El aleve crimen de cuatro niños rematados a tiros en una humilde vivienda campesina en el Caquetá es apenas una muestra del desamparo en que se encuentran millones de niños en Colombia, víctimas de múltiples violencias
Alberto Acevedo
Se justifica plenamente la indignación, la sensación de impotencia, de rabia, con que la sociedad colombiana ha reaccionado frente al horroroso crimen de cuatro niños de 4, 10, 14 y 17 años de edad, ultimados con un tiro de gracia cada uno por un grupo de sicarios que les arrebataron sus vidas al parecer por una retaliación, porque los padres no cedían ante la presión de unos criminales que querían apoderarse de sus tierras.
Los hechos sucedieron en la madrugada del 5 de febrero en una vivienda ubicada en la vereda El Cóndor, del área rural de Florencia. Pero en este crimen, que ha sacudido las más íntimas fibras de humanidad, solidaridad y compasión de los colombianos, no puede dejarse de lado el examen del manejo que los grandes medios de comunicación han hecho del asunto, magnificando la figura de las recompensas, escudriñando en el desempeño más o menos moral de los padres de las víctimas, en el perfil de los asesinos, en fin, en cuanto detalle sensacionalista se pueda explotar, evitando, eso sí, el análisis real de la situación de desamparo, de pobreza, de atraso, que hacen posible semejantes horrores, y sin tocar desde luego las graves responsabilidades del Estado.
Hace menos de un año, a raíz de unos episodios de sequía que azotaron la Costa Norte, se pudo constatar que un crecido número de niños indígenas en La Guajira mueren a diario, a causa no solamente de la sed sino del hambre, de la desnutrición que padece la población. Entonces, la prensa nacional no se desgarró las vestiduras ante una desventura exponencialmente mayor.
Tragedias sociales como el desplazamiento de familias enteras a causa de la violencia oficial y paramilitar, la existencia de casas de pique en la Costa Pacífica, el descubrimiento de que algunos jefes paramilitares construyeron hornos crematorios para desaparecer el rastro de personas asesinadas, y que en no pocos de tales episodios los niños fueron sus víctimas, tampoco suscitaron la conmiseración en grado superlativo que ahora muestran los medios.
Lo cierto es que la situación de desatención social en que se encuentra la niñez en nuestro país es el pan de cada día. No lamentamos solamente el caso de los niños del Caquetá. Por los mismos días se conoció la noticia de una menor de cinco años muerta a golpes por su madre en el municipio de Tenjo, en Cundinamarca. Otra madre en Barranquilla confesó haberle inyectado raticida a su hijo de cuatro años. Y un menor de siete años fue hallado desmembrado, en el municipio de La Vega, también en Cundinamarca.
Una sociedad que comete y tolera estas aberraciones es necesariamente una sociedad enferma. “Eso ya no es ningún tipo de delincuencia sino un grado de locura de alta peligrosidad para la comunidad”, dijo el defensor del pueblo del Caquetá, Álvaro Castelblanco.
Inequidades
Y es aquí donde hace falta la mano del Estado para que ejecute una política de salud mental. Pero también de prevención. La tragedia del Caquetá estaba cantada. Ninguna autoridad hizo nada ante las clamorosas denuncias de amenazas contra su integridad hechas por la familia de los niños acribillados hace dos semanas.
Deberíamos hacer un debate nacional sobre las políticas de estado y el compromiso de la sociedad ante tragedias semejantes y apuntar a las verdaderas causas sociales, muchas de ellas originadas en los profundos desequilibrios sociales, antes que optar por el camino de la ‘Justicia espectáculo’, que arma un enorme cotarro en torno a ideas como una fabulosa suma de dinero a los delatores de criminales, mientras los problemas sociales siguen latentes.
En la edición 2774 de VOZ, el investigador del CEIS Gerardo Esteban Vargas, en su columna económica, citaba a la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcenas, cuando afirmaba que “los países con mayores inequidades de ingresos son más proclives a ser afectados por delitos violentos que las sociedades más igualitarias”.
Y en nuestro país esas inequidades perduran con el tiempo. No está solamente el caso de la violencia intrafamiliar, que en términos generales es alarmante. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar habla de que el año pasado se registraron 6.425 casos de maltrato intrafamiliar en el país. Medicina Legal, por su parte, asegura que en el mismo período, 1.115 menores de edad fueron asesinados, en lo que pareciera la reproducción del síndrome de Herodes.
También por el conflicto
Refiriéndose al tema del maltrato en general, la Defensoría del Pueblo dijo que entre enero y abril del año pasado, el fenómeno aumentó en un 52,3% respecto al mismo período del año anterior. El ICBF indicó que en esos doce meses registró 13.670 denuncias relacionadas con algún tipo de maltrato infantil, de las cuales 7.851 corresponden a una especie de maltrato por negligencia, 4.519 a maltrato físico, 789 a maltrato sicológico, 309 a episodios de acoso escolar y 202 casos por maltratos a niños en gestación. Estos registros incluyen casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes.
Estas entidades, a su vez, coinciden en que más de dos millones de niños, niñas y adolescentes han sido afectados por el conflicto; el 22% de ellos con edades entre 0 y 5 años; el 43%, entre 6 y 12 años, y el 35% en el rango entre 13 y 17 años de edad, de acuerdo a estimativos de la Defensoría del Pueblo.
Otras formas de maltrato, ligadas a inequidades sociales, hablan de que en el año 2000 la mortalidad infantil era de 25 niños por cada mil nacidos vivos, en la mayoría de las veces por causas evitables como diarreas y enfermedades respiratorias agudas. En las Costas Atlántica y Pacífica, sin embargo, la mortalidad infantil se dispara a 40 por cada mil nacidos vivos.
Trabajo informal
Un informe de la oficina de la Unicef para Colombia, publicado en 2002, habla de que en el país 35 mil menores de 18 años son explotados sexualmente. En la última década estas cifras se han incrementado, afectando inclusive a menores de diez años, la mayoría de los cuales fueron objeto de violencia en el hogar.
En Colombia se ven forzados a trabajar, ante las penurias económicas de sus hogares, 2’500.000 niños. De ellos 1’700.000 adolescentes entre 12 y 17 años; 800 mil con un rango de edad entre 6 y 11 años. El 80% de ellos vinculados al sector informal, de los cuales 323 mil en el servicio doméstico en hogares de terceros.
En los últimos 15 años, según seguimiento hecho por la organización no gubernamental Codhes, cerca de un millón de niños y niñas fueron desplazados como consecuencia del conflicto armado.
Este panorama de maltratos en nuestro país es un problema social y de salud, que se refleja en la alta frecuencia de consultas en juzgados y consultorios médicos, sin contar con un escandaloso subregistro. Y esto, si somos consecuentes con la realidad nacional, debería ser motivo de mayor preocupación de los grandes medios de comunicación, en vez de acudir a episodios mediáticos para exacerbar el morbo de los ciudadanos.
