Las amenazas al agua

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Laguna de Chusacá en el páramo de Sumapaz. Foto J.C.H.

Este recurso natural está en peligro si no hay un cambio en el modelo económico ni se planea la expansión urbana. La organización de las comunidades es fundamental para su defensa. Estado del recurso hídrico en Colombia

Laguna de Chusacá en el páramo de Sumapaz. Foto J.C.H.
Laguna de Chusacá en el páramo de Sumapaz. Foto J.C.H.

Juan Carlos Hurtado Fonseca
@aurelianolatino

El Estudio Nacional del Agua, hecho por el Ideam en 2014 y publicado en 2015, es un elemento que sirve como base para analizar el comportamiento del recurso hídrico en Colombia, las maneras de preservarlo e identificar sus principales amenazas.

En esta investigación hubo avances en comparación con anteriores, porque se obtuvo información de otras regiones más allá de las zonas de mayor desarrollo económico, como las macrocuencas de los ríos Magdalena y Cauca, lo cual es necesario si se piensa ampliar los territorios de explotación de recursos naturales en un escenario de postacuerdo, como en la Orinoquia, Amazonia y el mismo Pacífico, zonas de donde se conoce poco.

Para entender mejor lo que puede suceder, se requiere tener en cuenta que el Plan Nacional de Desarrollo del actual Gobierno plantea como actividades económicas principales la explotación de hidrocarburos y la expansión de hidroeléctricas; que de no hacerse de manera planificada y concertada con las comunidades, se generarán mucho más conflictos sociales en las regiones: El Quimbo, Hidroituango e Hidrosogamoso, son solo algunos ejemplos de lo que podría repetirse en mayores proporciones.

Más hidroeléctricas

VOZ habló con el ingeniero civil Sergio Salazar, doctorado en Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia, España, quien con base en los datos del Ideam hace algunas advertencias.

–¿En qué partes del país hay más amenazas sobre el agua?

–Según el estudio se genera mayor presión sobre el recurso en la macrocuenca del río Magdalena y la del río Cauca, en donde se concentra el 70% de la población del país. Antioquía es un caso preocupante porque es un departamento que concentra minería e hidroeléctricas, y proyectan construir más, como la Porvenir 2 en el río Samaná norte, donde hay un proceso de reasentamiento con la nueva Ley de Víctimas y Restitución, con una población que había sido víctima de dos desplazamientos forzados, dos masacres, pero ahora el Gobierno da licencia para hacer otra hidroeléctrica ahí. Va a haber un problema de soberanía alimentaria porque por ahí sube el bocachico y la población depende en gran parte de ese alimento.

–¿Qué otras amenazas hay?

–Hay amenazas como la deforestación que afecta principalmente a la Amazonia, en departamentos con Amazonas, Caquetá y Guaviare. Son cerca de 120 mil hectáreas deforestadas al año 2014.

En la deforestación se combinan varios factores como minería, expansión de la frontera agrícola. En otras regiones del país lo que más amenaza es la agroindustria, la construcción de más hidroeléctricas, algunas en el Patía que afectarán principalmente la biodiversidad. Otro de los elementos es una expansión urbana inadecuada, ya Colombia tienes suficientes normas técnicas pero en su aplicación se queda corta. El ordenamiento territorial local no está teniendo en cuenta consideraciones ambientales por lo que municipios han ido impactando significativamente el territorio. La impermeabilización del suelo hace que el ciclo se altere porque el agua no se filtra, sino que corre rápidamente agravando las inundaciones.

Restitución y fracking

–¿Cómo se evidencia más la afectación por la expansión urbana?

-Está el reflejo de los desastres de La Niña 2010-2011 que le costó al país 17 billones de pesos, porque hemos ocupado las riveras de los ríos que son zonas frecuentemente inundables. También está la agricultura; si el proceso de restitución de tierras, más la expansión de la frontera agrícola se hace como está pensando el Gobierno Nacional en un escenario posguerra, sin atender a la disponibilidad del recurso hídrico, los conflictos entre las diferentes actividades socioeconómicas y la población asentada en estas zonas, van a ser muy grandes.

–¿Qué pasa con la intención de hacer fracking y su afectación a las aguas subterráneas?

–Poco conocemos sobre cómo funcionan los sistemas acuíferos subterráneos y los problemas que hay, y estos empiezan a ser importantes para las comunidades y para las actividades económicas. Por ejemplo, la producción de flores en la zona de Bogotá depende de esta agua, pero esa explotación indiscriminada, sin saber cómo funcionan los acuíferos, está llevando a la contaminación. No conocemos más del 30% sobre cómo funciona nuestra agua subterránea, cómo se interconecta con las aguas superficiales, lo que es importante desde el punto de vista de la calidad y la disponibilidad.

Este desconocimiento es un riesgo gigante cuando se habla de explotación de hidrocarburos. No sólo con técnicas como fracking, sino como se hace actualmente con las formas convencionales, que también contaminan mucha agua cuando la inyectan para que el crudo pesado suba.

–¿Cómo hacer para que desde las organizaciones sociales, las comunidades o la sociedad civil se cuide y se defienda el agua?

–La sociedad civil debe jugar un papel de veedor respecto a cómo se están administrando los recursos naturales, en especial el recurso hídrico, por parte de las autoridades como las corporaciones autónomas y de desarrollo sostenible, quienes tienen herramientas para la planificación del territorio teniendo como eje el agua. Hay que aprovechar que se tiene planteada una estrategia de participación activa por parte de la población en los Consejos de Cuencas, para hacer los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, y esto es un documento de obligatorio cumplimiento en el ordenamiento de municipios.

Pero la movilización también tiene resultados, como sucedió hace poco en La Guajira cuando las comunidades evitaron el desvío de Arroyo Bruno. Asimismo, está lo que sucedió en Caño Cristales, en el Meta, con la licencia para exploración; pero esas son medidas reactivas, hay que pensar en medidas preventivas: en la alianza entre la sociedad civil y las instituciones de investigación como las universidades para que tengan soporte científico del impacto de las actividades; como sucedió en el caso de Caño Cristales donde las comunidades se apoyaron en investigaciones de la Universidad Nacional.

También hay una serie organizaciones como Censat Agua Viva que trabajan por acciones no sólo reactivas sino preventivas como la protección de las cabeceras de las cuencas que nos abastecen, o los ejercicios de acueductos veredales que aportan desde lo local. Y, que si se articulan en el ámbito regional, pueden generar acciones más potentes.