La pesca infame

0
87
Batida en el centro de Bogotá.

Debate a batidas de Ejército. Los puestos militares de reclutamiento están en la mira por su ilegalidad

Redacción Política

Las cifras son abundantes como los puestos de retención que extiende el Ejército colombiano en las principales ciudades del país para, según ellos, “resolver la situación militar de los jóvenes”. Solamente entre los años 2012 y 2014 se conocieron 349 denuncias en la Fiscalía General de la Nación sobre retenciones forzosas hechas por miembros de esa institución en Bogotá, pero son miles los jóvenes que resultan afectados con esta práctica y prefieren no denunciar.

Esa alarmante situación será objeto de debate en la Cámara de Representantes por el parlamentario Alirio Uribe, quien expondrá, entre otras, las denuncias recolectadas por el ente de investigación y el informe de la Defensoría del Pueblo, que dan cuenta de dicha irregularidad. En el caso de la ciudad capital, las denominadas batidas se centran en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy y Usme, como lo reconoció la propia Dirección de Reclutamiento del Ejército, señalando que entre el 2008 y 2012, en pleno furor de la doctrina de la seguridad democrática, se reclutaron 466.377 jóvenes, de ellos el 81 por ciento pertenecen a los estratos 1 y 2.

El modus operandi

Pero la denuncia más grave la viene haciendo la Secretaria de Gobierno del Distrito, señalando cómo desde hace varios meses a la ciudad llegan camiones sin identificación, que se presumen son oficiales por estar conducidos por militares, provenientes de zonas de conflicto para llevarse a los jóvenes de los barrios marginales “Más de 20 vehículos fueron detectados por los gestores de convivencia, que son funcionarios de la Secretaría de Gobierno, transportando a los jóvenes retenidos. No ha sido posible que el ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón o el Comandante del Ejército Nacional, general Jaime Alfonso Lasprilla, tomen una decisión al respecto para que no se siga dando esta práctica en Bogotá”, dijo Hugo Záarate, jefe de esa cartera distrital.

Según la oficina de Gestores de Convivencia, los lugares predilectos para montar los retenes o, como se denominan popularmente en los barrios, “la pesca milagrosa” son los eventos de aglomeración juvenil como Rock al Parque, Hip Hop al Parque, las estaciones Transmilenio en horas pico y las canchas de fútbol. Y es justamente esa corporación la que ha logrado la devolución de muchos jóvenes capitalinos a sus familias presentando ante los jueces recurso de habeas corpus, un mecanismo constitucional de salvaguarda del derecho a la libertad.

Y es que las denuncias conocidas por la Fiscalía sobre las detenciones ilegales agrupan todo un concierto para delinquir con delitos como lesiones personales, secuestro simple y abuso de autoridad. Suficiente razón para detener las batidas.

Las denuncias

En reciente debate en el concejo de Bogotá, el cabildante Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, denunció al menos cinco tipos de violaciones a los derechos humanos cometidas en los retenes militares en Bogotá: el desconocimiento del derecho constitucional a la objeción de conciencia, la retención de documentos de identidad de menores de edad, el reclutamiento ilegal de menores de edad, la violación a las exenciones a la Ley 48 de 1993 para no prestar el servicio militar obligatorio. La meta para incorporar en el año 2014 son 80.510 jóvenes, según lo admite el coronel Mauricio Martínez, jefe de reclutamiento del Ejército, de los cuales faltan al menos 30 mil, lo que quiere decir que no se detendrá la manera irregular de las batidas.

Justamente en ese debate ante la corporación distrital se relató el caso del joven Diego Alexánder Oyola, de 16 años de edad, de la localidad de Usme, quien fue llevado por integrantes del Ejército Nacional en un bus escolar, Ruta 73 del colegio Rafael Núñez, de placas SYM 546 de Mosquera, en el que se encontraban reclutando jóvenes que no portaran su libreta militar. Diego, al observar esta acción ilegal, procedió a tomar algunas fotografías, razón por la cual los militares Romo y Berrío, del Grupo de Caballería Mecanizado Revéiz Pizarro # 18 de Saravena (Arauca), arremetieron con fuerza sobre él, sin solicitarle ningún tipo de documento y sin tener en cuenta que era menor de edad.

El joven fue finalmente, después de varias horas de retención ilegal, dejado en el barrio Danubio Azul de esa localidad frente a un CAI de la Policía donde recibió por segunda vez maltrato, esta vez de la Policía por intentar quitarle la cámara donde se encontraban las fotos de las acciones irregulares.

Como el de Oyola hay cientos de casos en que los jóvenes por distintas razones, incluso por objeción de conciencia, han dicho no querer recibir adiestramiento militar y menos ser protagonistas de un conflicto armado. No ir a la guerra debe ser una opción para los jóvenes y no una temeraria travesía que va desde esquivar los retenes militares en las ciudades hasta argumentar ante un juez de la República la salvaguarda del derecho a la libertad para salir de los batallones.

“Hoy estamos convencidos plenamente de que no solo la objeción de conciencia debe servir para no prestar servicio militar, sino para la derogatoria de la ley 48 que obliga a los jóvenes a incorporarse al Ejército. Esa obligatoriedad hace parte de la caduca doctrina militar colombiana dejando sin el goce de los jóvenes a sus derechos”, le explicó a VOZ, Felipe Valencia, dirigente de la Juventud Comunista.

A dos semanas de la segunda vuelta presidencial, el candidato presidencial Juan Manuel Santos prometió acabar el servicio militar obligatorio. La promesa permaneció viva hasta el pronunciamiento del ministro Juan Carlos Pinzón, que desmintió cualquier modificación a la política de incorporaciones y agregó que eso no se ha contemplado al interior de las Fuerzas Militares.

A eso se refiere Felipe Valencia, cuando señala que el discurso del Presidente en materia de paz sigue siendo vacío en gestos y voluntades:

“En nuestro país, la prioridad debe ser la realización de los jóvenes a partir de condiciones dignificantes y no escatimar gastos en recursos para ello; incluso sacrificar los recursos de la guerra para invertir en educación, por ejemplo. Pero eso no lo va a hacer el presidente Santos. Los derechos de los jóvenes deben ser un pilar fundamental para la construcción de la paz real con justicia social y las batidas no son más que un secuestro o detención arbitraria por parte del Estado que tiene unas Fuerzas Militares regidas por la doctrina del anticomunismo y del enemigo interno, y los jóvenes en el servicio militar obligatorio son usados para ello”.