León María Lozano, Marcelino Jiménez, Hugo Daney Ortiz, Armando Rubiano, el hacker Sepúlveda y su mujer, María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno incurrieron en delitos siendo perfectamente conscientes de lo que hacían y para qué y para quién lo hacían.
Mario Serrato
En cuanto tomó el control de la situación dio la orden de asesinar a los liberales más cercanos a su actividad de vendedor de quesos en la plaza del pueblo, después los mató en sus propias casas y terminó por desplazar y despojar de su tierra a aquellos liberales que trabajaban como campesinos en sus fincas de los alrededores de Tuluá.
“El Cóndor”, León María Lozano, produjo la muerte, algunas de ellas con sevicia de pirañas, a más tres mil personas entre 1948 y 1954.
En su vida fue un devoto católico, recibió la orden de San Carlos, gozó de la amistad y protección del general Rojas Pinilla y siempre tuvo claro que estaba cometiendo crímenes.
Sin embargo lo justificaba todo con una frase de uso frecuente en sectores fanatizados: “Es cuestión de principios”, declaraba cuando decenas de los cadáveres de sus opositores políticos bajaban por el río.
Esa mañana del 26 de diciembre de 1966, la niña seguía gimiendo a pesar de que uno de los disparos había roto su estómago y perforado su pulmón izquierdo. Marcelino Jiménez se le acercó y le cortó la cabeza y los brazos con tres certeros machetazos.
En la masacre fueron asesinados 16 indígenas guahibos, entre ellos la niña de 11 años que Marcelino Jiménez remató sin vacilaciones.
Cuando un juez de la República le preguntó por qué lo hizo, el colono de machete al cinto y tabaco mascao, durante su juicio en 1972, respondió:
“Yo no sabía que matar indios fuera malo”.
Hugo Daney Ortiz y Armando Rubiano, funcionarios del DAS mientras el aciago Jorge Noguera fue su director, en el año 2005, se dedicaron a torturar a Claudia Julieta Duque y a su pequeña hija mediante llamadas telefónicas tenebrosas y seguimientos evidentes hasta que las obligaron a exiliarse aterrorizadas y sin apoyo en una nación europea.
La tortura sicológica contra Claudia Julieta fue ordenada debido a que la periodista independiente había ahondado en las investigaciones que le permitían establecer la infiltración del paramilitarismo en el más importante estamento de seguridad del Estado.
En sus declaraciones, mientras eran enjuiciados, afirmaron con orgullo que cumplían “legítimas órdenes de sus superiores”.
Hace tres años la esposa de Andrés Sepúlveda, el hacker que infiltró los diálogos de paz con el propósito de sabotearlos, en una entrevista para la televisión, siendo conocedora de lo que hacía su esposo, declaró sin pudor alguno: “Me encuentro trabajando por el país”.
Cuando María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno, en el segundo e ilegítimo gobierno de Uribe Vélez, recibieron instrucciones en el sentido de investigar clandestinamente a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a algunos periodistas y políticos opositores del gobierno, eran conscientes de estar cometiendo un delito, tanto es así que la información recaudada con propósitos difamatorios en sus incursiones canallas en las salas de la Corte Suprema se entregaba en Palacio mediante subterfugios habituales en organizaciones mafiosas.
Los funcionarios a quienes involucraron en su gesta criminal, después de condenados, y con sus vidas totalmente destrozadas, afirmaban que los actos ilegales en que incurrieron “los cometieron por la Patria”.
León María Lozano, Marcelino Jiménez, Hugo Daney Ortiz, Armando Rubiano, el hacker Sepúlveda y su mujer, María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno incurrieron en delitos siendo perfectamente conscientes de lo que hacían y para qué y para quién lo hacían.
A ninguna de sus conductas la ampara una causal de justificación y tampoco se encuentra en ellas la más mínima razón para excusarlos.
En la parte oscura de la responsabilidad de los hechos criminales relatados, más allá de la acción de la Justicia, se encuentran las élites del Partido Conservador de esa época y Rojas Pinilla, el modelo creado por los diferentes gobiernos de Colombia cuando se ordenó ampliar la frontera agrícola mediante colonos desplazados y colonias penales en la selva, actrices de televisión fanatizadas, directores del DAS deformados por el poder, y un innombrable ex presidente de Colombia, quien, en un acto digno del jefe de una banda de sicarios, aseguró que los últimos condenados de crímenes establecidos “solo cumplían con su deber”.
