Expediente Uribe: Echan a andar investigación

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Impulsan investigación contra actuaciones de los hermanos Uribe. Auto de apertura de investigación preliminar dictó la Fiscalía General de la Nación

Defensores de derechos humanos en el mundo atentos con el desenlace de la investigación.
Defensores de derechos humanos en el mundo atentos con el desenlace de la investigación.

Simón Palacio

Casi un año pasó luego de conocidas las denuncias realizadas por el representante a la Cámara Iván Cepeda, para que la Fiscalía General de la Nación tomara la decisión de darle trámite a la investigación formal contra el ex mandatario Álvaro Uribe Vélez, por el caso de la presunta conformación de grupos paramilitares en el departamento de Antioquia siendo su gobernador entre los años 1995 y 1997.

El acervo probatorio expuesto por el representante en una seguidilla de denuncias, muchas de ellas censuradas en la prensa nacional, le sirvió al fiscal delgado ante la Corte Roberto Puentes, para emitir auto interlocutorio en el que invoca la elaboración de una serie de pruebas documentales y testimoniales con las que se pretende encausar la investigación y ratificar las declaraciones de los jefes paramilitares de la zona y testigos en aquel momento quienes aseguran que los hermano Uribe Vélez, los hacendados Juan Guillermo Villegas y Santiago Gallón Henao, organizaron un grupo paramilitar que a la postre resultó siendo el Bloque Metro.

Las evidencias

El ente investigador tiene a su haber fotografías que demostrarían la existencia de campamentos del grupo paramilitar en el interior de la Hacienda Guacharacas, de propiedad de la familia Uribe Vélez. De hecho una de las declaraciones en poder del Fiscal Puentes es la del hijo del mayordomo de la hacienda para la época de los hechos, William Monsalve, quien asegura dar fe de los delitos ordenados en la propiedad del ex mandatario que coinciden con las denuncias de desapariciones y asesinatos en el municipio de San Roque, reportados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos después de una visita hecha al país en 1999 para constatar tal situación. Además las declaraciones del jefe paramilitar Pablo Sierra alias Alberto Guerrero hablan de la constante ayuda mantenida desde la Gobernación del departamento a las Convivir por Álvaro Uribe.

Las dilaciones

La investigación ha tenido dilaciones provocadas. Según fuentes cercanas a la Fiscalía dicho auto que echa andar la investigación preliminar, reposaba desde hace varios meses en el despacho de la Fiscalía delegada sin que recibiera el visto bueno por parte de la cúpula de esa institución. Al parecer las presiones venidas de la defensa del encartado ex mandatario habría sido la causa para detener el trámite de las mismas. Incluso VOZ conoció en abril pasado que la crisis desestabilizadora que dejó por fuera del cargo a la fiscal general Vivian Morales fue propiciada entre otras por la inmediatez con que actuó la funcionaria frente a este caso.

El propio The Washington Post, diario estadounidense, señaló en su edición impresa del 28 de febrero que la salida de Morales del cargo se debe a fuertes presiones de sectores de la derecha colombiana que están siendo investigados. “Morales ha molestado a la derecha colombiana, dada la persecución de una serie de antiguos colaboradores cercanos del ex presidente Álvaro Uribe, bajo su dirección se han enviado a la cárcel y están en espera de juicio el ex jefe del gabinete de Uribe, Bernardo Moreno, y el ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias”.

Furiosas reacciones

La respuesta del ex presidente Uribe no se hizo esperar. En su cuenta en Twitter señaló que la investigación preliminar era producto de una venganza criminal adelantada por una alianza criminal en su contra. “La guerrilla y sus protegidos asesinaron a mi padre, hirieron a mi hermano y no cesan en infamarme, ahora aliados con narcoparas presos”, escribió. A cargo de su defensa se encuentra el abogado Jaime Granados, quien señaló que las declaraciones son “cuentos” difíciles de probar. No obstante, a los señalamientos de los paramilitares desmovilizados coinciden con las declaraciones de los extraditados paramilitares Salvatore Mancuso y alias el Tuso Sierra, quienes en reiteradas oportunidades han señalado desde su cárcel en Estados Unidos que todos los caminos del paramilitarismo en Colombia conducen al ex presidente.

De no prosperar con diligencia la investigación, dicen expertos, se abrirían las puertas para que sea la Corte Penal Internacional, máximo tribunal de justicia el que de manera subsidiaria avoque las denuncias de delitos como genocidio, desaparición forzada o crímenes de lesa humanidad de los que acusan a los hermanos Uribe Vélez, no solo en la hacienda Guacharacas, también en propiedades como las fincas La Mundial, La Carolina, San Cipriano y El Ubérrimo denunciadas en varios expedientes periodísticos que exigen ser aclarados.