóñez y de abierto desafío a la Constitución que al contrario debía defender de violaciones de funcionarios y servidores públicos.
Alejandro Ordóñez salió por la puerta de atrás como los villanos. Respirando por la herida al atribuir su destitución a un supuesto complot de Santos y las FARC. Lo que resulta absurdo es que este sujeto haya sido procurador, con un turbio pasado de haber quemado libros en una hoguera inquisitorial y de haber defendido a los paramilitares como concejal conservador en Bucaramanga.
