Lo que dicen los acuerdos sobre la lucha contra el paramilitarismo
Redacción Política
Ante la oleada de crímenes del paramilitarismo contra líderes sociales en Colombia se prendieron las alarmas. La petición de los sectores víctimas de la guerra sucia es implementar los acuerdos de paz, en especial en los capítulos de garantías de no repetición, desmantelamiento de organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo y garantías de protección a organizaciones sociales en territorios escenarios de guerra.
Según lo acordado el pasado 12 de noviembre, es deber del Estado colombiano desmantelar las organizaciones criminales en todas sus esferas, desde los perpetradores de crímenes hasta sus financiadores y el deslinde de estos con instituciones gubernamentales en todo nivel.
“Este Acuerdo abarca también en su contenido el punto 3.6 ‘Garantías de Seguridad’ del Acuerdo General para el fin del conflicto. Este acuerdo contempla medidas para el esclarecimiento del fenómeno del paramilitarismo que se establece en el subpunto 3.7 del Acuerdo General para el fin del conflicto, en complemento a lo ya acordado en el Punto 5 Víctimas, en particular con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición siendo necesario adoptar las medidas que se contemplan en el presente Acuerdo para garantizar integralmente este propósito”, indica el Acuerdo.
Para ello el Gobierno nacional garantizará la implementación de las medidas necesarias para intensificar con efectividad y de forma integral, las acciones contra las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo.
Pero no solo es la protección a los líderes guerrilleros que hagan su tránsito a la vida civil sino también a las organizaciones, como la Asociación Campesina Losada-Guayabero, quienes denunciaron amenazas de grupos paramilitares contra Erley Monroy, presidente de la organización campesina, que resultó muerto días después de que el alcalde de San Vicente del Caguán, Humberto Sánchez Cedeño, lo hubiera señalado de ser parte de la guerrilla de las FARC-EP.
Los principios rectores de la lucha contra el paramilitarismo plasmados en el nuevo acuerdo de paz son: respeto, garantía, protección y promoción de los derechos humanos, asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado en todo el territorio, fortalecimiento de la administración de justicia, asegurar el monopolio de los tributos por la Hacienda pública, enfoque territorial y diferencial, enfoque de género, coordinación y corresponsabilidad institucional, participación ciudadana, rendición de cuentas, garantías de no repetición.
Todo desembocará en una gran estructura investigativa adscrita a la Fiscalía General de la Nación pero con independencia en sus investigaciones denominada Unidad Especial de investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo.
Por último señala el acuerdo que debe suscribirse un gran pacto nacional para sustraer las armas de la política.
Una especie de “nunca más paramilitarismo” que nazca desde partidos y movimientos políticos, los gremios, las fuerzas vivas de la Nación, la sociedad organizada y las comunidades en los territorios, sindicatos, el Consejo Nacional Gremial y los diferentes gremios económicos, los propietarios y directivos de los medios de comunicación, las Iglesias, confesiones religiosas, organizaciones basadas en la fe y organizaciones del sector religioso, la academia e instituciones educativas, las organizaciones de mujeres y de población Lgbti, de personas en condición de discapacidad, jóvenes, los pueblos y comunidades étnicas, las organizaciones de víctimas y de defensoras y defensores de derechos humanos y las demás organizaciones sociales, para desmantelar los grupos paramilitares y las expresiones violentas contra la paz estable y duradera.
Lo cierto es que la extrema derecha es la talanquera en los nuevos acuerdos de paz y es a ellos a quienes se les hace un llamado para permitir una transición del país, de la guerra a la paz, de manera tranquila y con cambios sustanciales para ampliar la democracia y garantizar la no repetición. La clase política debe rechazar la tesis del Centro Democrático que endilga al acuerdo de paz “nuevas violencias” que solo legitiman el odio y fragmentación del país.
